El BOE publica la Ley de Memoria Democrática, que entra en vigor este viernes

Entre otros aspectos, se amplía hasta 1983 -cinco años después de la Constitución- el reconocimiento de las víctimas de Derechos Humanos y su posible reparación económica

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que entrará en vigor este viernes. El texto, que supone ahondar en la Ley de Memoria Histórica de 2007 promulgada por el Gobierno Zapatero, tiene 55 páginas. Así, se pone fin al camino trazado hace más de un año por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, encabezado primero por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y posteriormente por su actual titular, Félix Bolaños.

El Pleno del Senado aprobó definitivamente el pasado 5 de octubre el proyecto de ley de la norma que el Gobierno pactó con Bildu, Más País, PDeCAT y PNV. La Cámara Alta rechazó los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN y no aceptó ninguna de las 521 enmiendas al texto que venía del Congreso.

La nueva ley de Memoria salió adelante en una votación que se prolongó más de una hora y a la que asistieron asociaciones memorialistas, que han aplaudido en pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor. Por el contrario, 113 senadores votaron en contra y hubo 18 abstenciones.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Una de las novedades que se advertirán con mayor inmediatez será el cambio de nombre del Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros. Así, de su basílica serán exhumados los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, de acuerdo con los deseos de su familia para que sean trasladados con posterioridad a otro recinto religioso. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, aseguró este miércoles que el Gobierno ha multiplicado por cinco el presupuesto para abordar las labores de exhumación de víctimas de las fosas comunes hasta llegar a los 6,3 millones de euros al amparo de la nueva norma que entra en vigor este viernes.

Martínez destacó ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que la partida de casi 14 millones de euros prevista para la Secretaría de Estado significan la mayor cuantía de la historia dedicada a proteger y preservar la memoria de las víctimas “de todas las partes” de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Víctimas hasta 1983, cinco años después de la Constitución

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”. Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma “objetiva e imparcial”.

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.

Ilegalidad de los tribunales franquistas

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara “ilegal” el régimen franquista y reconoce expresamente que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”.

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.