De Cos afirma que en un contexto caracterizado por una inflación muy elevada, que alcanzó el 10,7% en octubre en el área del euro, se hace más necesario que nunca reafirmar el compromiso del Banco de España, junto con el BCE, de lograr la estabilidad de precios
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado este miércoles que el Consejo de Gobierno del BCE inició a finales de 2021 un proceso de normalización progresiva de la política monetaria, con el objetivo de estabilizar la inflación en el 2%, pero consciente de que no se producirá en este momento, sino en un horizonte de dos años, que es el periodo en el que la política monetaria tarda habitualmente en desplegar “todos sus efectos”.
De Cos ha afirmado que en un contexto caracterizado por una inflación muy elevada, que alcanzó el 10,7% en octubre en el área del euro, se hace más necesario que nunca reafirmar el compromiso del Banco de España, junto con el BCE, de lograr la estabilidad de precios.
“En particular, nos enfrentamos a una inflación a escala mundial como no habíamos visto en varias décadas. Y ello está motivando una reacción contundente de los principales bancos centrales, que, a su vez, está dando lugar a un endurecimiento significativo de las condiciones financieras globales”, ha subrayado el gobernador, quien ha indicado que a todo ello se une la “incertidumbre geopolítica” en relación a la guerra de Ucrania.
Según Hernández de Cos, este proceso de normalización de la política monetaria ha logrado ya un “avance considerable” en la reversión de la orientación acomodaticia de la política monetaria, lo que se ha reflejado en un aumento “significativo” de los tipos de interés, al tiempo que se han mantenido las expectativas de inflación de largo plazo “bien ancladas” en el 2%, si bien algunos indicadores muestran una evolución “que exige un seguimiento continuo”.
La subida de tipos “tiene aún camino por recorrer”
En todo caso, el gobernador ha afirmado que asegurar la convergencia de la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo exigirá incrementos de tipos de interés adicionales. “En otras palabras, nos queda todavía camino por recorrer”, ha asegurado.
“¿Hasta qué nivel deberemos aumentar los tipos de interés? La realidad es que, dada la enorme incertidumbre que existe, no hay una respuesta a esa pregunta. Necesitaremos incrementar los tipos de interés hasta alcanzar los niveles que permitan que la inflación converja en nuestro objetivo del 2% en ese horizonte de medio plazo”, ha reiterado.
En el caso del área del euro, ha subrayado que se ha producido también una “desaceleración significativa” del crecimiento en el tercer trimestre y se espera un “debilitamiento adicional” en lo que queda
de año y en la primera parte de 2022. “La elevada inflación ha reducido la renta real de las familias y ha aumentado los costes de las empresas”, ha señalado.
Por lo que respecta a las políticas económicas nacionales, Hernández de Cos ha vuelto a insistir en que sería deseable el establecimiento de un pacto de rentas, en el marco del diálogo social, que acuerde el reparto entre las empresas y los trabajadores, y que incluya también al sector público.
Respecto al gasto público, el gobernador ha apostado por evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas, en un contexto, además, en el que el margen fiscal se encuentra “muy constreñido” por el abultado endeudamiento público.
Medidas fiscales temporales y focalizadas
Y por último, en lo relativo a la política fiscal, De Cos ha indicado que esta debe desempeñar un papel relevante en este contexto, pero evitando un impulso fiscal generalizado que pudiera “exacerbar las presiones inflacionistas ya existentes” y exigir un mayor endurecimiento de la política monetaria.
Por tanto, De Cos ha apostado por que las medidas de política fiscal han de ser “focalizadas y centrarse en los hogares de rentas más bajas”, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y en las empresas más vulnerables a esta perturbación.
Además, a su juicio, las medidas deben ser de carácter temporal
para evitar un incremento adicional del déficit público estructural, y su diseño ha de evitar también que se produzcan “distorsiones significativas” sobre las señales proporcionadas por los precios.