El alcalde de madrid, o cuando la mentira termina con el ‘atraco de la basura’ y en disparar las ganancias de los fondos buitre con los parking

Martínez-Almeida hizo un ‘pedrosánchez’ al prometer en una elecciones que eliminaría ‘Madrid Central’ y bajaría los impuestos

José Luis Martínez-Almeida (el alcalde de Madrid que en la campaña electoral de 2019 mintió al prometer que iba a suprimir la zona de bajas emisiones Madrid Central, impuesta por su predecesora Manuela Carmena -que el PP había recurrido ante los tribunales- y devolver a los ciudadanos afectados el dinero recaudado con las multas) una vez en el poder, abjuró y mantuvo la normativa. Hizo lo contrario.

Y es más: a pesar de que una sentencia definitiva de julio de 2020 declaró ilegal “Madrid Central”, Martínez-Almeida se limitó a cambiar el nombre del invento de la izquierda por el de “Distrito Centro”.

El mismo perro con distinto collar.

Naturalmente, este Abogado del Estado, tan propenso a cambiar de opinión al más puro estilo Pedro Sánchez, no solo no devolvió el importe de las multas a los afectados, sino que ha continuado sancionando, recaudando e incluso ha ampliado la superficie afectada.

Todavía escuece el cambio de opinión de Martínez-Almeida en lo que afecta al soterramiento de la M-30 bajo el solar que dejó la demolición del estadio Vicente Calderón. Se ha limitado a cubrir la ahora llamada “calle 30”, como había proyectado Carmena y tanto había criticado en su papel de jefe de la oposición municipal.

Atraco

Pero más molesta aún a los ciudadanos de Madrid el atraco sufrido a manos del Consistorio con ocasión de la tasa de recogida de basuras que, suprimida por Ana Botella, ha resucitado su actual y tornadizo regidor.

Bajo la excusa de que la impone la ley, lo que es cierto, Martínez-Almeida ha aprovechado para perpetrar un verdadero expolio a los maltrechos bolsillos (esos en los que el PP no se cansa de decir que es donde mejor está el dinero) de los madrileños.

El cálculo que el Ayuntamiento que preside este político tan voluble y poco serio ha efectuado de la tasa, olvidando el principio de que quien contamina paga, se ha basado, fundamentalmente, en el valor catastral de las viviendas, que es lo cómodo y fácil, y no en lo que cada casa o familia contamina realmente.

Casi 400.000 madrileños han recurrido este verdadero acto de pillaje, aunque voceros del consistorio ya han anunciado que las impugnaciones no prosperarán.

A fastidiarse, aunque luego al partido de Martínez-Almeida se le llena la boca defendiendo el Estado de Derecho.

Y qué decir de la brutal ampliación de la zona SER en diciembre de 2025, para cobrar por aparcar después de las 21,00 horas en fines de semana y festivos y vísperas.

La excusa de que con ello se disminuye la alta intensidad de actividad en los barrios en que se impone y se aseguran plazas a residentes es un insulto a la inteligencia.

La finalidad puramente recaudatoria de esta medida es inocultable, aunque con ello se perjudique a ciudadanos que acuden a lugares de ocio y a comercios y establecimientos como bares, restaurantes, etc.

Pero luego critica a esa auténtica sanguijuela que es María Jesús Montero y se asegura lo de que el PP vela por ciudadanos y emprendedores.

Sin embargo, donde el ayuntamiento de Martínez-Almeida ha encontrado una mina comparable a las de plata de Potosí ha sido en los aparcamientos de vehículos.

Es este un negocio que los expertos auguran que en los próximos años va a resultar mucho más lucrativo que el de la vivienda, que ya es decir, pero que está llegando a sus límites.

La venta y, sobre todo, el alquiler de aparcamientos son bastante más provechosos que los de la vivienda, incluso de lujo, pues comportan menos inversión y menores gastos y el margen de su explotación, cuando es en masa, resulta mucho más rentable y menos costoso.

En efecto, los gastos de construcción y mantenimiento de aparcamientos son notoriamente inferiores a los de vivienda, no hay normativa que controle y limite precios y la explotación puede hacerse incluso por horas y con muy poca mano de obra (generalmente mal pagada, pues suele encomendarse mayoritariamente a inmigrantes).

Los precios que los ciudadanos madrileños están dispuestos a pagar por aparcar sus vehículos a cubierto y protegidos de la inseguridad y las inclemencias climáticas superan en algunas zonas céntricas de la capital los 200 euros al mes.

Y ya se empieza a hablar de arrendar la misma plaza por la noche y fines de semana al residente y durante las horas laborables a quienes acuden a oficinas, ministerios o centros de trabajo, con lo que la ganancia puede más que duplicarse con los mismos gastos.

Pero para que este pingüe negocio prospere es preciso hacer difícil o imposible el aparcamiento en superficie así como construir, en régimen de concesión administrativa, grandes aparcamientos en el subsuelo de terrenos públicos (como calles, plazas, etc., que nada cuestan).

Y que a ser posible quienes paguen la construcción sean incautos ciudadanos a los que se otorga una concesión por unos cuantos años y que, terminado el plazo de concesión, esos enormes aparcamientos pasen a ser explotados por grandes grupos económicos, generalmente bien relacionados con el poder municipal.

Las claves de los aparcamientos

La clave del negocio es, pues, que, tras los años de concesión al ciudadano madrileño, que paga su construcción y mantenimiento, el aparcamiento (con centenares de plazas) revierta al ayuntamiento, que no ha puesto un céntimo en todo el proceso, y que, una vez en su poder, otorga una concesión, por 50, 75 o hasta 99 años, de todo el aparcamiento a un grupo inversor o fondo buitre.

Y esa concesión, como la de los famosos aparcamientos del Bernabéu por 40 años (anulada en mayo de 2024 por sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 30 de los de Madrid, por no considerar justificado el interés público de la operación, ni ser conforme con el plan especial de urbanismo del entorno del Bernabéu de 2017, lo que vino a ratificar en octubre de 2025 otra sentencia del TSJM), se otorga a cambio de un canon anual muy bajo a percibir por el ayuntamiento.

El núcleo del enjuague que, según fuentes del propio ayuntamiento, se sospecha que se avecina con los PAR o aparcamientos para residentes (más de 115.000 plazas en Madrid) consiste en que, una vez extinguido el plazo de la concesión individual, el consistorio privará a los ciudadanos de unas plazas de garaje cuya construcción y mantenimiento han pagado ellos, para, tras ello, traspasarlas, en bloque, a grandes y opacos grupos inversores, de capital nacional o extranjero.

Grupos que, a cambio de un canon ridículo, explotarán durante decenas de años esas grandes instalaciones obteniendo, a costa de todos los madrileños (a quienes cada vez se procurará hacer más difícil aparcar sus vehículos en superficie, para que deban recurrir forzosamente a esas instalaciones), cuantiosos beneficios.

Sentencia del TSJM

La sentencia del TSJ de Madrid de octubre de 2025 sobre la operación de los aparcamientos del Bernabéu facilitada por el ayuntamiento de Martínez-Almeida no tiene desperdicio. Es un bochorno para el Consistorio, que anunció que no la recurrirá, pues no ve posibilidades de ganar.

En esa resolución se pone de relieve que los únicos beneficiados por el tejemaneje eran los usuarios de los palcos VIP del estadio, que accederían directamente a ellos desde los aparcamientos.

Y, naturalmente, una institución como el Real Madrid, poderosa en lo deportivo y en lo económico, que, a cambio de un miserable canon
anual de 150.000 euros, obtendría cientos de millones por la explotación comercial de esas plazas de garaje.

Para ello, e ignorando los informes de los técnicos que apercibían que los aparcamientos eran contrarios al plan especial de urbanismo, el ayuntamiento de Martínez-Almeida otorgó la licencia, incluso sin someter a audiencia pública el estudio de viabilidad económico-financiera.

En definitiva, como resulta de las decisiones judiciales, una burda chapuza, dirigida a beneficiar descaradamente al club de Concha Espina, de la que, al parecer, Martínez- Almeida, no obstante su condición de seguidor del Atlético de Madrid y Abogado del Estado, de las que tanto cacarea, no se percató en absoluto, y ello a pesar de que
perjudicaba gravemente el interés general de los madrileños, por el que el alcalde debe velar.

Gracias a una combativa asociación vecinal, este chanchullo ha sido desmontado por los tribunales.

Y lo de chanchullo es poco, pues, como el presidente de dicha asociación afirmó la operación era una prevaricación (presunta, por supuesto) “de libro”; de ese libro de Derecho Penal que, al parecer, el ínclito Martínez-Almeida no estudió u olvidó pronto.

Los ciudadanos concesionarios de los aparcamientos para residentes consideran que antes de que el plazo de concesión expire debe ofrecérseles su adquisición a precio módico (como hicieron Ana Botella, que comenzó el proceso, e incluso Manuela
Carmena).

En efecto, en 2013 el ayuntamiento de Madrid inició un proceso de enajenación de PAR que habría de afectar a los 266 entonces existentes, una vez que las comunidades de usuarios solicitaran la desafectación de las plazas de aparcamiento, para que pudieran ser adquiridas por quienes, habiendo contribuido a su construcción y a su mantenimiento durante años, se manifestaran interesados en tal adquisición.

Ello contribuiría a mantener en los barrios céntricos de la capital de España a la clase media y media-baja, que poco a poco se va viendo expulsada al extrarradio por de medidas económica y socialmente despiadadas como las que la corporación que preside Martínez-Almeida no duda en adoptar y que solo parecen destinadas a beneficiar a determinados y minoritarios sectores.

Lo contrario sería otra escandalosa operación, propia de capitalismo de amiguetes, claramente dirigida a que grupos económica y políticamente poderosos logren un rápido y enorme beneficio económico, que provocará no ya un encarecimiento desorbitado del aparcamiento en Madrid sino que el votante tradicional del PP se vaya decantando por opciones políticas menos proclives a propiciar un sistema económico salvaje.

Martínez-Almeida pertenece a esa clase social madrileña que, emparentada más o menos lejanamente con la nobleza, y con indisimuladas ínfulas de grandeza, aunque económicamente venida a menos, se considera muy al margen de la clase media y media baja (a las que, no obstante despreciarlas, solicita sus votos periódicamente).

Los cachorros listos y desclasados de esa pretenciosa clase social, tratan de emular a los verdaderos ricos, para lo que procuran, durante su carrera administrativa y/o política, aproximarse a los grandes inversores y tenedores de capital con el fin de labrarse un futuro fuera de la, para ellos, casposas Administración y la propia política.

Sus sueños húmedos son los premios de los grandes bufetes de abogados, en los que aterrizarían como socios, las poderosas corporaciones empresariales, de negocios muchas veces turbios, que los recibirían en sus excelentemente remunerados consejos de administración, las asesorías de inversión, siempre en el límite de lo legal, que se servirían de sus relaciones políticas gratificándolas generosamente, etc.

No otros son los prados en que estos políticos de medio pelo e ínfulas de lores británicos fantasean en acabar paciendo para convertirse en nuevos ricos como justo premio a su buen y servicial hacer en el servicio público.

Y, naturalmente, para ello no ha de preocuparles lo más mínimo que el ciudadano de a pie, a quien reiteradamente se ha pedido el voto en nombre de valores como el bien común, el patriotismo, la defensa de la unidad de España, la buena y decente administración del interés público y social, etc., acabe engañado, despojado de lo poco que pueda tener, asqueado y despreciando a la política y los políticos.

Martínez-Almeida no debería olvidar cuál es su nicho de votantes. Otra cosa es que pretenda construir su porvenir al margen de la política, en el mundo, siempre agradecido, de las finanzas y los negocios no siempre transparentes.

Pero eso puede tener un mal final, pues, como en Berlín, aún hay jueces en Madrid y en España. El caso de los aparcamientos del Bernabéu ha sido un ejemplo y un aviso.

El PP municipal y nacional, y sobre todo el de Madrid, deberían tener claro que no pueden seguir defraudando, por las erráticas y volubles políticas de Martínez-Almeida, a quienes han sido sus tradicionales y fieles votantes en la capital.

Para evitarlo, el alcalde habría de emular, dentro de sus posibilidades y limitadas aptitudes, a Isabel Díaz Ayuso (a la que, como adepto de Pablo Casado, tantos feos hizo en su día, tratando de mover descaradamente la silla a la presidenta regional), que tiene meridianamente claras cuáles son las políticas a seguir para no traicionar a su electorado.