Hoy: 3 de diciembre de 2024
El 71 por ciento de los andaluces está en contra de que el Gobierno central indulte al expresidente de la Junta de Andalucía el socialista José Antonio Griñán tras ser condenado a pena de cárcel por el caso de los ERE.
Así se recoge en el barómetro que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Se trata de una entidad homologable al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En cuanto a si los andaluces están “a favor o en contra de que el Gobierno de España indulte a José Antonio Griñán”, un 71 por ciento dice que está en contra, frente a un 13,6 por ciento que se muestra a favor. Un 7,6 por ciento responde que le es indiferente y un 7,7 por ciento no sabe o no contesta.
También se pregunta a los andaluces sobre si están a favor o en contra de que se indulte al resto de altos cargos condenados en el caso de los ERE irregulares, a lo que un 76,1 por ciento responde que está en contra, frente a un 8,8 por ciento que se muestra a favor de los indultos. Por su parte, un 6,3 por ciento señala que le es indiferente y un 8,8 por ciento de lo andaluces no sabe o no contesta.
Hay recordar que FUENTES INFORMADAS desveló en exclusiva que la esposa y un hijo del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, la que condenó por tres votos frente a dos, por prevaricación y malversación) a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, son militantes del Partido Popular de Madrid, en concreto del municipio de Villaviciosa de Odón, donde reside la familia.
Eduardo de Porres Fernández, hijo del ponente de la citada sentencia, ocupó el puesto número 17 del PP en los pasados comicios municipales de Villaviciosa (localidad de casi 30.000 habitantes situada al norte de Madrid). Al no salir elegido como edil, el alcalde del PP de Villaviciosa, Raúl Martín Galán, lo nombró a dedo asesor técnico del Ayuntamiento (su jefe de gabinete), con un sueldo anual de 44.700 euros. De Porres Fernández, el hijo del magistrado, que es abogado de profesión, cesó como asesor técnico del alcalde hace apenas dos meses, justo tras la sentencia del Supremo sobre los ERE, y se incorporó a un bufete jurídico.
Por otra parte, este medio entrevistó a Arturo Beltrán Núñez, el magistrado que durante casi 30 años ha sido la máxima autoridad judicial penitenciaria de los alrededor de 8.000 presos que albergan las prisiones de la Comunidad de Madrid. Beltrán aseguró que hay fórmulas jurídicas para que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el ‘caso de los ERE’, pueda quedar en libertad casi de inmediato sin tener que acudir a la vía política del indulto, que concede el Gobierno.
“Como magistrado prefiero no hablar del indulto por sus evidentes connotaciones políticas. Y, aunque no pretendo decir a la Audiencia de Sevilla lo que debe hacer [es la que condenó al también expresidente Manuel Chávez a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y a Griñán a seis de cárcel por malversación, pena esta última que de hecho implica ingresar en prisión], lo cierto es que jurídicamente puede solucionarse el problema de Griñán, y, quizá, el de otros [condenados]”.
Arturo Beltrán señala: “[Griñan] puede ingresar en prisión en un Centro de Inserción Social, para lo que no hay problema, por ser un delincuente primario [carece de antecedentes penales], y además no tiene pendientes responsabilidades civiles, ya que la Junta de Andalucía renunció a reclamar [el dinero malversado, según la sentencia]”.
Beltrán, recientemente jubilado, explica: “[Griñán] puede ser clasificado en tercer grado en 24 horas y puede quedar en libertad condicional en menos de una semana, lo cual es acorde a la ley por tener bastante más de setenta años y, probablemente, algunos problemas de salud, comunes a esa edad”. Además, “sería la libertad condicional, digamos antigua, es decir, no una mera suspensión de la ejecución de la pena (ley actual), sino el antiguo cuarto grado penitenciario, en el que se cumplía en libertad parte de una pena privativa de libertad. Sin [hacer] otra cosa que aplicar la ley, porque la peligrosidad de Griñán para delinquir de nuevo, fuera del poder, no existe”.