El Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la Armada de Estados Unidos, se desplazó el martes a la región del Caribe, reforzando la capacidad estadounidense para interceptar embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas y para atacar objetivos en tierra en Venezuela. Esta maniobra se produce mientras la administración de Donald Trump valora nuevas opciones militares para intentar derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En un comunicado, la Marina solo ubicó al Ford y a los tres buques que lo acompañan en el Atlántico occidental. No obstante, un alto mando militar confirmó que la flota se había desplazado al Caribe, casi tres semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara retirar el portaaviones del Mediterráneo oriental y reubicarlo hacia aguas de Latinoamérica. Ese cambio abrupto supone una escalada notable del poderío militar estadounidense en la zona, según recoge el Diario de Yucatán.
Siguió la llegada del Ford a anuncios del Pentágono sobre ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando. El secretario Hegseth informó que el domingo murieron seis personas en dos acciones en el este del Pacífico. Esos incidentes elevaron a 76 el número de fallecidos en 19 ataques realizados en el Pacífico y el mar Caribe desde principios de septiembre.
Asimismo, el reforzamiento militar con el portaaviones y tres destructores lanzamisiles añade unos 5.500 militares a una fuerza ya desplegada de 10.000 soldados en la región. Aproximadamente la mitad de ese contingente permanece en tierra, en Puerto Rico, y la otra mitad está embarcada en ocho buques de guerra. En total, la acumulación supera los 15.000 efectivos, la mayor presencia estadounidense en la zona en décadas.
Aunque los portaaviones han patrullado históricamente el Caribe en giras de ‘buena voluntad’, redirigir por meses al Ford desde el Mediterráneo para una posible misión de combate es una decisión inusual, según oficiales actuales y retirados de la Marina.
El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que las fuerzas desplegadas:
«Reforzarán la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar e interrumpir actores y actividades ilícitas que vulneran la seguridad y prosperidad del territorio nacional y nuestra seguridad en el hemisferio occidental»
Sin embargo, el Gobierno ha aportado pruebas limitadas de que las personas muertas en las embarcaciones atacadas transportaran drogas. Los funcionarios sostienen que los incidentes ocurrieron en aguas internacionales.
No obstante, un grupo amplio de expertos en derecho sobre el uso de la fuerza ha denunciado esas muertes como ilegales, al considerar que el ejército estadounidense no está autorizado a atacar intencionadamente a civiles que no supongan una amenaza de violencia inminente, ni siquiera si son sospechosos de delincuencia. El Ejecutivo justifica las acciones alegando que el presidente ha ‘determinado‘ que existe un conflicto armado formal entre EE. UU. y los cárteles de la droga.
No solo los juristas cuestionan la legalidad de los ataques. El Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia sobre buques sospechosos en el Caribe por no querer ser cómplice de acciones que considera ilegales, según un alto funcionario occidental. Y el Reino Unido ha sido durante décadas proveedor de inteligencia en la región y sus aportes permitían a guardacostas identificar, abordar e incautar embarcaciones y droga.
Tras los primeros ataques estadounidenses en septiembre, Londres suspendió el flujo de información al Joint Interagency Task Force South (con base en Cayo Hueso), que reúne a representantes de varios países para combatir el tráfico ilícito. Ese distanciamiento resalta el escepticismo internacional sobre la justificación legal de las operaciones estadounidenses, aunque Estados Unidos recibe inteligencia de múltiples fuentes y, según varios funcionarios, la pérdida del Reino Unido no paralizará sus operaciones. El Pentágono no entró a valorar asuntos de inteligencia en su comunicado.
Además, el Gerald R. Ford embarca más de 75 aviones de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18, y su despliegue tiene consecuencias que van más allá de las acciones contra buques sospechosos. Aunque el Gobierno estadounidense ha elaborado opciones militares contra Venezuela, que incluyen ataques directos a unidades que protegen a Maduro y maniobras para tomar campos petrolíferos.
Maduro está imputado en Estados Unidos por narcotráfico y el Ejecutivo ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Varios responsables estadounidenses han llegado a afirmar que Maduro sería un ‘fugitivo de la justicia estadounidense‘, en palabras del senador Marco Rubio, nombrado en el texto como secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional.
Aún no ha decidido el presidente Trump si autorizar operaciones que podrían poner en riesgo a soldados estadounidenses o terminar en un fracaso público. Según funcionarios, Trump es reacio a aceptar acciones con alto coste humano o político. No obstante, algunos de sus asesores presionan por opciones agresivas para sacar a Maduro del poder.
Con el portaaviones ya en la región, los propios responsables reconocen que aumentará la presión para usar la amenaza de la fuerza como herramienta negociadora. Esa presión también abre la posibilidad de utilizar el enorme poder de fuego del Ford y su flota para una acción directa contra objetivos en Venezuela.
Sin embargo, los oficiales de la Marina puntualizaron que, una vez que el portaaviones se posiciona en una nueva área, sus aviones de ataque suelen estar operativos en cuestión de días, tras ajustar las rutinas de despegue y aterrizaje.