Dos de cada tres españoles respiran un aire contaminado que incumple los futuros límites de la UE

El último informe de Ecologistas en Acción advierte de que el cambio climático y el repunte en la quema de combustibles fósiles han disparado los niveles de ozono y partículas tóxicas en 2025

El Informe estatal de calidad del aire de 2025 revela un panorama crítico para la salud pública en España, donde 33 millones de personas —dos tercios de la población— han estado expuestas a niveles de contaminación que superan los estándares que la Unión Europea exigirá cumplir para 2030. La organización denuncia que las políticas actuales han fracasado, señalando que, incluso bajo la legislación española vigente, que consideran «obsoleta», cerca de 10 millones de ciudadanos siguen respirando aire insalubre de forma habitual.

La calidad del aire experimentó un deterioro sustancial durante el pasado año debido, principalmente, al repunte del ozono troposférico, que alcanzó sus niveles más altos desde 2015 impulsado por las intensas olas de calor estivales. Este contaminante oxidante, sumado a las partículas en suspensión derivadas de incendios forestales y al aumento del consumo de petróleo para aviación y automoción, ha convertido a la mala calidad del aire en la principal causa ambiental de muerte, vinculada a unos 24.000 fallecimientos prematuros anuales.

Ecologistas en Acción ha cuestionado la gestión institucional, señalando que gran parte de las estaciones de medición están mal ubicadas y no reflejan la realidad a la que está expuesta la población escolar. Además, la ONG critica la «lentitud» administrativa para aplicar normativas europeas y el incumplimiento generalizado de muchas ciudades en la creación de Zonas de Bajas Emisiones, a pesar de contar con fondos públicos destinados a este fin, denunciando también la falta de acceso a la información oficial tras meses de inoperatividad en el visor estatal.

Ante esta situación, la organización urge a las administraciones a adoptar medidas estructurales inmediatas, priorizando la reducción drástica del tráfico motorizado, el impulso del transporte público eléctrico y la movilidad ciclista. Asimismo, instan a ordenar el despliegue de energías renovables y establecer moratorias a nuevas macrogranjas, advirtiendo que los costes sanitarios y económicos derivados de la inacción contra esta crisis ambiental ascienden ya a 32.000 millones de euros anuales, un 2,4% del PIB español.