Los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona desmantelaron una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La red operaba en supuestos centros de estética y masajes situados en Barcelona y Marbella (Málaga). La operación terminó con ocho detenidos. Cinco ingresaron en prisión provisional. Además, las autoridades liberaron a 18 de las 21 mujeres identificadas como víctimas.
Según los investigadores, la mayoría de las víctimas procedía de Sudamérica. La red las obligaba a trabajar en condiciones extremas. Por ejemplo, sufrían prostitución diaria, vigilancia constante y agresiones físicas y sexuales. Además, algunas mujeres permanecían encerradas varios días sin comida, bebida ni acceso al aseo. Cada una asumía una deuda de unos 6.000 euros al llegar. Por ello, debían prostituirse para saldarla. Por otro lado, los responsables retenían el 50% de sus ingresos, lo que aumentaba su dependencia.
La investigación empezó en marzo de 2025. Una de las víctimas logró denunciar la situación y alertó a la policía. Gracias a su testimonio, los agentes iniciaron un seguimiento detallado. Así localizaron los locales implicados. Finalmente, las fuerzas policiales reunieron suficientes pruebas y cerraron de forma definitiva los prostíbulos. Estos locales operaban bajo la fachada de centros de estética y masajes, lo que dificultaba la detección.
Un hombre dirigía la red y simulaba una actividad legal mediante la creación de empresas vinculadas a los locales. Tras captar a las mujeres, los miembros del grupo las trasladaban entre Barcelona y Marbella en tren o avión. Durante los viajes y en los prostíbulos, la organización las obligaba a consumir drogas, les impedía moverse libremente y les exigía realizar servicios sexuales sin preservativo. Cualquier negativa provocaba castigos físicos, según Europa Press.
En la operación, los agentes intervinieron 44.455 euros en efectivo, más de 10 kilos de marihuana, 100 gramos de cocaína, una motocicleta, un reloj de lujo, once teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. También bloquearon el acceso del grupo a sus activos financieros. Este caso demuestra la gravedad de la trata de personas con fines sexuales y la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales para proteger a las víctimas y desarticular redes criminales que se esconden bajo negocios aparentemente legales.