La Fiscalía argumenta riesgo de fuga y pide prisión sin fianza para Ábalos

De aceptarse la petición, Ábalos se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional

La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso relevante en el llamado ‘caso Koldo’ al solicitar al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a prisión provisional sin posibilidad de fianza. La petición se fundamenta en un supuesto riesgo de fuga, en un contexto en el que Ábalos podría enfrentarse a penas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia.

Fuentes jurídicas señalan que tanto el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares, lideradas por el PP, respaldan la medida. De aceptarse la petición, Ábalos se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional, lo que supondría un hecho sin precedentes en la política española reciente. Hasta ahora, las medidas cautelares que pesaban sobre él consistían en la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado, restricciones que Fiscalía había considerado suficientes hasta el momento. Sin embargo, la vista reciente abrió la puerta a un cambio de estrategia ante el avance del procedimiento y la proximidad del juicio, según Europa Press.

Camino al juicio y las penas solicitadas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Leopoldo Puente propuso juzgar a Ábalos, a su exasesor ministerial Koldo García y al presunto intermediario Víctor de Aldama, acusados de cobrar comisiones a cambio de adjudicar contratos para la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión durante la crisis del Covid-19. La Fiscalía solicita para Ábalos una condena de 24 años de prisión, mientras que para Koldo García pide 19 años y medio. Entre los delitos atribuidos se incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, acompañados de una multa de casi 4 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años para Ábalos y Koldo, añadiendo cargos de prevaricación y falsedad documental. Para Víctor de Aldama, que habría colaborado en la investigación mediante confesiones que ayudaron a destapar la trama, se solicitan siete años de prisión. El caso también involucra a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, considerado por las acusaciones como el supuesto cabecilla de la adjudicación irregular de obra pública.

Con el juicio a la vuelta de la esquina, la decisión de Leopoldo Puente sobre la prisión provisional de Ábalos marcará un punto crucial en la evolución del caso y podría sentar un precedente histórico en la política española. La medida refleja la gravedad con la que la Fiscalía percibe los riesgos de fuga ante las posibles condenas que pesan sobre los acusados