De la Audiencia de Madrid al ‘caso Villarejo’, pasando por Ginés, el jefe policial de Coslada absuelto tras 14 años

Me crié como periodista de tribunales con los jueces de la plaza de Castilla y los de Audiencia de Madrid (años noventa y dos mil). Soy licenciado en Derecho y colegiado no ejerciente. El caso Villarejo me adentra en recuerdos. Me viene a la memoria, allá por el año 1995, el juez Pedraz (hoy titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional y entonces al frente del Juzgado 26). Llamó mi curiosidad de él que miles de abogados de Madrid hubiesen realizado una encuesta y le situasen como el mejor magistrado de los 47 de instrucción que había entonces en la plaza de Castilla. Lo definían como cordial con los letrados y de los más certeros y rápidos en la toma de decisiones. Cerca de él estaba, por ejemplo, Pascual Fabiá Mir, hoy presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, quien recientemente relevó en el cargo a otro grande de la justicia española, Arturo Beltrán Núñez (en las penitenciarias, los presos le llaman aún, y eso que se jubiló hace más de un año, san Arturo, la esperanza de un permiso carcelario).

Me vienen detalles a la memoria de aquella justicia. De Fabiá Mir me sorprendió su trato exquisito con los acusados. En las guardias de detenidos, la policía le llevaba a individuos de todo tipo de pelaje, demacrados, con brazos agujereados por la droga de jeringuilla. Aun esposados, daba miedo cruzarse con ellos. Al otro lado de la mesa, Fabiá Mir empezaba así sus interrogatorios: “La policía dice que usted ha hecho… ¿Qué tiene usted que decir…?”. No es irrelevante ese comienzo. Con Fabiá Mir, nadie llegaba como presunto culpable.

Me sorprendió que Fabiá -en un tema en que la policía logró convencer al fiscal de la maldad de un acusado para que lo metiesen en la cárcel- le dijera al fiscal, subidos ambos en el ascensor camino del juzgado, tras el interrogatorio, que no, que no iba a dictar prisión contra ese supuesto malvado. Algunas cosas no le encajaban. Hay relatos policiales, si el juez no elimina la paja, que pueden originar prisiones injustas. Hasta yo mismo pensé que el acusado acabaría preso. Al juez no le importó contradecir al fiscal. Son pocos los jueces que se apartan de la línea que marca el fiscal, aunque seguir sus pautas suele ser lo más fácil y menos engorroso para el juez, pero no siempre para el reo.

Fabiá actuó en conciencia, otorgándole todas las garantías. Yo creía en aquella justicia, la viví muy por dentro. Los jueces no tenían empacho alguno de cargarse una instrucción y absolver a todos los acusados que se habían sentado ante ellos en el banquillo si la policía, o el instructor, había vulnerado sus derechos.

El Estado de Derecho

Recuerdo al magistrado Jesús Fernández Entralgo absolver a gente mala de verdad porque las pruebas se habían obtenido ilegalmente; y a un Pedro Javier Rodríguez, una Pilar de Prada, un Alejandro Benito, una Pilar Oliván, una Carmen Compaired, un David Cubero, un Ramiro Ventura o un Arturo Beltrán hacer lo mismo, sin importarles la presión mediática, si descubrían, por ejemplo, que algún agente encubierto, en su afán de detener al malo, había generado un delito o viciado una denuncia. “Es preferible absolver a un delincuente que meterle en la cárcel si no se le han respetado sus garantías; ese es el Estado de Derecho”, me dijo un día Fernández Entralgo tras mostrarle mi sorpresa sobre una sentencia absolutoria contra unos individuos aparentemente culpables.

Arturo Beltrán, durante casi 30 años, ha tenido la llave de los permisos de todos los presos de la Comunidad de Madrid. Su despacho parecía a veces la consulta del médico. Conociendo su bonhomía, allí iban madres de presos a pedir permisos para sus hijos. “Si usted se responsabiliza de que hará un buen uso del permiso”, comentó una vez Beltrán a una madre, mientras leía su expediente, “le daremos el permiso, y adviértale de que si hace un buen uso, sucesivamente vendrán más; eso sí, si no lo hace, el grifo se cerrará”, le anunció con mirada firme. Daba mucha importancia como elemento de reinserción al nivel de compromiso de la familia con el reo.

“Lo fácil y menos problemático es negar un permiso, así se evita uno que la prensa te machaque si alguien delinque estando de permiso. Pero eso sería muy injusto para otros internos que sí se comportan bien; y en mi sueldo está tener que tomar decisiones arriesgadas”, me explicó Beltrán. A Beltrán, además, no le dolían prendas, como a Fernández Entralgo y otros, en absolver a un reo si los agentes, por ejemplo, le habían inducido a cometer un delito para atraparle. El fin no justicia los medios. El atajo no vale, repetía Beltrán. Ese es el Estado de Derecho, el respeto a los derechos y garantías. El juez del Supremo, Manuel Marchena, es coautor de un libro que versa del saneamiento de los derechos fundamentales en el proceso penal. En él apoya la necesidad de que haya un órgano de garantías de actuación inmediata que vele por la no vulneración de los derechos básicos antes de que llegue el juicio.

Ginés, el exjefe de la Policía Local de Coslada, ha estado empurado durante 14 años. La fiscalía le pedía decenas de años. Por pedir, que no quede… Tras tantos años, primero la Audiencia de Madrid y ahora el Supremo (alta instancia que casi siempre suele poner las cosas en su justo sitio) le han absuelto de semejante retahíla de delitos y penas. Incluso llegó a estar en la cárcel.

Con independencia de que a algunos les gustase más o menos en Coslada su actitud como jefe policial, él mismo la definió en alguna ocasión de “autoritaria, pero nunca delictiva”, lo cierto es que su detención y encarcelamiento fue urdido sin pruebas por la UDYCO de Madrid, que creó una bola mediática de filtraciones a la prensa basadas en un relato policial literario ayuno en hechos. La policía empujó a algunos hosteleros a presentar denuncias contra él. En la tenacidad de la fiscalía con Ginés subyacía odio (algún día contaré la intrahistoria policial y judicial de este asunto, que la conocí muy de cerca). Lo querían en la cárcel sí o sí. Tras 14 años, está absuelto, por la Audiencia de Madrid y por el Supremo. ¿Y ahora qué? El Estado tendrá que indemnizarle por el tiempo que estuvo en prisión. ¿Y quién paga eso? Todos nosotros.

Cuatro recusaciones

Al más puro estilo Ginés, al comisario Villarejo la Fiscalía le pide también decenas de años de cárcel. Lo dicho: que por pedir años de prisión, no quede. Cuando pienso en el caso que afecta al comisario Villarejo, quien ayer pidió, a través de su abogado, retrasar su juicio debido a un ictus cerebral, me brota en la cabeza aquella justicia de los noventa en la Audiencia de Madrid. Si la policía, la fiscalía o el juez no han hecho bien su trabajo, el reo se va a su casa. Teresa Palacios, la presidenta de la Sección que juzga en estos momentos a Villarejo, se abstuvo de intervenir en la vista porque ella conocía de antes al comisario y había compartido algún almuerzo con él y otras personas. Impecable su decisión.

Pero resulta que Villarejo ha presentado hasta cuatro recusaciones contra otros dos miembros del tribunal que le juzga, pero estos han hecho como si la cosa no fuera con ellos. Este periódico publicó un audio de al menos 20 minutos que incluye una conversación entre Villarejo y el ponente del juicio, Fermín Echarri. El audio muestra al magistrado aconsejando a Villarejo, hace unos años, sobre cómo debía actuar en un asunto que él llevaba en los juzgados de plaza de Castilla por delito fiscal contra un amigo benefactor árabe del rey Juan Carlos. Villarejo le recusó apelando a ese encuentro. Pero el tribunal ha rechazado, sin más, su petición.

Otra de las recusaciones es contra la presidenta, Ángela Murillo. Y aquí llueve sobre mojado. No hace mucho fue obligada por el Supremo a repetir un juicio contra un etarra por hacer comentarios despectivos hacia el acusado. En el juicio contra Villarejo, sin que la vista esté terminada, ha hecho comentarios dejando entrever que el comisario va ser condenado. Se llama prejuzgar los hechos. Y ni caso a la recusación. Parece que el tribunal está deseando acabar el juicio y meterle en la cárcel antes incluso de dictar la sentencia.

El asunto de Villarejo pasará más tarde o temprano al Tribunal Supremo (el que ya ordenó repetir el juicio contra el etarra). Pero, seguramente, también, acabará ante la justicia europea. Y el vídeo de la presidenta Murillo sugiriendo que Villarejo ya está condenado sin haber terminado la vista, también.

En el caso Villarejo se ha puesto de manifiesto, por otro lado, que el CNI, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción (cabe escuchar el audio del excoronel de la UCO Manuel Corbí dado en exclusiva por FUENTES INFORMADAS) indujeron la denuncia inicial contra el comisario. Tenía demasiada información sobre Corinna y el Rey. Un asunto de Estado. Y se había enfrentado al CNI. Había que meterle en la cárcel como fuera y quitarle los audios que guardaba en su casa. La persona que iba a presentar la denuncia contra Villarejo se arrepintió y no lo hizo. Lo hizo por él alguien cercano al CNI con ayuda de la UCO, que presentó una denuncia anónima. Eso ha servido para investigar de arriba a bajo la vida de Villarejo. Todo esto lo verán el Supremo y más tarde, en su caso, Europa.

La Audiencia de Madrid de Fernández Entralgo, de Arturo Beltrán, de David Cubero, de Pedro Javier Rodríguez, de Alejandro Benito, Ramiro Ventura, de Pilar Oliván, de Carmen Compaired, de José Manuel Maza, de Pilar de Prada…. aquella que yo conocí, y de la que tanto aprendí de eso tan serio que se llama Estado de Derecho y sus garantías, no habría esquivado este gigantesco matiz: un agente policial no puede inducir una denuncia. Léase uno de los párrafos de la sentencia absolutoria del Supremo sobre Ginés: “Se hacen constar las presiones policiales de las que aseguraron haber sido objeto los testigos hosteleros de Coslada por parte de los instructores policiales de la UDYCO [para denunciar a Ginés], llegando a señalar, por ejemplo, uno de ellos, que se le hizo ver que en la causa solo podría ocupar la posición de víctima o la de acusado”.

De los jueces antes citados también aprendí que las causas generales están proscritas en España. Villarejo seguro que no es un santo, pero tiene análogos derechos y garantías que cualquier persona. Y, por cierto, también vi suspender juicios cuando un acusado enfermaba.