Cuando la escalera se barre por la mitad

La dimisión de Rayner subraya un principio fundamental de la democracia parlamentaria británica: la rendición de cuentas es implacable y vale para todos

El pasado 5 de septiembre, el mundo político británico se vio sacudido por la noticia de la renuncia de la viceprimera ministra y segunda al mando del gobernante Partido Laborista, Angela Rayner. ¿La razón? Un comité de ética determinó que había eludido indebidamente el pago de impuestos de propiedad sobre un departamento de playa. De acuerdo con las leyes del Reino Unido, una segunda casa paga más impuestos que la residencia habitual del contribuyente, carga que ella evitó cubrir.

Más allá del hecho en sí, la dimisión de Rayner, quien también se desempeñaba como ministra de Vivienda en el gabinete del primer ministro Keir Starmer, subraya un principio fundamental de la democracia parlamentaria británica: la rendición de cuentas es implacable y vale para todos, incluso cuando el error parece menor en comparación con escándalos de mayor envergadura.

Este hecho nos obliga a volver la mirada hacia nuestra propia realidad. En México, el combate a la corrupción es una bandera del movimiento gobernante, que ha prometido “barrer las escaleras de arriba hacia abajo”. Sin embargo, la práctica dista mucho de la retórica. Si bien debe celebrarse que las autoridades de procuración de justicia estén actuando contra mandos navales y funcionarios aduanales por permitir la entrada de combustible de contrabando, conocido como “huachicol fiscal”, la acción se siente incompleta. Si las escaleras se barren de arriba hacia abajo, ¿por qué parece que aquí se está barriendo sólo de la mitad para abajo?

Corrupción

En este caso es necesario preguntarse si la corrupción investigada se detenía en un vicealmirante bien conectado o llegaba más arriba. Y también, ni modo, cuánto ha pesado la presión estadunidense para castigar la práctica del huachicol. La promesa de sanear el país desde la cúpula choca con una realidad donde las investigaciones y los señalamientos por corrupción se centran casi exclusivamente en figuras del pasado o de la oposición. Rara vez se ven expedientes abiertos contra los protagonistas del partido en el poder. Y esto es particularmente notorio en casos que ameritarían, al menos, un escrutinio público.

Un ejemplo claro es la situación del senador Adán Augusto López Hernández. Siendo gobernador de Tabasco, nombró a Hernán Bermúdez Requena, quien fue posteriormente acusado de liderar el grupo criminal La Barredora. A pesar de la gravedad de la acusación, López Hernández no ha sido requerido siquiera para declarar como testigo en el caso ni se ha conseguido detener a Bermúdez Requena.

Caso de Gerardo Fernández

El contraste se agudiza al considerar el caso del senador Gerardo Fernández Noroña. El legislador admitió públicamente estar en proceso de adquirir una casa en Tepoztlán, Morelos, un municipio con una situación de propiedad comunal que hace imposible la existencia de una escritura privada y la obtención de un crédito. Más aún, la propiedad estaría ubicada en una zona de reserva ecológica, un hecho que, de ser cierto, implicaría múltiples irregularidades. Pese a ello, a Fernández Noroña ni siquiera se le ha reprochado internamente que, en un movimiento que promueve la austeridad, él mismo declare que no está obligado a ser austero.

Es irónico que, en el Reino Unido, un error tributario de la viceprimera ministra sea suficiente para forzar su dimisión, mientras que, en México, figuras de primer nivel no enfrentan investigación alguna por escándalos mucho más graves. El caso de Angela Rayner demuestra que, en una democracia funcional, el cargo más alto no es un escudo protector. Su posición no le garantizó impunidad, y la ética de servicio se impuso a su poder político.

La ciudadanía mexicana merece ver que el compromiso de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo” no es sólo un eslogan. La lucha contra la corrupción debe ser pareja, sin importar si los involucrados pertenecen al pasado o al presente, a la oposición o al partido en el poder. La credibilidad del sistema de justicia y de la clase política está en juego. De lo contrario, seguiremos viendo cómo, en otras partes del mundo, la vigencia del Estado de derecho da un ejemplo que en México parece lejano e inalcanzable.

*Por su interés reproducimos este artículo de Pascal Beltrán del Río publicado en Excelsior.