El Supremo envía a juicio a García Ortiz, rechaza suspenderle del cargo y le pide una fianza de 150.000 euros

La resolución supone un hecho inédito: es la primera vez que un fiscal general de España se sienta en el banquillo del Alto Tribunal

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Además, le impone una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias, aunque rechaza suspenderle del cargo, como pedía la acusación popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

La resolución, de 29 páginas, supone un hecho inédito: es la primera vez que un fiscal general de España se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo. El auto llega seis semanas después de que la Sala de Apelación confirmara el procesamiento de García Ortiz, al considerar que él mismo impulsó y coordinó la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador. La decisión se adoptó por mayoría, con el voto particular en contra del magistrado Andrés Palomo.

Hurtado sostiene que García Ortiz facilitó a la Cadena SER el contenido confidencial de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que se ofrecía a pactar con la Fiscalía. Según el juez, este acto constituye un delito de revelación de secretos, ya que se trataba de información reservada dentro de un proceso penal.

Intercambio de correos

El magistrado describe que, tras una publicación en El Mundo que atribuía a la Fiscalía la iniciativa de pactar, García Ortiz buscó «ganar el relato» y promovió un intercambio de correos con la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y con el fiscal encargado del caso, Julián Salto. El objetivo, según Hurtado, era elaborar una nota informativa que respaldara la versión de la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, García Ortiz recibió los correos en su cuenta personal y después los remitió a la Cadena SER. «Consciente Álvaro de que revelaría el confidencial contenido de ese correo», indica el auto, también se encargó de coordinar la difusión del mismo. Además, antes de que trascendiera en los medios, la información fue enviada a altos cargos de Moncloa, quienes la usaron con fines políticos.

Fianza

La fianza de 150.000 euros fijada por el Supremo tiene como objetivo cubrir posibles indemnizaciones, aunque González Amador reclamaba 300.000 euros por daños morales. El magistrado considera excesiva esa cantidad y da cinco días a García Ortiz para depositar la suma establecida.

Respecto a la petición de suspender cautelarmente a García Ortiz, Hurtado señala que existe un «vacío legal» en cuanto a la suspensión de un fiscal general. Por ello, rechaza ordenar su cese desde la vía judicial y remite la cuestión a la Inspección Fiscal para que valore si corresponde tomar medidas. «En esa vía debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya», afirma.

El auto concluye resaltando la gravedad de la filtración, que vulneró la confidencialidad de comunicaciones entre un abogado y la Fiscalía. «No es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado», escribe Hurtado, subrayando que el acto afectó tanto a la reputación de González Amador como al prestigio institucional del Ministerio Fiscal. A su juicio, García Ortiz asumió «los indudables efectos perjudiciales» que ello comportaba.