Crónica del golpe del PP de Feijóo en el Tribunal Constitucional

Los ‘populares’ advirtieron al Gobierno de que no debía nombrar a los dos magistrados en el Tribunal Constitucional, cuyos mandatos caducaron el pasado 12 de junio, sin los otros dos magistrados caducados en dicha fecha que debe designar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y ahora que Pedro Sánchez facilita al CGPJ su designación, le acusan de “romper todos los puentes” de la negociación.

Sobre la mesa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, descansa un informe jurídico encargado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre si resulta conforme a la Constitución el nombramiento en solitario de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al gobierno en sustitución de los dos cuyos mandatos caducaron el domingo 12 de junio: el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. Ambos fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Ese informe, según ha sabido El Periódico de Catalunya, establece que el Gobierno debe nombrar a los sustitutos aunque los otros dos magistrados, cuyos mandatos han caducado también el 12 de junio (Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente, y Santiago Martínez-Vares) que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sean sustituidos simultáneamente en el mismo acto.

Precisamente, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 191 de 15 de noviembre de 2016, que firmó González-Trevijano junto con todos los los miembros del tribunal de garantías estableció que si bien en condiciones de “normalidad” el nombramiento debe hacerse por ternas -renovar un tercio del TC-, en el caso de que uno de los órganos (en aquella sentencia se trataba de los vocales que debían designar el Senado y del Congreso de los Diputados para formar el CGPJ) no podía, por las razones que fuese, hacer sus nombramientos, ello no justificaría arrastrar al otro a la parálisis.

Según la sentencia, no se trata de que el órgano tenga meramente la potestad de hacer los nombramientos sino de un deber. Siempre que se pueda tiene la obligación hacerlos.

Es un “poder-deber”.

Dice la sentencia: “La propuesta o designación de que tratamos es, para cada una de las cámaras, un genuino poder-deber. Una potestad, sin duda, pero también, al tiempo, un deber ex Constitutione [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional” [subrayado de El Periódico].

Hace dos semanas, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, transmitió un mensaje: la decisión de sustituir en solitario a los dos magistrados cuyos mandatos estaba por caducar tres días después (González-Trevijano y Narváez) sería una maniobra del Gobierno.

El Consejo de Ministros no había designado el martes 7, como debía, a los dos magistrados para sustituir a los dos que iban a caducar el siguiente domingo día 12.

Pese al informe jurídico que está en la mesa de Pedro Sánchez, el gobierno no quiso abrir una guerra en el Tribunal Constitucional.

¿Por qué? Porque los mensajes transmitidos a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por parte de González-Trevijano y de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, fueron tan claros como directos sobre qué ocurriría si el Gobierno nombraba a los dos magistrados: “No pasarán”.

González -Trevijano hizo saber también a La Moncloa que si se convocaba el pleno para recibir a los dos nuevos magistrados no se les daría posesión ya que él mismo como Narváez formarían la mayoría de bloqueo.

Este suele decir en los actos en los que participa estos días que “cumplirá con la Constitución”. Pero en petit comité aclara que si no se renuevan los cuatro magistrados caducados el pasado 12 de junio -entre ellos él- no daría posesión a los magistrados designados “unilateralmente” por el Gobierno.

En realidad, el actual presidente del TC se resiste a dejar su mandato caducado, porque, ello implica permanecer el mayor tiempo posible en su cargo.

El Gobierno finalmente, según anticipó El Periódico de Cataluña, decidió aplazar los nombramientos de los dos magistrados que le correspondía, habida cuenta de que se estaba en plena campaña de las elecciones andaluzas.

Sánchez quiso evitar un enfrentamiento con el sector conservador del TC respaldado por Nuñez Feijóo.

Pero al advertir que el PP, en cambio de pactar la renovación inmediata del CGPJ anunció que haría una propuesta en el mes de julio, Moncloa consideró como una evidencia que el PP quería posponer, una vez más, ahora hasta el otoño, la renovación del poder judicial.

Si Nuñez Feijóo dijo el 13 de junio, cuando trascendió que el Gobierno sopesaba nombrar a los dos magistrados sustitutos en el TC, que se ”rompían todos los puentes” al conocer que el Gobierno ahora ha decidido reformar la ley Orgánica de 2021, que él mismo promovió, para levantar la prohibición al CGPJ de hacer los dos nombramientos de magistrados para el TC, Feijóo ha vuelto a repetir que el Gobierno “rompe cualquier tipo de puente” en la negociación para renovar el CGPJ.

Si lo que quería de verdad era renovar los cuatro mandatos caducados al mismo tiempo, ¿por qué se opone ahora a que el CGPJ pueda nombrar a los dos que le corresponde? ¿Acaso no es la vía para renovar la terna completa, como exigen el presidente del PP, Nuñez Feijóo, y el presidente del TC, González-Trevijano?

En el CGPJ el sector conservador ya ha señalado su oposición a la reforma legal que levantaría la prohibición vigente desde 2021 para hacer los nombramientos en el TC. Los vocales de la derecha exigen no solo levantar el veto para nombrar a los dos magistrados del TC sino la capacidad plena para seguir haciendo todos los nombramientos que deseen en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. Unos nombramientos que perpetuarían el sesgo conservador en las principales instituciones judiciales después de nueve años de dominio de la derecha en el CGPJ, que asumió en diciembre de 2013.

Con todo, el titular de que el Gobierno propondrá en el Congreso la reforma que permitiría al CGPJ nombrar a los dos magistrados en el TC es en realidad una reacción tardía al ninguneo del PP.

Fuentes judiciales señalan que hasta septiembre no cabe esperar la renovación en el TC.

González-Trevijano había prometido resolver el recurso del PP contra la ley del aborto en el mes de junio con cuatro mandatos caducados. El borrador de la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo no se ha distribuido en mayo, según se había anunciado, y en el orden del día del último pleno de junio tampoco se le espera.

El golpe constitucional ha dejado al TC en el aire.

Con recursos de amparo que exigen resolución urgente, como es el caso del diputado expulsado del Congreso, Alberto Rodríguez.

¿Para qué sirve, así, el TC?