La educación en España se encuentra sumida en un estado de desesperación. La ineficiencia del sistema, combinada con la indiferencia de políticos, está llevando a una generación de estudiantes a una crisis sin precedentes
En medio del caos educativo que vive España, cada vez es más evidente que la ley del mínimo esfuerzo no sólo es aplicada por los estudiantes, sino que parece ser adoptada como norma por una parte del sistema educativo. En la actualidad, los alumnos son sometidos a exigencias cada vez menores, reflejándose en faltas de ortografía aberrantes y niveles de lectura alarmantemente bajos. Muchos de ellos apenas logran leer con fluidez y mucho menos enterarse y realizar resúmenes. Lo que evidencia una grave deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta disminución de los estándares educativos está contribuyendo a una generación que carece de las competencias básicas necesarias para su desarrollo.
Una situación crítica que no surge de la nada; es el resultado de una parte del profesorado desmotivado y descalificado, más enfocado en cobrar a fin de mes, reducir su jornada laboral, pedir aumentos salariales y extender sus vacaciones, que en enseñar correctamente a sus alumnos. No es raro escuchar a algunos docentes admitir abiertamente su falta de vocación, o incluso justificar la falta de calidad educativa con excusas que apuntan a las normativas impuestas por la falta de recursos, sin asumir un ápice de responsabilidad en cuanto a su formación y preparación.
Este círculo vicioso, en el que se minimizan las exigencias a los estudiantes y se tolera la mediocridad, está generando una educación deficiente, que afecta directamente al desarrollo y futuro de los jóvenes.
La ley del mínimo esfuerzo
A nivel político, este no es un problema aislado, sino una señal alarmante del deterioro generalizado en la calidad educativa agravado por la maravillosa ley promovida por Podemos y aprobada por el Gobierno, que ha supuesto un mazazo al ya frágil sistema educativo. Esta normativa sólo permite repetir dos años: uno en Primaria y otro en Secundaria o, en el mejor de los casos, dos en la ESO. Esto se traduce en que los alumnos pasan de curso sin haber adquirido los conocimientos mínimos necesarios y, en muchos casos, arrastrando todas las materias. ¡De locos!
Como resultado, los estudiantes saben que no hay consecuencias serias por no esforzarse y lo admiten abiertamente: “Como no puedo repetir, voy a hacer lo que quiera”, se escucha en las aulas. Esta actitud no sólo es aberrante, sino también profundamente dañina para el futuro académico y profesional de los jóvenes.
Y para más inri, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto volver a la jornada partida, una medida que desconoce la realidad de los padres, quienes en su mayoría votaron para eliminarla y sustituirla por la jornada continua para conciliar la vida familiar. Ayuso, más preocupada en la hostelería y en su obsesión con Pedro Sánchez, no entiende que la solución no pasa únicamente por abrir las puertas de las escuelas unas horas más, sino por una reforma profunda que restablezca los valores del esfuerzo y la excelencia en la educación.
Es imprescindible replantear el enfoque educativo, no sólo ampliando horarios, sino mejorando la calidad de la enseñanza. Esto implica apostar por las academias, que refuerzan los conocimientos adquiridos en las aulas y ofrecen una clave alternativa para aquellos estudiantes que necesitan una atención más individualizada. Para ello, la Comunidad de Madrid y el Gobierno deberían ofrecer incentivos y recursos que permitan a estos centros de enseñanza no reglada desempeñar un papel más relevante en el proceso formativo. Sólo con una combinación de reformas estructurales y apoyo a iniciativas educativas complementarias podremos mejorar realmente el nivel educativo de nuestro país y fomentar una cultura que valore el esfuerzo y el aprendizaje como pilares fundamentales para el desarrollo académico y personal de los alumnos. Sin una transformación de fondo, cualquier cambio superficial quedará en un mero parche frente a un problema de gran magnitud.
Por eso es fundamental actuar con urgencia y atajar de raíz las deficiencias del sistema educativo. La educación no es simplemente la base sobre la que se cimenta el progreso y futuro de la sociedad, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos recogido en la Constitución, y no podemos permitir que se siga un día más agonizando mientras los responsables políticos y una parte minoritaria del profesorado miran hacia otro lado.