La sección primera de la Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a 10 años de prisión, por los delitos de intento de homicidio y de atentado, al interno que apuñaló en el cuello con dos cristales a un jefe de servicios del Centro Penitenciario de Cuenca
La Audiencia Provincial de Cuenca ha emitido sentencia en primera instancia en la que considera probado que, el pasado 27 de octubre de 2021, el jefe de servicios del centro penitenciario de Cuenca sufrió un intento de homicidio por parte de un interno extremadamente peligroso. El tribunal ha tomado en consideración las tesis aportadas por la acusación particular ejercida por los servicios jurídicos del sindicato de prisiones ACAIP-UGT, imputando también un delito de atentado y declarando a la administración como responsable civil subsidiaria por no haber trasladado al interno a un centro penitenciario más acorde a su peligrosidad.
El interno ha sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y atentado, cantidad algo inferior a la solicitada, al habérsele aplicado una atenuante simple por presentar, en el momento de los hechos, un episodio de esquizofrenia. Además, ha sido condenado a indemnizar al funcionario agredido con 23.312 €.
Hechos probados
Los hechos se produjeron cuando el jefe de servicios tuvo que intervenir ante la agresividad que presentaba el interno, que se había atrincherado en su celda y que utilizó un cristal roto de la ventana de la misma para atacar al trabajador penitenciario, causándole una «herida inciso contusa de 3 cm en el cuello afectando piel y tejido celular subcutáneo que, por su localización, la región anatómica afectada y su proximidad a la vena yugular, arteria carótida y tráquea», tal y como consta en el informe forense, «era susceptible de haber ocasionado la muerte del funcionario», refleja el informe forense. Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufre secuelas tanto físicas como psicológicas.
La acusación particular, ejercida por el letrado de ACAIP-UGT, solicitó a su vez que se declarara a la administración como responsable civil subsidiaria al no haber tomado esta las medidas de seguridad oportunas con el interno, y no atender la solicitud de traslado del interno a un centro más acorde a su perfil.
La audiencia provincial así lo ha entendido, a pesar de la oposición de la abogacía del estado, dejando patente, en los fundamentos jurídicos de la sentencia, la insuficiencia de material antidisturbios, que el interno no fue asignado a una celda de especial seguridad por la dirección del centro, a pesar de que existió esa posibilidad, y remarcando que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no contestó a la petición de traslado realizada por el Consejo de Dirección de la prisión fundamentada en que «el Centro Penitenciario de Cuenca no está preparado para acoger a presos peligrosos».
ACAIP-UGT considera lo ocurrido en Cuenca como un hecho «extremadamente grave» por las consecuencias que podrían haberse derivado del mismo. Por este motivo, junto con otras organizaciones sindicales convocó diversos actos de protesta en el centro penitenciario a los que «no acudió ningún representante de la dirección ni de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una muestra más del absoluto desprecio que la administración penitenciaria muestra ante sus trabajadores», afirma un portavoz sindical.