Conde-Pumpido y la frase con la que le persigue la derecha judicial y mediática durante 16 años

El exfiscal general del Estado y exmagistrado del Tribunal Supremo, candidato al que una mayoría progresista puede llevar a la presidencia del Tribunal Constitucional

Desde hace más de dieciséis años -el 16 de octubre pasado- el magistrado del Tribunal Constitucional, al que se considera candidato natural de una mayoría progresista para presidir el Tribunal de Garantías, es objeto de una campaña que repite, casi sin variaciones, una frase que pronunció en 2006, cuando era fiscal general del Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Miembro fundador en 1984 de la asociación profesional Jueces para la Democracia, escisión de la conservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura), y su portavoz en diferentes etapas, Cándido Conde-Pumpido acudió al XXI Congreso de la citada asociación el 9 de junio de 2006 en Vitoria (Álava), cuyo debate central rezaba “Diálogo, Justicia y Paz”.

Tres meses antes, la banda terrorista ETA había anunciado un “alto el fuego permanente”, lo que fue precedido por casi tres años, desde mayo de 2003, sin víctimas mortales. 

Allí, el fiscal General del Estado, que no participó en el debate, pronunció el discurso de clausura.

“Creo que nos debemos felicitar porque Jueces para la Democracia sea capaz, una vez más, de afirmar con contundencia que entre la realidad social y el vuelo de nuestras togas no hay divorcio ni abstracción posible. Los jueces están dentro de esa realidad, forman parte de ella, y no pueden mirar al vacío invocando la inmaculada lejanía de su independencia. Esa independencia, como la imparcialidad del Ministerio Fiscal al que ahora represento, son valores esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema constitucional, no concebidos para que jueces y fiscales puedan vivir y actuar como si la realidad no existiera, sino, bien al contrario para asegurar que se enfrentan exentos de cualquier lastre y ajenos a cualquier cometido que no sea el de aplicar la ley. La ley, es decir, el fruto de la voluntad popular”, señaló .

Y lanzó una exhortación: “Aplicar la ley en la lucha contra el terrorismo, que no ha cesado, ni va a cesar. Aplicar la ley para amparar y asegurar los derechos de las víctimas. Procurando la reparación, en lo posible, del delito que han sufrido, la preservación de la memoria y el respeto a la dignidad de quienes han pagado injustamente un precio inútil por la libertad de todos, pero, además, y con la misma determinación, trabajando para que no haya otras víctimas en el futuro, para que nadie más tenga que pagar ese precio”.

El papel de ETA

Estas palabras llevaron al Grupo Parlamentario Popular en el Senado a solicitar su comparecencia “para informar de sus manifestaciones” respecto al papel que, en su opinión, debe jugar el Poder Judicial ante la “tregua permanente de ETA”, la cual tuvo lugar en la comisión de justicia la tarde del 16 de octubre de 2006, en la cual el portavoz popular, Agustín Conde, pidió su dimisión.

El fiscal general del Estado explicó que lo que había expresado sobre la función de la Fiscalía valía “con alto el fuego, o sin alto el fuego”.

Y a continuación aportó unos cuantos datos.

Entre el 22 de marzo de 2006, fecha de la declaración del alto el fuego permanente, el Ministerio Fiscal acusó en juicio a 56 miembros de la banda terrorista y obtuvo 49 condenas. Durante 2006, hasta octubre de dicho año, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había formulado 66 escritos de acusación, contra 39 en 2005, es decir, antes del alto el fuego, superando el número de acusaciones entre enero y octubre, por tanto, en casi un 70 por ciento el total de las presentadas en 2005. Otro dato de interés: 45 escritos de acusación de los 66 elevados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra 82 acusados tuvieron lugar después del 22 de marzo de 2006, es decir, después del alto el fuego. Asimismo, no se había producido en el periodo señalado un solo acercamiento de presos al País Vasco y sólo había informado un supuesto de concesión de tercer grado y libertad condicional a un individuo condenado por colaboración con bandas armadas, que sufría una enfermedad grave (en cumplimiento del artículo 92 del Código Penal).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó, también, a favor de la prolongación de la pena de los condenados, según la doctrina Parot, criterio del Tribunal Supremo.

Con todo, Conde-Pumpido, intentó ampliar su idea de la justicia en una etapa jalonada por la ofensiva del terrorismo a escala internacional.

“La impronta irracional del terrorismo ha calado en algunas reacciones de defensa que, paradójicamente, más que consolidar y proteger las libertades de los ciudadanos, parecerían abocadas a satisfacer de manera indirecta, los objetivos de los propios terroristas”.

¿Por qué?

“Convertir nuestras sociedades en jaulas llenas de seres tratados como sospechosos o sujetos ajenos a crecientes limitaciones de derechos vale tanto como regalar a los terroristas el objetivo de destrucción de nuestros valores que persiguen con su actividad”.

Y añadió: “Transmitir falsamente a los ciudadanos la idea de que jueces y fiscales, más que garantes de la ley, son meros ejecutores o instrumentos de Gobierno y oposición, dedicados a hacer lo que convenga a la coyuntura del momento, constituye un error y una irresponsabilidad que se paga, precisamente, con la quiebra del propio sistema que se dice querer defender. Aplicar el derecho en democracia es más difícil que aporrear a ciegas, indiscriminadamente, las filas de un enemigo definido con trazo grueso, mediante sospechas y juicios de intenciones, por políticos, editorialistas o grupos de poder de uno u otro signo, según convenga a los intereses de cada quién en cada momento. Ser juez o fiscal, y mantenerse firme frente a la tentación de sucumbir al halago o sobrevivir al esfuerzo de no quebrar ante la presión, no es sencillo”.

Quizá esta alusión a los medios actuara como telón de fondo de la ira que desencadenaría una de las últimas frases de su comparecencia.

“He procurado y seguiré procurando que la ley se aplique con rigor porque es la materialización de los valores democráticos. Pero también precisamente por eso, el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Pero no ajena a esa realidad, sino profundamente comprometida en su transformación, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica, democracia y paz social que establece la Constitución y concreta la ley”.

El vuelo de las togas y su contacto con el polvo del camino -una mezcla de dos poemas de Antonio y Manuel Machado- le persigue como la sombra perdida a Peter Pan, dieciséis años después.

“Fuera de la legalidad”

La frase, sacada sin más de su comparecencia parlamentaria, ha dado lugar, en los ataques de la derecha y ultraderecha judicial y mediática a imputarle una obsecuencia hacia el gobierno de Rodríguez Zapatero durante el diálogo, aprobado previamente en el Congreso de los Diputados, con la banda terrorista para acabar definitivamente sus acciones asesinas. Esa acusación de actuar fuera de la legalidad que se atribuye a la frase manipulada es la que hoy se esgrime contra él para frustrar sus posibilidades de ser futuro presidente del TC. De ahí que la artillería mediática la haya resucitado y colocado en el frontispicio de la oposición del PP y de los vocales más recalcitrantes del CGPJ al nombramiento de los dos magistrados del TC que le corresponde a este órgano.

Y, mira por dónde, hay un último aspecto que precisamente a la luz de la decisión adoptada ayer por la Sala Segunda del Supremo de ordenar repetir por falta de imparcialidad el juicio contra la mesa del Parlament por el referéndum ilegal del 1-0 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que merece la pena apuntar.
El objetivo de garantizar la imparcialidad institucional en el Supremo, tribunal que juzga a los aforados y al presidente del Gobierno, llegado el caso, fue planteada por Conde-Pumpido en sus propuestas aportadas cuando fue candidato a presidente de la Sala Segunda del Supremo, en 2014, cuando la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) optó por Manuel Marchena para el puesto.

Una de sus iniciativas estrella era hacer que la Sala de Admisión de recursos del Tribunal Supremo fuese íntegramente rotatoria.

El presidente de la Sala Segunda no debería integrar permanentemente una determinada sección, de la misma manera que, en el reparto de todos los demás asuntos, el presidente, que es primus inter pares, debía rotar con el resto de magistrados también en la Sala de Admisión a los que corresponde por turno.

Con este sistema, el presidente, al no estar siempre en la Sala de Admisión, podría participar en la Sala de Enjuiciamiento. La Sala de Admisión sería completamente rotatoria.

Precisamente, tres años más tarde, con ocasión de la causa del procés en 2017, cuatro magistrados de los cinco de la Sala de Admisión del Supremo que admitieron la querella del fiscal General del Estado, José Manuel Maza, integraron más tarde -y eran mayoría- en el tribunal de enjuiciamiento.

El presidente de la Sala de Admisión y el presidente de dicho tribunal fue el magistrado Manuel Marchena, que a su vez fue ponente de la sentencia del 14 de octubre de 2019.