Cinismo, simulación y farsa: alerta oportuna de Transparencia Internacional

CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA

“Si existiera un régimen corrupto, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 sobre 10 en las encuestas de opinión”, comenta Claudia Sheinbaum al referirse a nuevo reporte de Transparencia Internacional que reprueba a México en su lucha contra la corrupción. Afortunadamente, precisa, “la percepción de la gente es distinta”

En una farsa de cinismo y simulación propia del obradorato, escenificada el miércoles 12 en la “mañanera del pueblo”, la presidenta minimiza los resultados del reconocido informe, basado en cifras y metodologías profesionales, y responde, sin sustento, que “se acabaron los privilegios y la corrupción” (bit.ly/43h0Ekb). Miente, tergiversa y manipula, como ya es costumbre.

A pesar de las cacareadas reformas del régimen obradorista para “favorecer al pueblo” y su reiterado discurso contra la corrupción, México retrocede en 2024 catorce sitios, obtiene la peor calificación de su historia —26 puntos— y queda en el último lugar de la OCDE en la evaluación de Transparencia. Sin duda, el clientelista año electoral nos pasó factura.

Reflejo del deterioro en la lucha contra la corrupción, el nuevo reporte mundial revela que la falta de transparencia y la impunidad en México siguen siendo alarmantes, lo que “desalienta la inversión extranjera y frena el crecimiento económico” (bit.ly/4k1ZaQv). Como consecuencia, advierte, “se agrava la desigualdad y se reducen las oportunidades para la población”.

Entre los factores clave del bajo desempeño de México, la evaluación resalta la incertidumbre por la reforma judicial y la escandalosa impunidad en casos como el de Segalmex, “desaparecido” casualmente esta semana por Claudia Sheinbaum. También destaca que el gobierno sigue contratando “empresas fantasmas” o vinculadas con el crimen organizado.

Transparencia Internacional advierte que nuestro país no registra avances significativos en materia de rendición de cuentas y que, con frecuencia, los responsables de actos de corrupción quedan impunes. De especial inquietud es el uso del asistencialismo y los programas sociales para consolidar el poder político en lugar de atender verdaderas necesidades.

Autoritarismo

Los países con altos niveles de corrupción —muchos bajo regímenes populistas— suelen tener gobiernos autoritarios que no rinden cuentas. La justicia es ineficaz, lo que fomenta la impunidad; se persigue a la prensa independiente, para frenar la denuncia de actos corruptos, y las fuerzas de seguridad mantienen estrechos vínculos con el crimen organizado.

Se atacan las instituciones democráticas y se prioriza la lealtad sobre la meritocracia. El gobierno ejecuta programas sociales clientelistas sin transparencia y distribuye dinero sin controles, lo que facilita el desvío de recursos. Con bajos niveles de participación ciudadana y alto endeudamiento, el gasto político se impone sobre la inversión productiva.

En contraparte, los países con menor corrupción, como Dinamarca, que ocupa el primer lugar en la evaluación de 2024,

cuentan con instituciones democráticas sólidas, estrictos mecanismos de rendición de cuentas y priorizan la transparencia gubernamental. Se combate el asistencialismo clientelista y existe un fuerte sentido de responsabilidad cívica.

Como era de esperarse, el régimen obradorista rechazó ipso facto el reporte de Transparencia Internacional, que cuestiona su estrategia de mantener una imagen de “honestidad” mientras manipula a la opinión pública, en gran parte satisfecha, hasta ahora, por las dádivas que recibe. Se imponía una respuesta cínica, como la mención de la popularidad de Amlo.

En Yucatán, la cúpula del empresariado también reaccionó de inmediato. Reconocieron que la corrupción en México ha empeorado con los gobiernos de la 4T y que siempre advirtieron que los órganos autónomos de contrapeso eran vitales (bit.ly/3Qimzjd). Sin embargo, al día siguiente refrendaron con el gobernador morenista la singular “Alianza por Yucatán”, que ingenuamente exige transparencia.

Con una aparente dosis alta de “atole con el dedo”, Huacho Díaz les ofreció mayor colaboración entre empresarios y gobierno. No obstante, entre los pilares de “nuestra visión compartida”, definieron que debe contarse con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y combate a la corrupción, hoy inexistentes. También se exige un efectivo estado de derecho (bit.ly/4hXl05L).

La impunidad

Discípulo aventajado del obradorato, que pone en riesgo constante al estado de derecho, el gobernador ha demostrado en cuatro meses de gestión que la lucha contra la impunidad no es su prioridad. Siguen impunes numerosos casos de corrupción transexenal expuestos por la prensa libre, como el de las “empresas fantasmas” y el “clan de los moches”.

Defensor a ultranza del asistencialismo clientelista y del gasto político que se impone a la inversión productiva, más cercano a la lealtad que castiga la meritocracia, Huacho Díaz luce muy lejos de las demandas empresariales. Resulta inaudita su indiferencia ante la escandalosa corrupción detrás de destacados morenistas como Rogerio Castro y Carlos Moreno.

La corrupción debilita la democracia, destruye la economía y profundiza la desigualdad. No solo afecta a los gobiernos, sino a toda la sociedad, pues reduce oportunidades y fomenta la injusticia. Combatirla es indispensable para construir una comunidad más justa, próspera y segura. Donde hay menos corrupción, hay más desarrollo, equidad y estabilidad.

Sugerimos tomar el oportuno reporte de Transparencia Internacional como una seria llamada de atención, una alerta clara sobre cómo avanzan en nuestro país, al parecer sin freno, el cinismo, la simulación y la farsa que caracterizan al obradorato. Urgen más compromisos reales para combatir la corrupción y menos eventos “para la foto” con el gobernante en turno.

Ejemplos como el de Dinamarca, tan “admirado” por Amlo, nos recuerdan que, si queremos alcanzar esos niveles de desarrollo, primero debemos luchar por un sistema efectivo de contrapesos y una sociedad civil activa que supervise la gestión pública. No pidamos peras al olmo: acabar con la corrupción requiere un esfuerzo compartido.- Mérida, Yucatán.

*Por su interés, reproducimos este artículo de Carlos R. Menéndez Losa, publicado en Diario de Yucatán