CGPJ o la vuelta del día de la marmota inspirada en la renovación del TC y elección de su presidente en 2023

El Pleno de 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial se reúne el 2 de septiembre de 2024 a las 17:00 horas para intentar una tercera vez elegir a quien ejercerá la presidencia, solo tres días antes del acto de apertura del año judicial del 5 de septiembre con el Rey Felipe

Ernesto Ekaizer / El Periódico de Catalunya

El pasado 19 de agosto, el pleno del CGPJ resolvió 112 asuntos urgentes y, como quien no quiere la cosa, el comunicado oficial anunciaba: “Por último, los vocales han acordado reanudar el próximo lunes 2 de septiembre, a las 17:00 horas, el Pleno que debe decidir sobre la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.

Adivinanza: ¿estaban al corriente ese día 19 los vocales de que tres días después, el 22 de agosto, entraba en vigor la ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres?

¿Qué importancia puede tener esta nueva ley en el desenlace de la elección de la persona que ejercerá la presidencia?

La ley de paridad busca garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el sector público y privado, y obliga a la Administración General del Estado y a las grandes empresas a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Mínimo.

El flamante CGPJ de 8 mujeres y 12 hombres cumple por los pelos. Pero, atentos, si los vocales eligen el próximo 2 de septiembre para presidirlo a un hombre, dejarían de cumplir la ley. Serían 13-8.

Convocar un pleno para el 2 de septiembre ante el acto de apertura del año judicial, el día 5, jornada en la que el rey es esperado en la puerta del Tribunal Supremo, en la madrileña plaza de la Villa de París, por quien ejerce la presidencia de la primera autoridad judicial de la nación (artículo 585 de la ley Orgánica del Poder Judicial) y mantener en esa tercera votación del bloqueo sería un espectáculo que la justicia, llegados al punto en el que estamos, no debería poder permitirse. Pero como dice un magistrado no sin un punto de sagacidad: “Supongo que si no lo hicieran, les criticaríamos su indolencia”.

Personalidades que han seguido las negociaciones entre el PSOE y el PP tras el fracaso de la renovación de 2018 aseguran que, tanto con Pablo Casado como con Esteban González Pons, los representantes del Gobierno barajaron uno de los dos nombres en liza ahora mismo. Existía consenso en que por primera vez ya tocaba una mujer. Y lo que venía como anillo al dedo es que la candidata podía ser de consenso: la magistrada de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Pilar Teso.

Una magistrada de perfil muy moderado, sin afiliación a ninguna asociación de jueces, con una dilatada carrera. Teso nunca fue candidata de partido alguno a presidir el Supremo y el CGPJ. En 2013, cuando Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactaron, el PSOE apoyó a Carlos Lesmes, también de la Sala Tercera del Supremo. Solo que un grupo de cuatro vocales se descolgó de la consigna y apoyó espontáneamente a Pilar Teso por su trayectoria profesional.

La alternativa a Pilar Teso, ahora sí propuesta por los diez vocales el sector llamado progresista, es el magistrado, también de la Sala Tercera -ahora es su presidente en funciones-, Pablo Lucas, que cuenta con el apoyo de los diez vocales del sector conservador, quienes esgrimen que están renunciando a un candidato propio y presentan a Lucas como progresista. Es decir: los conservadores quieren decidir quién es el progresista que debe ocupar la presidencia, siendo previsible que, en su momento, podrán colocar a un vocal conservador en la vicepresidencia (si se mantiene dicho puesto, creado por el anterior presidente Carlos Lesmes).

El día de la marmota resulta del hecho de que es exactamente la misma jugada de diciembre de 2022, cuando el sector conservador del CGPJ proponía nombrar su candidato conservador al Tribunal Constitucional -César Tolosa- y, además, al candidato que correspondía al sector progresista. Este sector proponía al magistrado José Manuel Bandrés, pero los conservadores querían al “progresista” Pablo Lucas.

La jugada de la derecha fracasó. Pero como al nombrar a los nuevos magistrados del TC era preceptivo elegir a una persona para ejercer la presidencia del TC, los conservadores estimularon la división del llamado sector progresista que, en principio, se orientaba a apoyar al magistrado Cándido Conde-Pumpido. La catedrática de Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer, se presentó por su cuenta y consiguió el respaldo de los conservadores, quienes además de impulsar a su “progresista preferida” obtendrían la vicepresidencia para uno de sus candidatos propios (luego esto no ocurrió al respaldar los conservadores a Balaguer, es decir, optaron por dividir al sector progresista y rechazar cualquier pacto para presidente y vicepresidente).

El fiasco de la candidatura de Lucas al TC en diciembre de 2022 provocó un distanciamiento de dicho magistrado respecto al antiguo sector progresista, lo que se vio reflejado en varios varapalos importantes contra nombramientos del gobierno de Pedro Sánchez por parte de su sección, la cuarta. Entre los más relevantes, se encuentran la anulación del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado Magdalena Valerio o la sentencia que declaró “desviación de poder” el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García, de Dolores Delgado como fiscal jefe togada militar, o la anulación en dos oportunidades del nombramiento de fiscal de sala de menores de Eduardo Esteban, ex fiscal jefe de Madrid.

La importancia del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es tal que cuando en la sección cuarta se tratan asuntos que se refieren a actos o disposiciones procedentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo o del Consejo de Estado, o que afecten al Ministerio fiscal, la sección debe ser presidida por el presidente de toda la Sala. Es decir, en este caso de Lucas, presidente en funciones, habida cuenta de que los nombramientos han estado paralizados.

A todo esto, hay que anotar que Lucas es el magistrado de la Sala Tercera encargado de autorizar las intervenciones telefónicas y la adopción de medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales por parte del Centro Nacional de Inteligencia desde 2009. En enero de 2024, precisamente, el escándalo de las intervenciones masivas de teléfonos a dirigentes independentistas con el sistema Pegasus llevó al gobierno a desclasificar los documentos secretos del espionaje, lo que afloró la razón por la que el CNI pidió al juez Lucas pinchar en 2020 el teléfono móvil de Pere Aragonés, entonces vicepresidente de la Generalitat de Catalunya en por las sospechas de que dirigía los Comités de Defensa de la República (CDR). El juez dio luz verde. En total se espió a 18 líderes independentistas.

Ahora, a la luz de la vigencia de la ley de paridad no hay forma de evitar que la nueva presidenta sea una mujer porque el flamante CGPJ estaría vulnerando el porcentaje mínimo del 60%-40%.
Pero una vez renovado el CGPJ y ante la apertura de un nuevo ciclo, ¿no sería aconsejable para la presidencia una figura neutral?

“La presidencia requiere una personalidad con apariencia, al menos desde el comienzo, de neutralidad. Y Pablo Lucas no la tiene por sus recientes decisiones, reiteradas, contra varios nombramientos en instituciones del Estado, la Fiscalía, el Gobierno y los partidos nacionalistas por su condición de magistrado que autorizó las intervenciones telefónicas del CNI, incluyendo a Pere Aragonés ¿No se advierte que elegir presidente del TS y CGPJ un magistrado claramente enfrentado desde el inicio con el Ministerio Fiscal y el Poder Ejecutivo, sería un error?”, señala un magistrado a El Periódico de Catalunya.

Otra fuente judicial insiste en que una de las objeciones de Pilar Teso, que vienen, sobre todo de la Asociación Profesional de la Magistratura -7 de los 10 vocales están afiliados a la poderosa APM-, es que se trata de “la candidata de Bolaños” en alusión al ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pero es que Pilar era la candidata del PSOE y del PP durante las negociaciones de estos años precisamente por su perfil neutral. Los que la han abandonado, en todo caso, son los del PP”.

En fin, el 2 de septiembre es la tercera tentativa. Habrá que ver si a la tercera, la vencida.