Hoy: 8 de septiembre de 2024
Informa Confilegal que las acusaciones populares personadas en la Audiencia Nacional contra los 13 miembros de los grupos subversivos separatistas Comités de Defensa de la República (CDR) y Equipo de Respuesta Táctica (ERT), han presentado su escrito de acusación en el que solicitan penas que van de los 8 a los 33 años por los delitos de rebelión, terrorismo, fabricación de explosivos, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños y otros relacionados con la seguridad del Estado.
Estos 13 acusados se encuentran en el paquete de futuros amnistiados contemplado en el proyecto de ley de amnistía, presentado por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados para obtener el apoyo de los 7 votos de los independentistas de Junts en la investidura de Pedro Sánchez.
La firma Fuster-Fabra Abogados detalla la participación de los acusados en la creación y operación de los Comités de Defensa de la República (CDR) y el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), así como su presunta participación en acciones violentas y subversivas. De acuerdo con Fuster-Fabra Abogados, los CDR se constituyeron como una organización independentista de carácter criminal, que organizaba acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el territorio catalán.
El ERT, por su parte, surgió para alcanzar la independencia de Cataluña «por cualquier vía, incluidas las violentas», y se describe su organización jerárquica y sus actividades violentas, incluyendo la fabricación de explosivos y la realización de atentados.
La ocupación del aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019 con la finalidad de paralizar la actividad de la infraestructura provocando la cancelación de 110 vuelos, los disturbios violentos consistente en el lanzamiento de objetos frente a las Fuerzas de Seguridad del Estado durante una concentración alentada por los CDR en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona y el corte y bloqueo del paso transfronterizo entre España y Francia el día 12 de noviembre de 2019, forman parte de las acciones subversivas y por la que los 13 miembros están puestos a disposición judicial.
Las penas solicitadas varían en función de los cargos presentados y la presunta participación de cada acusado en los hechos descritos en el escrito de acusación. Además, se solicita la medida de libertad vigilada durante 8 años para todos los acusados y la condena en costas a los acusados, por ser criminalmente responsables de los delitos cometidos.
8 años de prisión e inhabilitación absoluta para: Ferrán Jolis Guardiola, Guillem Xavier Dich Palau, David Budria Altadill, Clara Borrero Espejo y Xavier Buigas Llobet.
10 años de prisión y libertad vigilada durante 8 años para: Eduardo Garzón Bravo.
13 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta para: Jordi Ros Sola.
10 años de prisión, libertad vigilada durante 8 años e inhabilitación absoluta para: Alexis Codina Barberan, Germinal Tomás Aubeso, Esther García Canet, Sonia Pascual Guilar y Queralt Casoliva Rocabruna.
El que obtiene la mayor pena es Rafael Joaquín Delgado López, con 33 años de prisión, inhabilitación absoluta y libertad vigilada durante 8 años.