Más de 1.400 mujeres tienen un alejamiento inferior al recomendado en el sistema de pulseras

22 de noviembre de 2026
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a medios para hablar de los asesinatos de violencia de género, a 30 de noviembre de 2023, en Madrid (España) / Europa Press - Archivo

Igualdad pide a los jueces fijar distancias suficientes y los técnicos de Cometa aconsejan al menos 500 metros para que el sistema funcione mejor

Las pulseras telemáticas para maltratadores estarán en el centro del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El sistema depende del Ministerio de Igualdad, que lo gestiona con una empresa privada. Además, está bajo la lupa europea por un presunto fraude con fondos comunitarios.

El informe de Cometa, centro dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recoge 5.817 expedientes abiertos. De ellos, 1.415 corresponden a mujeres con una orden de alejamiento inferior a 350 metros, la distancia mínima recomendada. En 25 casos es menor de 100 metros, en 139 está entre 100 y 199 y en 1.251 entre 200 y 350.

Por encima de ese umbral, el informe contabiliza 43 expedientes con órdenes de entre 351 y 399 metros, 3.935 fijadas en 500 metros y 383 con un radio superior. Los técnicos de Cometa señalan que el protocolo del sistema aconseja una distancia de al menos 500 metros para que sea más eficaz. Añaden que el fabricante recomienda no bajar de 350 metros para que funcionen bien los dispositivos de localización por GPS.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó en redes sociales que los jueces deben fijar órdenes de alejamiento con distancia suficiente. Aseguró que el ministerio se lo ha recordado en varias ocasiones y que ha ofrecido formación de forma reiterada.

En febrero, Igualdad ya había advertido de que los perímetros de menos de 350 metros dificultan la protección de las víctimas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pidió por carta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía garantizar la efectividad del sistema. Advirtió de que con menos distancia resulta muy complicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lleguen a tiempo.

Fallos, auditorías e investigación europea

La polémica estalló en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria de absoluciones de agresores por fallos en los dispositivos y problemas con el prestador. Ocurrió tras cambiar la empresa adjudicataria del sistema Cometa. El Congreso aprobó una iniciativa para exigir el cese de la ministra Ana Redondo y reclamar una auditoría urgente. El sistema volvió a registrar una incidencia técnica el 11 de noviembre de 2025, que afectó a las llamadas y a las alertas por proximidad por Bluetooth. Igualdad tuvo que activar el protocolo de protección de las víctimas. Un día después, la Comisión Europea confirmó que examinaría los fallos y evaluaría si ponían en riesgo los fondos de recuperación de la Unión Europea para este equipamiento.

El 12 de enero de 2026, el Tribunal de Cuentas anunció que fiscalizaría la contratación y el control de las pulseras. El 20 de enero, el Gobierno aprobó una nueva licitación de más de 71 millones de euros para gestionar el servicio hasta 2029, con el objetivo de reforzar el sistema. El 6 de marzo, Igualdad resolvió imponer una sanción de 25.285 euros a Vodafone, empresa adjudicataria del servicio, por la incidencia técnica de noviembre. El 24 de marzo, el Parlamento Europeo acordó mantener abierta una petición ciudadana sobre los fallos mientras Bruselas aclaraba el impacto en los fondos comunitarios.

El 23 de septiembre, el Tribunal de Cuentas publicó su auditoría, que alertaba de graves deficiencias en la contratación y en el seguimiento del sistema. El órgano recalcó que, en servicios para proteger a víctimas, debe primar sobre todo la calidad. El 12 de noviembre, la Fiscalía Europea anunció una investigación por un presunto delito de fraude con fondos de la Unión Europea destinados a las pulseras. Las diligencias se dirigieron desde la oficina de Madrid con apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Incluyeron recabar documentación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

Cómo funciona el sistema y el caso de Ibiza

Igualdad tiene contratadas con una empresa privada la instalación, la monitorización y la desinstalación de los dispositivos. Corresponde a la autoridad judicial decidir que una prohibición de aproximación se controle con este sistema. El sistema busca tres objetivos: garantizar la seguridad de la víctima y contribuir a su recuperación, documentar un posible quebrantamiento de la prohibición y disuadir al investigado.

En febrero, una mujer resultó herida de gravedad en Ibiza presuntamente a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor. Igualdad aseguró que el control telemático funcionó correctamente y que el sistema registró y transmitió las señales previstas conforme al protocolo. Añadió que la orden era de 100 metros, una distancia reducida que, aunque se cumpla desde el punto de vista operativo, limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.

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