HazteOír amplía su querella contra la directora de Registros

La asociación aporta un escrito de octubre de 2022 en el que Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, prometía aplicar una norma de forma estricta, contradiciendo su propia instrucción firmada cuatro días después

HazteOír.org ha presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid una ampliación de la querella que mantiene contra Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por un presunto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.

El escrito, fechado el 8 de julio y dirigido por los letrados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Juana Lozano, se suma a las diligencias previas 2051/2026 y añade once nuevos hechos —del Duodécimo al Vigésimo Segundo— que, según la parte querellante, refuerzan el elemento subjetivo del delito sin variar la calificación jurídica inicial.

El origen: una instrucción que «desbordó» la ley

La querella original imputa a Puente haber dictado, el 25 de octubre de 2022, una instrucción de aplicación de la Ley 20/2022 —la conocida como «ley de nietos», que amplió el derecho a la nacionalidad española de los descendientes de exiliados— que habría dispensado a los solicitantes de acreditar la condición de exilio exigida por la norma, generando lo que la asociación califica de resultado «materialmente injusto».

El hecho nuevo más relevante lo aporta un documento revelado por el diario El Debate: un escrito de una reunión celebrada el 18 de octubre de 2022 —tres días antes de entrar en vigor la ley y siete antes de la instrucción cuestionada— en el que el Ministerio de Justicia comunicó a distintos colectivos de descendientes de españoles que la norma no ampliaría la vía a quienes no acreditasen exilio y que la instrucción «se ceñiría siempre al texto de la ley». Para los querellantes, esa manifestación escrita, contradicha días después por la propia instrucción, constituye el séptimo de una serie de indicios de dolo directo que atribuyen a Puente.

El escrito añade además que, en septiembre de 2023, la propia Puente respondió a una resolución del Consejo de Transparencia negando que existiera acta alguna de aquella reunión —una afirmación que la aparición del documento pondría en entredicho.

El documento actualiza las magnitudes del proceso: en torno a 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la nueva disposición, más de 544.000 expedientes aprobados a marzo de 2026 y un Censo de Residentes Ausentes (CERA) que roza los 2,7 millones de inscritos, con un crecimiento del 18,5% desde octubre de 2022.

Según el escrito, ese crecimiento se concentra de forma desproporcionada en la circunscripción de Madrid —un 34,3%, frente al 8-9% de provincias de emigración histórica como La Coruña o Pontevedra—, precisamente la única circunscripción en la que el voto exterior alteró un escaño en las generales de 2023.

La querella cita también los comicios andaluces de mayo de 2026, en los que el partido en el Gobierno, derrotado en el voto emitido en España, se impuso en el voto CERA, un patrón que la parte querellante dice haber constatado igualmente en Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Contratación en Cuba y externalización

El escrito incorpora datos sobre la gestión de los expedientes procedentes de Cuba —más de 350.000 solicitudes—, cuya tramitación se aceleró mediante contratos suscritos en enero de 2025 entre el Consulado español en La Habana y la Empresa Empleadora PALCO, calificada en el propio escrito como «empresa estatal única suministradora de personal» del régimen cubano, por un importe conjunto superior a 1,3 millones de euros. La documentación acreditativa cubana, señala la querella, carece de apostilla de La Haya al no ser Cuba parte del convenio.

La tramitación en el consulado de Buenos Aires, añade el escrito, fue externalizada a la empresa pública Ineco.

Como precedente de la trazabilidad informática de los expedientes, la ampliación recuerda que la Guardia Civil accedió en junio de 2026, por orden judicial, al historial completo de accesos al expediente de nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, concedida en 2025 pese a haberle sido denegada dos veces por residencia.

Uno de los hechos más significativos del escrito, atribuido a una información de The Objective, sostiene que Puente firmó la instrucción sin conocimiento de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, de quien dependía jerárquicamente, y que la ley había sido impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, entonces dirigido por Félix Bolaños, con quien la querellada mantenía una relación de cercanía.

El escrito recuerda que Bolaños, al asumir la cartera de Justicia en noviembre de 2023, promovió a Puente a la Secretaría General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia.

A ello se suma que, según El Debate y The Objective, varios consulados se resistieron a aplicar la instrucción y que el Ministerio de Asuntos Exteriores elevó una consulta formal al respecto, tras la cual Puente se ratificó en su contenido. Para la parte querellante, esa ratificación pese a las advertencias constituye un noveno indicio de dolo.

Diligencias solicitadas y medidas cautelares

La asociación pide la citación como testigos, entre otros, de la propia Pilar Llop, de Félix Bolaños, del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares y de responsables de las direcciones generales implicadas, así como la aportación del acta de la reunión de octubre de 2022 y de una hipotética instrucción previa, no publicada, del 20 de octubre de ese año.

El escrito reitera además la solicitud de medidas de conservación de la documentación, ante lo que considera un riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, y se reserva expresamente la posibilidad de ampliar la querella contra quienes resulten inductores del cambio de criterio.