Desde 1979, año de la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), no se ha tocado para nada la normativa legal
“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se fin- de en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar seguridad y felicidad.”
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
El próximo día 12 de diciembre se ha convocado una manifestación delante de todas las cárceles de Madrid en protesta y reivindicación de la defensa de los Derechos Humanos de los presos (comunes).
¡Si no lo leo, no lo creo!
Hace ya muchos años, así como 50, que las cárceles españolas no vivían momentos tan problemáticos como los que están viviendo en estos momentos. Fue en la década de los 70 y principios de los 80, con la muerte de Franco y la entrada de los primeros gobiernos democráticos. ¡Y sí! También fue causada por un indulto, no general, tan solo parcial, un indulto para los presos “políticos”, esto es, para los amiguetes de los que gobernaban.
No quiero decir con esto que este malestar que sentimos ahora los presos y nuestras familias sea causado única y exclusivamente por el indulto a los “catalinos”. ¡No! Pero sí es una gota más que está colmando el vaso.
Desde 1979, año de la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), no se ha tocado para nada la normativa legal. Los Reglamentos del 81 y del 96, el Código Penal, o mejor dicho, las sucesivas reformas del mismo, tan solo han ido encaminadas al endurecimiento de las penas, favoreciendo siempre a la facción vindicativa, en detrimento de quienes ven la cárcel como una oportunidad de resocialización y reeducación.
Desde comienzos de siglo, tan solo se han visto endurecimientos de las penas, ampliaciones de estas y sucesivas trabas para conseguir los ansiados permisos y el acceso al tercer grado, que cada vez llegan más tarde y peor.
A ello se le suma el cambio de la Jefatura del Estado sin que nadie se acuerde de los presos, algo que en cualquier país sucede, incluso en esos que llamamos menos civilizados que el nuestro, concediendo un indulto, aunque sea parcial.
Posteriormente, los presos vemos como tan solo ingresan en prisión los “robagallinas” y los hombres que han osado discutir con su mujer. Los políticos corruptos la eluden con la anuencia de Tribunales compuestos por miembros pagados de favores y gobernantes afines. Los amiguetes ven rebajadas las penas de una manera totalmente desmesurada por unos fiscales corruptos de poder y protagonismo, para no entrar en prisión, mientras se les otorga un puesto de asesor o de consejero delegado de una multinacional amiga son un sueldo millonario para pagar el silencio y que no tiren de la manta.
Por último, somos testigos de cómo se comercia con los votos de los Diputados tan solo para permanecer en la poltrona un tiempo más. Se indulta a los “catalinos”, se concede la transferencia de prisiones al Gobierno Vasco, (algo que llevan esperando 50 años) para favorecer tan solo a los presos etarras, etc., etc.
La administración penitenciaria, la Dirección General, también tiene la culpa de ese malestar. Se supone que también debe velar por que se respeten los Derechos de los presos. Pero eso es algo que no les preocupa lo más mínimo. Creo que nadie, ni presos ni familiares, están pidiendo la libertad, algo, por otra parte, totalmente legítimo. Estamos pidiendo que se respeten la Constitución, la LOGP, los tratados internacionales ratificados por España con respecto al tratamiento de los presos, en definitiva, que se respeten los Derechos de los presos, que, por el mero hecho de serlo, no los hemos perdido.
La DGIIPP no hace nada al respecto. Se acobarda cuando los directores de prisiones se plantan. ¡Aquí mando yo! Como cuando el Sr. Valdivieso se le plantó al Sr. Director General. ¡Soy el Marqués de Estremera y en mi feudo mando yo! ¿Qué tienen los directores de prisiones contra el Director General que éste no cesa a los directores díscolos y les permite esas salidas de tono? ¡Algo habrá!
Como dice mi profesor Antonio Torres del Moral: “Un Derecho vale jurídicamente lo que valen sus garantías”. Los derechos de los presos no están garantizados, ni por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, ni por la Dirección General de IIPP. Por lo tanto los presos de España carecemos de Derechos.
Leo en los artículos que denuncian el trato recibido por el preso Flores, que el director de la cárcel “ordenó” su traslado. ¡No! El director lo pide y la Dirección General lo ordena. Le pide a la Guardia Civil que los traslade. Cuando se te muere la madre, como me pasó a mí en el año 2022, te ofrecen un permiso extraordinario, escoltado por la Benemérita y engrilletado, siempre y cuando la Guardia Civil tenga medios y personal disponibles. En mi caso no fue así, por ello no pude despedirme de mi madre.
Si lo pide el “baranda”, al día siguiente, el preso recalcitrante, está de camino a alguna otra cárcel cuyo director es amiguete y que le dará una “calurosa” bienvenida al reo en cuestión.
Pero es la Dirección General la que lo ordena y moviliza los medios y el personal necesario a petición del “baranda” de turno.
¿Puedes recurrir? ¡Sí, claro! Pero la “cunda” ya está realizada y posiblemente, la queja, se pierda, se retrase o simplemente te la tire a la cara el funcionario que está ese día en la “pecera”. Si tienes suerte, a los seis meses te contesta el Juzgado de Vigilancia denegándote la queja porque el traslado ha sido efectuado por tu propio bien y seguridad a tenor del informe del centro y amparando dicho traslado en el artículo 75.2 del Reglamento.
También hay que recordar que es la Dirección General la que, en definitiva, concede los permisos y las progresiones de grado, que después ratifica mediante Auto el Juez. Y por ello son tan culpables como los equipos técnicos y los directores de las prisiones en la vulneración de los Derechos de los presos.