El órgano judicial encargado de la organización de las sedes de Plaza de Castilla ha autorizado que Begoña Gómez acceda por el garaje de los juzgados en su próxima comparecencia, prevista para este miércoles a las 18:00 horas, en la que deberá entregar su pasaporte ante el letrado.
La medida se adopta tras una solicitud del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que pide mantener el dispositivo habitual de entradas alternativas por motivos de seguridad, como ya ha ocurrido en anteriores citas judiciales de la investigada.
En el escrito remitido al juzgado, el departamento de seguridad alude a la presencia de concentraciones de personas en las inmediaciones en comparecencias anteriores, con pancartas, gritos e insultos, así como a convocatorias en redes sociales de grupos críticos con el Gobierno. Según el informe, este contexto podría suponer un riesgo tanto para la seguridad de Begoña Gómez como para el normal desarrollo de la actividad judicial.
El tribunal ha tenido en cuenta también el informe de la empresa de seguridad Secoex, encargada de la vigilancia de la sede judicial. En él se señala que en las anteriores comparecencias de Begoña Gómez no se han producido incidentes dentro del edificio ni alteraciones del servicio de seguridad, y que es posible reforzar el dispositivo de seguridad habitual para garantizar la protección sin afectar al funcionamiento normal de los juzgados.
Con estos elementos, la Presidencia del órgano judicial ha autorizado el acceso exclusivo de la mujer del presidente del Gobierno por el garaje, para entregar su pasaporte como medida cautelar ante un posible riesgo de fuga.
La resolución establece que su defensa de Begoña Gómez deberá acceder por la entrada habitual destinada a profesionales y los medios de comunicación tendrán el acceso restringido a zonas habilitadas y bajo supervisión del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La decisión se adopta como una medida excepcional dentro del protocolo de seguridad de la sede judicial, en un procedimiento de alta repercusión mediática en el que el tribunal busca compatibilizar la protección de los intervinientes, el funcionamiento normal de los juzgados y el derecho a la información.