La alcaldesa afirma que se acogió a una ley catalana para evitar el desahucio de familias extremadamente vulnerables
La jueza ha citado a declarar como imputados a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a dos de sus concejales por la querella de un fondo buitre, Vauras Investments. La denuncia, en la que se acusaba al Ayuntamiento de tener “connivencia” con unos “okupas”, resultó archivada. Pero la Audiencia de Barcelona corrigió el criterio de la jueza instructora y ordenó reabrir la causa.
En el Ayuntamiento de Barcelona no están sorprendidos por este tipo de querellas. Es una de tantas de las que se reciben de cuando en cuando en el Consistorio, por parte de Fondos Buitre o de grandes empresas en los últimos años. La querella que nos ocupa, se refiere al caso del edificio de la Calle de Lleida, en 2017.
En aquella época, un colectivo de activistas por el derecho a la vivienda ocupó un edificio de la Calle Lleida para familias vulnerables y lo rebautizó como ‘Bloque Llavors’. En ese momento, la nueva propiedad, Vauras Investments, estaba finalizando los contratos de todos los inquilinos del edificio para echarles, reformar los pisos y venderlos o alquilarlos a un precio más caro. El bloque permaneció ocupado durante años y se convirtió en un símbolo para el movimiento por la vivienda. Fue desalojado finalmente en 2021.
Colau ha remarcado que el Ayuntamiento aplicó la ley antidesahucios catalana, la 24/2015. “Si querían echar a las familias debían ofrecer un alquiler social. Había casos de vulnerabilidad acreditada“, sostiene. Aún así Ada Colau tendrá que comparecer a declarar como investigada el próximo 13 de marzo. También lo harán los ediles de Vivienda, Lucía Martín, y de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, así como una funcionaria del área de vivienda del consistorio, el día 10. La alcaldesa afirma que no se podía dejar a esa gente en la calle y que contaba con informes que demostraban “vulnerabilidad extrema”.