Abortada la maniobra del CGPJ para colocar en el Tribunal Superior de Madrid a un juez ‘antiAyuso’, bestia negra del ‘sanchismo’

Las presiones del PP al conocer por este digital la jugada ha roto la maniobra de los progresistas: ascender a la Sala de lo Militar al actual presidente del TSJ de Madrid y ocupar su vacante con un juez afín

La jugada tramada por el sector progresista/sanchista del Consejo del Poder Judicial para, con apoyo de los conservadores, colocar a un juez afín en la presidencia del Tribunal Superior de Madrid que mareara con paseíllos judiciales a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, enemiga acérrima de Pedro Sánchez, ha quedado abortada.

La noticia de Fuentes Informadas dando cuenta de la jugada que tenían preparada los vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial para contentar al presidente Pedro Sánchez causó estupor en el PP de Madrid y entre muchos jueces.

Fue la comidilla durante en la huelga que estos mantuvieron el pasado miércoles para protestar por la reforma judicial que proyecta el presidente del Gobierno. 

Al conocer los intringulis de lo que preparaban los vocales del Consejo afines a Sánchez con el apoyo tácito de al menos tres vocales conservadores, el PP de Madrid pidió explicaciones.

Según fuentes del Consejo, a instancias de la Comunidad hubo algún contacto con algunos vocales. Estás fuentes citan a José Antonio Montero, uno de los cabecillas del sector conservador del CGPJ.

[Pero Montero ha desmentido contundente esta mañana que alguien del PP se haya puesto en contacto con él y también que él haya pactado o tenido algo que ver en esta operación].

Montero también niega haber pactado con Seijo, cabecilla del ala progresista, nombrar en un próximo pleno al conservador Celso Rodríguez Padrón para una de las dos plazas vacantes que hay en la Sala de lo Militar.

Con independencia del mayor o menor protagonismo de uno u otro vocal, lo cierto es que había un pacto entre ambos sectores, cuanto menos verbal, siempre según los citados medios, y que este iba más allá del ascenso de Rodríguez Padrón

El pacto consistía en permitir a los vocales progresistas hacerse con la vacante que eventualmente dejaba el actual presidente del TSJ de Madrid.

Y poner al frente del alto tribunal madrileño a un juez afín al sector sanchista, para edulcorar la boca al presidente del Gobierno.

El sector progresista disponía incluso de los 13 votos, mayoría absoluta (del total de 21 vocales que tiene el Poder Judicial) necesarios para nombrar a un alto cargo judicial, de presidente de Tribunal Superior hacia arriba.

Cambio de cromos con retranca

Con esos 13 votos, el pacto permitía elevar al Tribunal Supremo a Celso Rodríguez Padrón, y que los progresistas designaran luego al presidente del Tribunal Superior de Madrid.

Este es el tribunal que ve los asuntos judiciales de los aforados de la Comunidad de Madrid y, obviamente, los que eventualmente puedan afectar a la bestia negra del sanchismo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Una pata de ese pacto antiAyuso era la fiscalía de Madrid, cuya jefa, Pilar Rodríguez, tiene dadas órdenes a sus fiscales para que traten por todos los medios de llevar a la vía penal el tema de los ancianos muertos en las residencias durante la pandemia, según fuentes jurídicas.

Cerca de 70 jueces de la Comunidad de Madrid han archivado las denuncias interpuestas incluso contra aforados de Madrid, entre ellas, la presidenta Ayuso, por estas muertes. Puesto que ni los jueces ni la mayoría de los fiscales ven delito en este asunto.

Es más, un grupo de fiscales ha elevado a la fiscal jefa provincial un informe donde señalan que el asunto de las residencias, en caso de que se demuestre una deficiente atención a los ancianos, más que un tema penal es un asunto de responsabilidad patrimonial.

Es decir, si la Administración sanitaria madrileña no facilitó a sus enfermos una atención adecuada durante la pandemia, se estaría ante un asunto administrativo donde cabe reclamar daños y perjuicios a los responsables sanitarios.

La vía penal

Pero la fiscal jefe de Madrid, que ha sido procesada por el Tribunal Supremo junto al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en contra del novio de la presidenta Ayuso, está empeñada en que el asunto discurra por la vía penal.

Es ella la que utilizó en un whatsap con García Ortiz el término de más cianuro, en relación con Ayuso.

La fiscalía era, pues, una pata más de la jugada. Si los progresistas lograban colocar un juez afín al sanchismo en el Tribunal Superior de Madrid y, por su lado, los fiscales lograban que algún juez llevase el tema de las residencias por la vía penal, el círculo antiAyuso quedaría cerrado.

Los denunciados en el tema de las residencias de ancianos son aforados y el tema pasaría inmediatamente a manos del Tribunal Superior.

Pero la jugada, en lo que respecta al Consejo del Poder Judicial, se ha caído después de que este digital informase de ella y de que el fin último de la misma era situar a un juez afín al sanchismo en el Tribunal de Madrid.

Sánchez ansía ver a Ayuso dando paseíllos ante los jueces para contrarrestar así la bacanal de corrupción que afecta a su mujer, a su hermano y a quienes han sido sus dos manos derecha en el partido, el ex ministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La juzgada estaba muy calculada. Según fuentes del Consejo, el voto de la ex letrada del Congreso y actual vocal conservadora del Poder Judicial Isabel Revuelta era uno con los que se contaba para la maniobra pactada con los conservadores. O, al menos, entre los cabecillas de ambos sectores. [Revuelta también ha contactado con este digital para negar que ella hubiese tenido intención de prestar su voto para esta operación, en la que también rechaza haber participado].

Esta es su versión, y por eso se pone de manifiesto, si bien este periódico mantiene todo lo publicado, porque así se lo han manifestado diferentes fuentes del CGPJ conocedoras de la ya frustrada operación.

Y es que, como contrapartida a dejarles Madrid, los progresistas acordaron por su lado prestar sus votos a los conservadores para que estos designasen dos de las tres plazas vacantes que hay en la Sala de lo Contencioso del Supremo. No, vosotros una y nosotros, otra. No. Dos del Supremo por una de Madrid, la presidencia del TSJM. Este era el pacto, ya abortado.

Pero cuando algunos vocales, ignorantes de la jugada, se ha enterado lo que subyacía en el pacto, han dado un golpe en la mesa.

Según los citados medios del Consejo del Poder Judicial, todo se ha ido al traste tras la publicación en este periódico de la citada maniobra.

A Celso Rodríguez Padrón le prometieron en el Consejo del Poder Judicial que, si pedía ser nombrado magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, le darían la plaza. Pues la pidió. Y se la iban a dar. Ahora, todo indica que tendrá que esperar.

Hay once aspirantes a esa plaza. Uno de ellos es Jesús Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Cataluña. Este será ahora el elegido, según los citados medios. Lo de Celso, una vez destapada la juzgada, haría mucho ruido.

En la Sala de lo Militar hay otra plaza, aparte de esta citada. Los progresistas quieren que sea para el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. Tiene cursos internacionales y un amplio bagaje jurídico.

Posiblemente es de los aspirantes más preparados y con mejor currículo. Pero los conservadores no lo quieren porque lo ven cercano a las tesis socialistas.

Lo que no se ha caído de la jugada tramada, según fuentes del Consejo, es que la otra plaza que hay en la Sala Militar sea para una mujer, que sería compañera de la progresista Clara Martínez, esposa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Y la forma de elegirla sería singular.

Durante el pleno un vocal progresista alzaría la mano y daría el nombre de una juez progresista. No ha trascendido quién sería esa mujer. Y el pleno, sobre la marcha, reuniría los 13 votos necesarios para elegirla.

Eso sí, sin haber hecho la entrevista que necesariamente hacen los aspirantes a un cargo judicial y sin pasar por la comisión de calificación del Consejo. Ipso facto. Ese es el plan.

Y esta mujer, una vez caído Celso Rodríguez, acompañaría a Jesús Barrientos, presidente del Tribunal Superior de cataluña, a la Sala de lo Militar. Esta es la sala que menos trabajo tiene de entre las cinco que hay en el Supremo.

El Consejo del Poder Judicial, que es el que elige a los altos cargos judiciales en España, tiene 20 vocales, más un presidente: 10 de ellos nombrados por el PSOE y sus aliados, más la presidenta, Isabel Perelló, que también fue nombrada a propuesta socialista.

Los otros 10 vocales fueron elegidos a propuesta del PP. Para elegir a un alto cargo son necesarios, pues, 13 votos, mínima mayoría cualificada.

Lo que obliga a ambos sectores a pactar cualquier nombramiento de alto cargo. Tiene que conformar sí o sí 13 votos.