El juez Pedraz eleva la causa Pujol a la Sala Penal para convocar el juicio

Se perfila el sorteo para determinar la sección de magistrados -primera, segunda o cuarta- que formará el tribunal de enjuiciamiento previsiblemente a partir de septiembre próximo

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, ha elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la causa para fijar fecha de celebración del juicio oral contra el expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley, sus siete hijos, Mercè Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, y diez empresarios.

En la providencia, dictada el pasado 15 de enero, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Pedraz señala que “se da por finalizado dicho procedimiento y, en consecuencia, visto el estado de las actuaciones, elévense las actuaciones a la Sala de lo Penal de la Audiencia Penal para su enjuiciamiento”.

Pedraz abrió juicio oral en esta causa en junio de 2021. Sin embargo, problemas técnicos con la parte documental residenciada en la llamada nube informática de la Audiencia Nacional, llevó a la defensa a plantear por la necesidad de proceder a un expurgo de contenidos.

La defensa solicitó acceso a una copia efectuada desde los discos duros originales en los que se almacenaba todo el procedimiento. Cristóbal Martell, el letrado q1ue coordina la defensa, consideró que esa copia era «la única solución realmente operativa para realizar el expurgo con todas las garantías», protegiendo así «tanto el derecho de defensa como el derecho fundamental a la intimidad» de la familia Pujol, que «ocho años después de las entradas y registros» en sus domicilios tiene derecho –recalcaba en su recurso de reforma– a «acceder íntegramente» al contenido de los dispositivos informáticos intervenidos por orden judicial.

Finalmente, después de dos años largos, en diciembre pasado, según señala el juez en su providencia, la defensa de la familia comunicó la finalización de la tarea de expurgo.

Las partes acusadoras son, tras la retirada de la acusación de Grand Tibidabo, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado (que no acusa al expresident Pujol, pero sí a todos los demás) y la acusación popular de Podemos, personada en la causa, aunque está por ver si finalmente acudirá al juicio.

La acusación ha estimado “desmedido” el patrimonio de los miembros de la familia, quienes habrían ocultado una “ingente cantidad de dinero en Andorra”, producto del favor a “algunos empresarios que resultaron adjudicatarios en distintos concursos públicos de la administración catalana”.

Serán juzgados como autores de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Unos 300 testigos han sido aceptados en la propuesta de pruebas así como varias periciales.

Pujol i Soley cumplirá 94 años el 9 de junio…

Será con toda probabilidad el acusado de mayor edad en un juicio de la Audiencia Nacional.