Montero: “El diseño de los nuevos impuestos no permitirá aplicar ingeniería fiscal que lleve el rendimiento a su práctica nulidad”

La ministra de Hacienda anuncia que “el Gobierno incluirá impuestos, pensiones y sueldos públicos en el pacto de rentas si antes hay acuerdo salarial”

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado en una entrevista en Infolibre este domingo que “el diseño de los nuevos impuestos” a las grandes empresas energéticas y entidades financieras anunciados en el debate sobre el estado de la nación de la semana pasada permitirá que “no se pueda aplicar sobre él ningún tipo de ingeniería fiscal que lleve el rendimiento a su práctica nulidad”. Según ha señalado, ese fenómeno que hay que evitar “ocurre con muchas de nuestras figuras tributarias y, sobre todo, con el impuesto sobre sociedades y con las grandes corporaciones”.

A ese respecto asegura que “no es una originalidad sólo del Gobierno de España”, sino que es una medida están reclamando algunos organismos internacionales como “la OCDE, el BCE o la Comisión Europea”.

“Hay una evidencia global de que en estos momentos hay un determinado sector empresarial que está teniendo unos beneficios por el aumento de los precios energéticos, o va a tenerlos con la subida de tipos”, desliza la titular de Hacienda. De este modo, “es conveniente repartir ese esfuerzo, que no recaiga sólo en la gran mayoría social del país, sino también sobre aquellos sectores empresariales que están teniendo más margen o mejor cuenta de resultados por la inflación”.

De este modo, ha detallado que la medida que ha puesto en marcha el Gobierno es una figura fiscal que permitirá hacer un gravamen sobre empresas energéticas –eléctricas, gasistas y petroleras– y entidades financieras, “con una definición técnica que estamos ultimando y una recaudación de 2.000 millones para las primeras y 1.500 para los bancos cada año”. Eso supondría, según Montero, “7.000 millones adicionales en dos años que permitan financiar el incremento de las políticas dirigidas a las familias”. En ese sentido, ha destacado alguna de las iniciativas anunciadas recientemente como el cheque de 200 euros, “para el que hemos recibido ya más de 300.000 solicitudes y que empezaremos a pagar la próxima semana”.

La ministra ha indicado que los tributos anunciados, los cuales se están ultimando, deben tener “gran solidez y seguridad jurídica, para evitar litigiosidad legal, aunque siempre que se ponen en marcha este tipo de figuras las grandes empresas las recurren a los tribunales”.

De esta forma, ha querido precisar que el impuesto va a afectar “a un volumen muy pequeño” de las empresas de dichos sectores “que facturan unas cifras que ya quisiera la mayoría del tejido productivo de nuestro país”. Por tanto, ha trasladado “absoluta tranquilidad” para “las medianas y pequeñas comercializadoras y distribuidoras” debido a que no están incluidas. En esa línea, a su juicio, “hay que huir del debate nominalista en materia fiscal, sobre quiénes serán los afectados, porque la medida no se dirige a empresas determinadas, sino que hemos puesto un corte donde consideramos que es de mayor justicia, 1.000 millones, sin señalar a ninguna empresa”.

“El pacto de rentas se trata de de conciliar beneficios empresariales con aumentos de los salarios de los trabajadores”

El Gobierno quiere impulsar un pacto de rentas entre los agentes sociales. Por un lado, los sindicatos reclaman que se vaya más allá de los salarios y se incluyan en la negociación los márgenes empresariales. Por su parte, la representación empresarial, pide que entren en el acuerdo las pensiones y los salarios de los funcionarios. Los sindicatos CCOO y UGT han solicitado al Gobierno que diga ya “qué pone encima de la mesa” para conseguir el pacto y le han exigido “medidas fiscales valientes”.

Ante un eventual pacto de rentas, Montero ha informado de que el Gobierno incluirá impuestos, pensiones y sueldos públicos “si antes hay acuerdo salarial”. “Sería un mensaje muy claro a la sociedad que los agentes sociales, una vez más, tuvieran la capacidad que ya han demostrado en este periodo previo, aparte de su compromiso patriótico”, ha afirmado.

En este caso, ha dicho que el pacto de rentas “se trata de cómo el sector privado es capaz de conciliar beneficios empresariales con aumentos de los salarios de los trabajadores”, también “compatibles con una situación de sostenibilidad en el tiempo” para que “no produzcan efectos de segunda ronda”.

No obstante, ha mantenido que “en la medida en que se produzcan avances en materia del acuerdo salarial, el Gobierno está dispuesto a poner encima de la mesa desde la fiscalidad hasta las pensiones, los salarios de los empleados públicos”.

“No en vano, el decreto que acabamos de aprobar podría haber sido parte perfectamente de un pacto de rentas, donde se protege a los más vulnerables, se pide un esfuerzo adicional a las empresas y ayudamos a determinados sectores productivos. Ojalá pudiera haber ido en un pacto de rentas, pero no podía esperar”, ha indicado respecto a la nueva medida del Ejecutivo.

Así, ha zanjado que “se llame o no pacto de rentas, el Gobierno está poniendo cosas encima de la mesa, pero si tiene que poner otras, estamos absolutamente dispuestos”. En definitiva, a su modo de ver, “de lo que se trata es de llegar a ese gran acuerdo con la contribución de todos”.