Un nuevo reglamento garantiza los derechos lingüísticos para personas sordas y sordociegas en España

El uso de la lengua de signos española se regirá por un nuevo decreto a partir del 2 de enero de 2024

El 2 de enero de 2024 entrará en vigor un reglamento que regulará el uso de la lengua de signos española, la inclusión es el fruto de un consenso entre organizaciones de personas sordas y sordociegas.

Asimismo,organizaciones y consenso respaldan el reglamento que promueve la inclusión y la libre elección de lengua.

En este sentido,el reglamento garantiza la libre elección de lengua entre la lengua de signos española y la lengua oral, y establece condiciones para el uso de medios de apoyo a la comunicación oral.

La aprobación del reglamento en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) marcan un hito en los derechos y la inclusión de las personas sordas y sordociegas.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) celebra este logro tras 16 años de lucha y perseverancia.

A Través, de este reglamento adapta la legislación española a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, considerando las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas de 2019.

Es por ello,que la regulación abre nuevos ámbitos y oportunidades para el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral.

El apoyo del movimiento CERMI respalda el consenso alcanzado por las organizaciones de personas sordas y sordociegas en la creación de este reglamento.

El reglamento se alinea con estándares internacionales y principios de igualdad de oportunidades, posicionando a España a la vanguardia en inclusión lingüística.

LA CNSE Destaca la importancia de esta regulación para la comunidad sorda y sordociega, celebrando el resultado positivo tras años de esfuerzo y perseverancia.

La diversidad lingüística y la accesibilidad comunicativa son pilares fundamentales de una sociedad inclusiva, y este reglamento representa un avance significativo en la protección de los derechos lingüísticos.