La Policía Nacional recibe casi 37.000 solicitudes para opositar tras eliminar el requisito de altura

Para el acceso a la escala Ejecutiva se han registrado 3.185 solicitudes, mientras que para la oposición de ingreso a la Escala Básica se han recibido un total de 33.778 instancias para participar en las pruebas

La Policía Nacional ha recibido un total de 36.963 solicitudes para participar en los procesos selectivos de ingreso en las escalas Básica y Ejecutiva tras las últimas novedades que se han introducido este año de eliminar el requisito de altura y que las mujeres puedan aplazar sus pruebas si se encuentran en período gestante.

Según ha explicado el Ministerio del Interior en un comunicado, para el acceso a la escala Ejecutiva se han registrado 3.185 solicitudes, mientras que para la oposición de ingreso a la Escala Básica se han recibido un total de 33.778 instancias para participar en las pruebas.

Por géneros, las solicitudes de acceso a la Escala Ejecutiva realizadas por mujeres cuentan con un porcentaje superior al 50% de la modalidad, mientras que el porcentaje que representa las solicitudes de mujeres en la Escala Básica no llega al 35%.

Este año todo el proceso de inscripción se ha llevado a cabo de forma telemática. Además, se han eliminado el requisito de altura mínima para el acceso a ambas escalas y la prueba de ortografía como examen independiente para el ingreso en la Escala Básica. Asimismo, a partir de ahora las mujeres podrán aplazar sus pruebas de selección si están en período gestante, de parto o de postparto.

Este aplazamiento también será efectivo para la realización o finalización del curso de acceso a las prácticas policiales correspondientes si cualquiera de esas situaciones se produjese una vez superadas las pruebas de ingreso. En estos casos, tanto las mujeres como los hombres que deban aplazar su incorporación al curso de ingreso por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento de un menor serán dados de alta como funcionarios en prácticas, por lo que no verán reducida su antigüedad en la función pública.