La magistrada progresista Montalbán será ponente de la recusación de los dos magistrados del TC

El PSOE plantea, como Unidas Podemos, que los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez sean apartados de la votación del recurso del Partido Popular por tener interés directo en paralizar las reformas del Congreso porque les permitiría continuar en sus cargos ya vencidos.

La tramitación del incidente de recusación presentado por el grupo parlamentario de Unidas Podemos y la decisión del del PSOE en el mismo sentido para apartar a los magistrados Pedro González-Trevijano, presidente, y Antonio Narváez, cuyos mandatos vencieron el 12 de junio de 2022, en el recurso de amparo del Partido Popular, corresponderá por turno, a la magistrada del sector progresista Inmaculada Montalbán.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) deberá resolver el próximo lunes, día 19 de diciembre, el incidente de recusación al abordar la admisión a trámite del recurso, y antes de votar sobre la suspensión solicitada por el Partido Popular de las enmiendas legales -ya aprobadas por el Congreso de los Diputados el pasado jueves por 184 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención- y la prohibición de su tramitación en el Senado.

Fuentes próximas a la coalición gubernamental señalaron a El Periódico de Catalunya que al escrito de personación presentado por el PSOE el miércoles 13 por la noche se une ahora una petición en el sentido de que los dos magistrados citados se abstengan o sean recusados por tener un interés directo en la causa.

Cumplir la Constitución

Ya Unidas Podemos señalaba en su escrito del pasado miércoles, que “los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la Constitución“. Esa proposición de ley ya ha sido aprobada en el Congreso al día siguiente de la presentación de ese escrito. ¿Qué significa este interés directo de los dos magistrados en román paladino?

Al convertirse el 22 de diciembre la norma aprobada en el Congreso de los Diputados -permite renovar parcialmente el TC, en este caso con el nombramiento de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, propuestos por el Gobierno- se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso provocará dos decretos de cese de los magistrados caducados González-Trevijano y Narváez y dos decretos de nombramiento de Campo y Díez. Si González-Trevijano y Narváez votan el lunes 19 junto con los otros 4 magistrados conservadores anular la norma aprobada en el Congreso y prohibir al Senado su conversión en ley, ambos continuarán indefinidamente en sus puestos. No puede, pues, ocultarse su interés directo en el asunto.

Ya en el intercambio de puntos de vista en el atípico Pleno del TC el pasado jueves, el sector conservador expresó su posición contraria a admitir la personación de los dos partidos y a someter el incidente de recusación al Pleno. Su argumento: en rigor no hay recurso, porque todavía no ha sido admitido a trámite. Y eso valdría, se dijo, también para el incidente de recusación. Es decir: estos asuntos no deben ser una barrera para decidir sobre las medidas cautelarísimas.

Cambio relevante

El sector conservador quería el jueves 15, pues, abortar la proposición de ley. Pero habida cuenta del escaso tiempo disponible para estudiar el recurso y los informes contradictorios de los letrados, el presidente sugirió que los cinco magistrados del sector progresista pidieran el aplazamiento y que él lo concedería, lo que ha aplazado el Pleno al lunes 19.

Pero este retraso implica un cambio relevante. Lo que el PP buscaba era paralizar la tramitación de unas normas. Estas ya han sido aprobadas en el Congreso; ahora solo falta que pasen por el Senado. Por tanto, la confrontación que el PP impulsa, del TC con el poder legislativo, ha crecido de dimensión y es bastante más que una injerencia. Se trata de imponer un veto en toda regla creando una especie de derecho de veto del TC a través de un “superrecurso de amparo” para cortocircuitar leyes antes de que se aprueben en el Congreso.

Los magistrados del sector conservador estiman que el PSOE y UP no debe ser oídos ya que el PP pide medidas cautelarísimas -inaudita parte- extraordinarias y sumarísimas, sin dar la posibilidad a que la parte contraria, la que ha impulsado la nueva ley, pueda aportar sus argumentos. ¿Será posible ignorar el lunes próximo la existencia de los escritos de personación y de recusación, y poner la directa entrando en la aprobación de las medidas cautelarísimas?

Cualquier alegación a favor de inadmitir esos escritos o de no tenerlos en consideración vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y el TC no debería ser el instrumento para vulnerarla. El trámite de la recusación requiere nombrar a un ponente que asume la tarea de dictar un auto en el que propone la admisión o no de la recusación, habida cuenta de que ambos magistrados, por lo que ya es conocido en el tribunal de garantías, no se abstendrán voluntariamente.

Arnaldo: saltarse la personación y recusación 

Al nombrar al ponente, todo el procedimiento del amparo del PP queda suspendido y los dos magistrados deben ser apartados cautelarmente hasta que se resuelva la recusación. El auto, en este caso, el de la magistrada Montalbán, debería ser sometido a un Pleno que será necesario convocar. Todo esto supone tiempo e implica que las medidas de suspensión y prohibición al Senado de que convierta en ley las reformas aprobadas en el Congreso, no pueden materializase antes del jueves 22, cuando se vota en el Senado.

Fuentes consultadas señalan que el citado auto de la ponente debería ir al Pleno posterior al de este lunes 19, es decir, al que se convocará después de Navidades. Pero en ese caso, ni González-Trevijano ni Narváez volverían al TC porque cesarían el 23 o 24 de diciembre, después de que las nuevas normas se convertirán en ley. Solo con el mero hecho de designar ponente en la recusación, pues, sería suficiente para paralizar el golpe.

Por eso la batalla en torno al incidente de recusación será crucial. Porque al debatirse la admisión a trámite del recurso de amparo -antes de resolver sobre las medidas cautelarísimas-, el magistrado ponente, Enrique Arnaldo, habrá de hacer una pirueta para saltarse la recusación. Es curioso que, precisamente, al dar traslado del expediente a los magistrados la noche del miércoles 14, Arnaldo no incluyera los escritos del PSOE y de Unidas Podemos.

Problema con inventar piruetas no intimidarán a Arnaldo. Tiene una muñeca que funciona. Es un hombre que se caracteriza, que diría Pérez Galdós, por formar parte de aquellos que han hecho grandes carreras por saber contar cuentos o referir bien o plantear con arte los asuntos y cuestiones de todas clases. De ahí el desafío que él, con el apoyo de su grupo conservador está dispuesto a poner sobre la mesa de la sala de plenos de Doménico Scarlatti el próximo lunes. A saber, crear un “superrecurso de amparo” y transformar al tribunal de garantías en un órgano superior, por encima del Parlamento.

Bernd Rüthers, el jurista alemán, ha alertado contra los arnaldos alemanes, quienes, según escribió, han llevado al TC germano a convertir el sistema político en un Estado judicial, un sistema de origen parlamentario transformado en uno donde los jueces son quienes ya no solo deciden el derecho, sino quienes también lo crean.