Defensores de los valores de la Transición exigen la retirada de la reforma que modifica la malversación y la sedición

Requieren a las Cortes Generales la «urgente» tipificación de un «delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas», para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles

La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, exige, a través de un escrito, la retirada de la reforma del Código Penal que modifica y suprime los delitos de malversación y sedición ha sido tomada prescindiendo de los pertinentes informes y debates de los máximos órganos consultivos. «No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda».

La plataforma acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer justificar esta proposición de ley presentada por Unidas Podemos y el PSOE para equiparar «supuestamente» la legislación española con la de la Unión Europea con el pretexto de que «la penalidad en los países europeos es inferior a la existente en España». Sin embargo, afirman, «esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España»

Y explican: «El Gobierno ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a Directivas Europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición».

Por lo tanto, la Asociación rechaza las actuaciones del Gobierno cuyo propósito, «más allá de los retóricos argumentos esgrimidos, no es otro que el de obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos independentistas y anticonstitucionalistas que en esta ocasión exigen la supresión del delito de sedición y la desactivación para unos cuantos del delito de malversación». También afirman que la finalidad de esa imposición no es otra que «eximir de las penas de sedición y de malversación y de la inhabilitación a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática al declarar unilateralmente, la independencia de Cataluña».

Además quieren advertir que con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un «estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente».

Por eso reclama a los grupos parlamentarios «la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación, sedición y tipificación del desorden público agravado», cuyo efecto supondrá agravar las penas de los derechos de reunión y manifestación.

Y requieren a las Cortes Generales la «urgente» tipificación de un «delito contra la Constitución con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas», para evitar un vacío legal que puede dividir aún más la convivencia democrática entre los españoles.