Pedro Sánchez, las 20 grandes mentiras del presidente y candidato socialista. Y las 7 causas judiciales con ‘ciento y pico’ imputados que le rodean. Y David y Begoña…

16 de noviembre de 2026
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Sánchez
Imagen creada con IA de Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán. | Fuente: PP

Un exministro condenado a 24 años, un fiscal general inhabilitado, un hermano condenado en primera instancia y una esposa camino del banquillo: el balance que Sánchez lleva a las urnas del 29-N

Los números de los ocho años de Pedro Sánchez en la Moncloa hablan por sí solos. Ha incumplido 20 promesas o ha hecho lo contrario de lo que juró.

Hay 7 causas judiciales abiertas contra miembros de su Gobierno, de su partido, de su entorno político y de su familia, y 3 de ellas ya han terminado en condena: la de su exministro de Transportes, la de su fiscal general y la de su hermano, que todavía puede recurrirla.

Uno de sus ministros ha sido condenado a 24 años de prisión. Su mujer, su ex número tres en el partido, una militante socialista vinculada a la sede de Ferraz y el expresidente que más le ha apoyado están investigados.

Y la Junta Electoral Central le ha abierto cinco expedientes por usar la Presidencia del Gobierno como tribuna de partido.

Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 con una promesa: limpiar la política española de corrupción. La moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy se presentó en nombre de la regeneración democrática.

Ocho años después, el balance es el contrario. Ha hecho casi todo lo que juró que nunca haría, y buena parte de lo que prometió hacer sigue sin cumplirse.

Los socios que juró rechazar

La primera mentira tiene fecha. En septiembre de 2019, Sánchez aseguró que no podría dormir tranquilo con ministros de Podemos en el Gobierno. Dos meses después, tras repetir las elecciones, se abrazó con Pablo Iglesias y le nombró vicepresidente.

Con Bildu ocurrió lo mismo. En 2015 prometió que nunca pactaría con la formación de Arnaldo Otegi y se ofreció a repetirlo cinco veces si hacía falta. Desde entonces, Bildu ha sido un apoyo estable de sus Gobiernos y de su investidura.

También prometió que no dependería de los independentistas para gobernar. Toda esta legislatura ha dependido de los siete votos de Junts.

Del «traeré a Puigdemont» a la amnistía

Las promesas sobre el procés forman el capítulo más largo. En la campaña de 2019, Sánchez prometió traer a Carles Puigdemont de vuelta a España para que respondiera ante la justicia.

Lo que hizo fue negociar con él su investidura y aprobarle una amnistía.

Garantizó que las condenas del procés se cumplirían íntegramente, y en 2021 indultó a los líderes condenados.

Prometió llevar al Código Penal el delito de convocar referendos ilegales, y nunca lo hizo. Prometió endurecer la respuesta penal a la sedición, y en 2022 suprimió ese delito. En la misma reforma rebajó las penas por malversación, que había asegurado que no tocaría.

La amnistía es la más grave de todas. Él y sus ministros repitieron durante meses que no cabía en la Constitución. Cuando necesitó los votos de Junts, la pactó a cambio de la investidura y las Cortes la aprobaron en 2024. El propio presidente admitió que había hecho «de la necesidad virtud».

El último compromiso incumplido en este terreno es el de la financiación. Sánchez defendía un modelo común para todas las comunidades autónomas y acabó pactando con ERC una financiación singular para Cataluña.

Las instituciones a su servicio

Sánchez presumía de defender la independencia de la Fiscalía. En 2019 lo desmintió él mismo en una entrevista radiofónica: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está».

Después nombró fiscal general a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y más tarde a Álvaro García Ortiz, que ha acabado condenado.

Prometió una radiotelevisión pública independiente, con su dirección elegida por concurso público, y terminó cambiando las reglas para repartir el consejo de RTVE mediante pacto político.

En 2018 prometió una reforma constitucional para limitar los aforamientos, y no se ha hecho. Prometió mantener la posición histórica de España sobre el Sáhara, y en 2022 la cambió con una carta al rey de Marruecos, sin consultar al Congreso ni a su propio socio de Gobierno.

Promesas de gestión que nunca se cumplieron

Tras la moción de censura prometió convocar elecciones «cuanto antes», pero solo lo hizo cuando el Congreso le tumbó los presupuestos.

Ha repetido que un Gobierno sin presupuestos no puede gobernar, y en toda esta legislatura no ha logrado aprobar ninguno. Acusaba a Rajoy de abusar del decreto-ley, y ha gobernado a golpe de decreto.

En esta misma campaña ha llevado a la Diputación Permanente decretos que el Pleno del Congreso le había tumbado. Prometió derogar la reforma laboral y se limitó a retocarla, con buena parte del texto de Rajoy en vigor. Prometió derogar la ley mordaza, que sigue vigente.

Un ministro condenado a 24 años

Las causas judiciales empiezan en el Ministerio de Transportes.

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó por unanimidad al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso de las mascarillas. Su asesor, Koldo García, fue condenado a 19 años y ocho meses, y el comisionista Víctor de Aldama, a cuatro años y medio. En octubre, el Supremo confirmó las penas.

Ábalos no era un ministro cualquiera. Fue el secretario de Organización que levantó el aparato del partido para Sánchez tras las primarias de 2017 y uno de los grandes defensores de la moción de censura. Koldo García había sido escolta y chófer del propio Sánchez.

El número tres, investigado

Su sustituto como número tres del PSOE fue Santos Cerdán, el hombre que negoció la amnistía con Puigdemont en Suiza. Hoy está investigado en la Audiencia Nacional por supuesta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. La causa examina supuestos pagos por la adjudicación de obra pública.

La UCO ha documentado indicios de una fuente de ingresos no declarada a través de una sociedad financiada mayoritariamente por una gran constructora. El juez ha ordenado a cinco bancos entregar información de las cuentas de Cerdán y de su entorno familiar: su esposa, su hija, su hermana y su cuñado. Sánchez lo defendió hasta el último momento y solo lo apartó cuando los informes policiales hicieron imposible sostenerlo.

La fontanera de Ferraz

La tercera causa llega a la sede del partido. La Audiencia Nacional investiga una supuesta organización criminal en torno a Leire Díez, militante socialista y excargo en empresas públicas.

Los investigadores intentan averiguar si fondos del PSOE llegaron hasta ella y su entorno a través de una consultora, varios letrados y sociedades instrumentales. El juez ha abierto una pieza económica y ha pedido información a doce entidades bancarias.

A esa investigación se ha sumado otra por supuesto cohecho y tráfico de influencias. En ella se examina si se ofrecieron favores a cambio de información comprometedora sobre guardias civiles de la UCO y fiscales que investigaban al entorno socialista. Si se confirmara, el partido del Gobierno habría intentado desacreditar a quienes lo investigaban.

La mujer del presidente, al banquillo

Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. El juez ha abierto juicio oral contra ella por supuesto tráfico de influencias y malversación, en relación con su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense y el software desarrollado en ella. Las acusaciones populares piden hasta diez años de prisión. La universidad le reclama más de 113.000 euros y la devolución del programa informático.

El Gobierno ha optado por atacar al juez instructor. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a presentar una queja disciplinaria contra él, que el Consejo General del Poder Judicial archivó.

El hermano, condenado en primera instancia

David Sánchez, hermano del presidente, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz por prevaricación, en relación con su contratación en la Diputación provincial.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las acusaciones han pedido que se remita al Tribunal de Cuentas por las retribuciones que cobró.

Un fiscal general inhabilitado

El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La pena fue de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros. García Ortiz se convirtió así en el primer fiscal general condenado en el ejercicio del cargo.

Sánchez defendió su inocencia durante todo el proceso. El Gobierno tiene ahora su indulto sobre la mesa y fuentes del Ejecutivo admiten que podría aprobarse después del 29-N, ya en funciones.

Zapatero, su gran valedor

El rastro judicial alcanza también a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente ha mediado con Puigdemont y es uno de los grandes defensores de Sánchez. Está investigado en la Audiencia Nacional por transferencias recibidas de una consultora extranjera, y el tribunal ha rechazado excluir de la causa el informe policial que las analiza.

Cinco expedientes y una dimisión en campaña

La Junta Electoral Central ha abierto a Sánchez cinco expedientes por usar la Moncloa con fines partidistas. El último fue por la rueda de prensa en la que anunció que volvía a aprobar los decretos de vivienda que el Congreso le había tumbado. En plena precampaña, además, dimitió la portavoz y candidata socialista por Lleida, Montse Mínguez, después de que se conocieran los negocios inmobiliarios de su pareja.

La defensa del PSOE

El PSOE sostiene que Sánchez actuó en cuanto conoció los hechos: expulsó a Ábalos del partido y apartó a Cerdán. Afirma que las causas contra su familia nacen de denuncias de organizaciones ultraconservadoras, que su mujer no ha sido condenada y que los cambios de posición sobre Cataluña sirvieron para normalizar la situación. Las condenas, sin embargo, no las ha dictado la oposición, sino los tribunales.

La regeneración que nunca llegó

Sánchez llegó al poder diciendo que un presidente con corrupción en su partido debía asumir responsabilidades. Ese fue el argumento de su moción de censura. Ocho años después, su primer ministro de Transportes está condenado, su número tres está investigado, la sede de su partido está bajo sospecha, su mujer irá a juicio, su fiscal general ha sido inhabilitado y su hermano ha sido condenado en primera instancia. Con veinte promesas rotas y sin presupuestos, pide a los españoles otros cuatro años.

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