La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla atraviesa uno de los periodos más trágicos de su historia tras registrar dos graves accidentes en apenas diez meses. El primero tuvo lugar en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos, mientras que el segundo se produjo en Urda (Toledo), con al menos 69 muertos y decenas de heridos.
Ambos siniestros suman un balance provisional de 115 víctimas mortales y han multiplicado las dudas sobre la seguridad ferroviaria, las inversiones realizadas y la gestión del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente.
El tramo que atraviesa Toledo y Ciudad Real soporta una elevada concentración de tráfico, con más de 120 trenes diarios de alta velocidad de larga distancia. Estas provincias constituyen el principal enlace entre Madrid y el corredor sur, que transportó cerca de 12 millones de viajeros en 2025 en sus conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada.
Además, la liberalización ferroviaria ha incrementado considerablemente la circulación de trenes, con un aumento del 55,22% de las plazas ofertadas entre 2019 y 2024, lo que ha intensificado la presión sobre una infraestructura inaugurada en 1992.
Las dudas sobre el mantenimiento y la modernización de la línea ya surgieron después del accidente de Adamuz, provocado por la rotura de un raíl. Óscar Puente defendió entonces que la infraestructura estaba sometida a una «renovación integral» desde 2022, con una inversión de 780 millones de euros.
Entre las principales actuaciones figura la sustitución del sistema de seguridad LZB por el ERTMS nivel 2, una tecnología más avanzada cuya implantación debería haber concluido a principios de 2026. Sin embargo, el proceso de contratación y ejecución sufrió retrasos y el sistema antiguo seguía operativo cuando se produjo el accidente de Urda.
El corredor Madrid-Sevilla también ha sufrido otros incidentes importantes en los últimos años. En mayo de 2025, el robo de cable de cobre en cinco puntos de la infraestructura, entre Los Yébenes y Manzaneque, junto con un enganchón de un tren Iryo en la catenaria, provocó retrasos y suspensiones que afectaron a 30 trenes y 10.700 viajeros.
Algunos pasajeros tuvieron que pasar la noche en los convoyes detenidos. En diciembre de 2024 también se registraron retrasos por robos de cable, mientras que en junio de 2025 la caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria, en San José de la Rinconada (Sevilla), obligó a suspender durante unas diez horas el servicio, afectando a 25 trenes.
La sucesión de accidentes e incidencias ha vuelto a poner bajo escrutinio las inversiones destinadas a garantizar la seguridad de la red ferroviaria y ha provocado nuevas exigencias de responsabilidades políticas. La concentración de servicios, el deterioro de determinados elementos de la infraestructura y los retrasos en la implantación de nuevos sistemas de protección se han convertido en algunos de los principales focos de preocupación. Además, el corredor sur constituye una infraestructura estratégica para Castilla-La Mancha, al conectar Madrid con Andalucía y enlazar con otros servicios ferroviarios hacia el Mediterráneo.
La región ya vivió otra tragedia ferroviaria de grandes dimensiones en junio de 2003, cuando dos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, colisionaron en Chinchilla de Montearagón (Albacete). El accidente causó 19 muertos y 50 heridos y se produjo después de un fallo en el control de señales que permitió que ambos convoyes circularan en sentidos opuestos por la misma vía. Este antecedente vuelve a cobrar relevancia tras el siniestro de Urda, por las similitudes relacionadas con los sistemas de señalización y control de la circulación ferroviaria.