Ocho años de Sánchez, el presidente que exigió la dimisión de Rajoy por la Gürtel y cuyo Gobierno y familia acumulan hoy 12 causas mucho más graves

Las 16 grandes promesas de hemeroteca que incumplió el gobernante más embustero de la democracia

Pedro Sánchez ha contradicho o abandonado al menos dieciséis compromisos públicos desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018, según la revisión de sus declaraciones, de los Boletines Oficiales y de las resoluciones judiciales realizada por Fuentes Informadas.

La lista abarca desde la amnistía, que el presidente calificó de inconstitucional antes de aprobarla, hasta la promesa de presentar Presupuestos, incumplida por cuarto año consecutivo el pasado 30 de septiembre. Es el presidente más embustero de la democracia, con diferencia.

El balance llega en el peor momento judicial de su mandato. Su esposa, Begoña Gómez, se sentará ante un jurado popular. Su hermano, David Sánchez, fue condenado en julio a nueve años de inhabilitación. Sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están condenado e investigado, respectivamente.

El fiscal general que defendió hasta el final fue inhabilitado por el Supremo, y su principal valedor, José Luis Rodríguez Zapatero, es el primer expresidente imputado de la democracia.

Sánchez llegó al poder con una moción de censura que justificó en la necesidad de regenerar la vida pública. Ocho años después, la distancia entre aquel discurso y los hechos del mandato puede medirse con sus propias palabras.

Cataluña: del «no» rotundo a la amnistía

El giro más documentado es el de la amnistía. En noviembre de 2022, al anunciar la supresión de la sedición, Sánchez aseguró en laSexta que su Gobierno no aceptaría esa medida porque «no entra en la legislación y en la Constitución española». Lo repitió en la campaña del 23-J. El 28 de octubre de 2023, con los siete escaños de Junts como llave de su investidura, la defendió por primera vez. La ley se aprobó en 2024.

No fue el único compromiso sobre Cataluña que cayó. En el debate electoral de noviembre de 2019 prometió recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, suprimido en 2005. El Gobierno renunció después a hacerlo. En aquella misma campaña se comprometió a traer de vuelta a Carles Puigdemont para que respondiera ante la justicia; el expresident sigue fuera de España y su partido es socio imprescindible de la legislatura.

En 2019 Sánchez defendió también el cumplimiento de las penas del procés. En junio de 2021 indultó a los nueve condenados y en 2022 suprimió la sedición y rebajó la malversación sin ánimo de lucro.

La financiación siguió el mismo camino. En marzo de 2024 descartó una financiación singular para Cataluña y sostuvo que la respuesta debía ser multilateral. Cuatro meses después, el preacuerdo PSC-ERC para investir a Salvador Illa la incluyó, y el presidente lo calificó de «extraordinaria noticia».

Los socios que iba a rechazar

En 2015 Sánchez aseguró que el PSOE no pactaría con EH Bildu y se ofreció a repetirlo cuantas veces hiciera falta. Bildu ha sido después socio en sus investiduras y en los Presupuestos de 2021, 2022 y 2023. En mayo de 2020, PSOE, Unidas Podemos y Bildu firmaron por escrito la derogación «íntegra» de la reforma laboral de 2012 a cambio de una prórroga del estado de alarma. El PSOE rectificó esa misma medianoche, y la reforma aprobada en diciembre de 2021 fue parcial.

En septiembre de 2019 afirmó que no podría dormir tranquilo con ministros de Podemos en su Gobierno. Dos días después de las elecciones de noviembre firmó con Pablo Iglesias el primer Gobierno de coalición de la democracia.

El Parlamento, la regeneración y la Fiscalía

Desde la oposición, Sánchez acusó a Mariano Rajoy de menospreciar al Parlamento por gobernar a golpe de decreto-ley y prometió limitar su uso. En noviembre de 2022 ya había firmado 132 reales decretos-leyes, más que cualquier presidente de la democracia, a un ritmo de uno cada doce días.

En septiembre de 2018 anunció una reforma constitucional para acabar con los aforamientos «en 60 días». El anteproyecto decayó con el adelanto electoral de 2019 y nunca volvió a registrarse. La derogación de la ley mordaza, compromiso de su programa y de sus pactos de coalición, tampoco ha llegado: la norma cumplió en julio once años en vigor, con su reforma varada en el Congreso.

En política exterior, el PSOE defendió durante décadas la autodeterminación del Sáhara Occidental en el marco de la ONU. En marzo de 2022, sin pasar por el Congreso ni avisar a sus socios, Sánchez envió una carta a Mohamed VI en la que asumía el plan de autonomía marroquí. Ante la Cámara negó después que hubiera cambiado la posición de España.

Sobre la Fiscalía, en noviembre de 2019 respondió en Radio Nacional con una pregunta retórica: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está». Meses después nombró fiscal general a su exministra de Justicia, Dolores Delgado.

Y sobre la responsabilidad política: en 2018 exigió la dimisión de Rajoy por una sentencia que afectaba a su partido, sin que Rajoy estuviera condenado.

Hoy, con un exsecretario de Organización condenado a 24 años y otro investigado, descarta cualquier responsabilidad propia. En mayo de 2025 llamaba «amigo» a Santos Cerdán y acusaba a Feijóo de difamar a personas honestas. El 12 de junio pidió perdón y aseguró que hasta esa misma mañana estaba convencido de su integridad.

Cuatro años sin Presupuestos

El artículo 134.3 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos antes del 1 de octubre. En toda la legislatura no se ha celebrado un solo debate de cuentas en el Congreso.

El Gobierno renunció a las de 2024 tras el adelanto electoral catalán y no culminó las de 2025. Para 2026, la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió presentarlas en el primer trimestre; después, «a lo largo del año». En junio el Ejecutivo renunció a ellas para centrarse en las de 2027, cuyo plazo constitucional venció el pasado 30 de septiembre sin que el proyecto llegara a la Cámara.

Si nada cambia, las cuentas de 2023 se prorrogarán el 1 de enero por cuarta vez. Fueron aprobadas por una mayoría parlamentaria que ya no existe. El Tribunal Constitucional admitió en febrero un conflicto del Senado por el incumplimiento de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

El presidente le ha restado importancia: «Con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los Presupuestos que tenemos», declaró en la Cadena SER. También ha dejado claro que no adelantará elecciones aunque no logre aprobarlos.

Vivienda: anuncios en serie, entregas sin cifrar

En la campaña de 2023, Sánchez se comprometió a construir 183.000 viviendas protegidas durante la legislatura. Antes había encadenado otros anuncios: 20.000 viviendas en 2019, 100.000 en 2021, decenas de miles de pisos de la Sareb y 43.000 viviendas financiadas por el ICO en 2023.

El Ministerio de Vivienda no publica cuántas están terminadas y entregadas. Su último dato, de abril de 2026, cifra en 120.479 las viviendas «movilizadas», es decir, con fondos transferidos a comunidades y ayuntamientos. Según un análisis de El Español, los anuncios del Gobierno suman 276.000 viviendas protegidas y 34.000 millones en seis años, frente a unas 49.000 entregadas.

En 2026 se han sumado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, sin cifra de viviendas, el fondo «España Crece» y la empresa pública Casa 47. El real decreto-ley de vivienda previsto para julio se aplazó por falta de apoyos.

La economía: más empleo, más deuda y una vivienda inalcanzable

La economía española de 2026 crea más empleo y crece más que la europea, pero arrastra más deuda, más carga fiscal y una renta por habitante que apenas ha avanzado frente a la UE. Es el balance que arrojan los datos oficiales al comparar la España que heredó Sánchez en junio de 2018 con la actual.

La vivienda, el gran desequilibrio. El precio de la vivienda subió un 12,8 % interanual en el primer trimestre de 2026, más del doble que la media de la UE, según Eurostat. El alquiler medio ronda los 15 euros por metro cuadrado, alrededor de un 50 % más que en 2018. El crecimiento macroeconómico no se ha traducido en acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

El periodo incluye la pandemia de 2020, que disparó la deuda hasta el 125 % del PIB, y la crisis de inflación de 2022, factores ajenos al Gobierno que explican parte de la evolución.

Un entorno ante los tribunales

Quienes no tienen condena firme gozan de la presunción de inocencia. Se recoge el estado de cada causa a fecha de publicación.

Begoña Gómez, esposa. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio que debe ser juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, esta última junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Sobreseyó, en cambio, la corrupción en los negocios y la apropiación indebida. La investigación gira en torno a su cátedra en la Universidad Complutense, que reclama más de 113.000 euros como actor civil. La Fiscalía ha pedido el archivo. El juicio se prevé para 2027.

David Sánchez, hermano. La Audiencia Provincial de Badajoz lo condenó el 14 de julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en la Diputación pacense, una plaza que las acusaciones sostienen que se creó a su medida. La misma pena recayó sobre el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. La sentencia no impone prisión y es recurrible.

José Luis Ábalos y Koldo García. El Supremo condenó por unanimidad el 22 de junio al exministro y ex secretario de Organización a 24 años y tres meses de prisión, y a su asesor a 19 años y ocho meses, por el caso mascarillas. El tribunal consideró probado que formaron una organización para lucrarse con contratos públicos durante la pandemia. Ábalos recurrirá ante el Constitucional.

Santos Cerdán. El sucesor de Ábalos al frente de la Organización del PSOE está investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en adjudicaciones de obra pública. Pasó casi cinco meses en prisión provisional en 2025. En julio, el juez ordenó investigar sus cuentas y las de su familia.

Leire Díez. El juez Santiago Pedraz investiga si la exmilitante socialista coordinó, bajo el presunto liderazgo de Cerdán, maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil que investigaban al PSOE. Ha autorizado a la UCO a requerir documentación en Ferraz y citó como testigo a la presidenta del partido, Cristina Narbona. El PSOE llegó a afirmar que Díez no estaba ni había estado en nómina; después admitió haberle pagado cerca de 45.000 euros.

Álvaro García Ortiz. El fiscal general al que Sánchez sostuvo pese a su procesamiento fue condenado por el Supremo en noviembre de 2025 a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es el primer fiscal general condenado de la democracia.

José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama lo imputó el 19 de mayo por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa del rescate de Plus Ultra. Anticorrupción ha pedido que vuelva a declarar por 200.000 euros recibidos de la sociedad peruana Focus Social Research. Zapatero niega haber ejercido influencia alguna; Sánchez pidió a los socialistas defender su «buen nombre».