El juez rastrea las cuentas de Cerdán y su familia (esposa, hermana, hija y cuñado) por «organización criminal», y para ver si esconden dinero

Zapatero concede hoy una entrevista a un periodista afín de TVE tras quedar como un embustero ante toda España

La Audiencia Nacional ha decidido librar mandamientos a cinco bancos para reconstruir el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE, a raíz de un informe de la UCO que detecta más de 323.000 euros en beneficios no declarados vinculados a Servinabar, de la que Cerdán tiene un 45% de acciones no desveladas, pero suyas.

Mientras, el ex presidente que llamaba superCerdán a Cerdán, ha concedido una entrevista a un periodista afín de TVE, Javier Ruiz, del programa Mañaneros 360.

Se supone que para explicar cómo es posible que su testaferro, Julito, y los dueños de Plus Ultra hayan asegurado al juez que él era el ideólogo y facilitador del rescate de 53 millones de Plus Ultra, a cambio de una comisión.

Julito ha dicho al juez que fue Zapatero quien contactó con los dueños de Plus Ultra para ofrecer sus servicios en la búsqueda de ese rescate. Y que el expresidente se llevó de Plus Ultra medio millón de euros, y que también hubo un cacho para sus hijas.

Cinco bancos

La otra noticia es que el magistrado Ismael Moreno Chamarro, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Plaza nº 2), ha acordado este miércoles la expedición de mandamientos judiciales a cinco entidades bancarias: BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Caja Rural del Sur y Caja Rural de Navarra.

Su intención es que entreguen a la Guardia Civil el detalle completo de las cuentas, productos financieros y movimientos de Santos Cerdán, su esposa, su hija, su hermana y su cuñado.

La resolución, fechada el 22 de julio de 2026, se dicta en la Pieza Separada 65/2023-8, la derivada que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes (MITMA) durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento.

De la Audiencia Nacional al Tribunal Central de Instancia

La pieza tiene su origen en la investigación abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en favor de Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), según recoge el auto, con una contraprestación económica tanto para el entonces ministro Ábalos como para su asesor, Koldo García Izaguirre.

El propio auto sitúa el origen de estos indicios en un informe de 5 de junio de 2025 remitido a la Causa Especial 20775/20, que se sigue en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas.

Según la resolución, ADIF —entonces presidida por Isabel Pardo de Vera— y la Dirección General de Carreteras, con Javier Herrero Lizano al frente, habrían actuado como facilitadores de las adjudicaciones.

La pieza llegó al Tribunal Central de Instancia después de que la Sala Penal del Supremo, mediante auto de 2 de febrero de este año, declarara la pérdida de la condición de aforado de Ábalos —único investigado que la ostentaba en esta pieza— y remitiera la causa al órgano competente para continuar la instrucción.

El informe de la UCO sobre Santos Cerdán

El grueso de la resolución se sustenta en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concretamente de su Unidad de Delincuencia Económica (UAFAC), con referencia 122/2026 y fecha 14 de julio de 2026.

Ese informe amplía un análisis patrimonial anterior (el 177/2025) centrado en Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE tras relevar en ese cargo al propio Ábalos.

Según detalla el auto, la investigación ha identificado una posible fuente de ingresos no declarada por Cerdán, sustentada en varios indicios: ingresos en efectivo realizados por Koldo García y Patricia Uriz para el pago del renting de un vehículo; entradas de efectivo de origen no identificado entre 2014 y 2017 por importe de 18.261,56 euros; y una reducción de los gastos con tarjeta y de las disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo —señala el auto— con la etapa ministerial de Ábalos y con la adjudicación a Acciona de los contratos investigados.

La UCO añade que las liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados habrían sido, en algunos conceptos, superiores a los gastos reflejados en las cuentas bancarias analizadas.

El informe policial vincula buena parte de estos movimientos a Servinabar, la sociedad administrada por Antxón Alonso, de la que —según la UCO— el 87,04% de los ingresos procede de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora, un 2,48% de empresas investigadas en otra causa (Diligencias Previas 150/2025, que se sigue en la Plaza 5 del mismo tribunal) y un 0,66% de personas físicas o jurídicas relacionadas con el propio Antxón Alonso.

A través de esta sociedad, según el auto, se habrían sufragado nóminas a nombre de Francisca Muñoz (esposa de Cerdán) y de Belén Cerdán (su hermana), así como el renting de un vehículo Kia Sportage.

La Guardia Civil cuantifica en al menos 323.178,41 euros los beneficios disfrutados por Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024, y añade que Servinabar negoció, entre finales de 2021 y principios de 2022, la compra de un inmueble en Madrid por un importe cercano al millón de euros para Cerdán, operación que finalmente no se cerró.

Ampliación a los familiares y calificación de los hechos

El Ministerio Fiscal, al que se dio traslado de la petición policial, informó favorablemente a la extensión de la investigación al entorno familiar de Cerdán —su esposa Francisca Muñoz, su hija Alba, su hermana María Belén Cerdán León y su cuñado Antonio Muñoz Cano—, al considerar que también se habrían beneficiado de fondos procedentes de Servinabar y que resulta necesario completar el estudio financiero conjunto.

El auto sitúa los hechos investigados en el marco de un presunto delito de pertenencia a organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal) y de delitos contra la Administración Pública —cohecho, tráfico de influencias y prevaricación—, sin perjuicio de que la instrucción pueda determinar otras calificaciones.

El magistrado subraya que los indicios aportados por la UCO superan el umbral de la «mera sospecha» exigido en esta fase procesal y resultan suficientes, a la luz de la doctrina constitucional sobre el derecho a la intimidad (artículo 18.1 CE), para justificar la injerencia en las cuentas bancarias de los investigados y sus allegados.

Alcance de los mandamientos

Los mandamientos ordenan a las cinco entidades financieras remitir directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil —y no a las oficinas o sucursales donde estén abiertas las cuentas, «al objeto de preservar las actuaciones»— la identificación de titulares y autorizados, otros productos financieros y cajas de seguridad asociadas, cualquier comunicación al SEPBLAC por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, y el histórico de movimientos desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha, incluyendo transferencias SWIFT, cambios de divisa, reintegros e ingresos en efectivo superiores a 300 euros.

El auto encomienda a la propia UCO el diligenciado de los mandamientos y la elaboración de un informe final sobre la documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera recabada.