Si Pedro Sánchez ve que para seguir en la poltrona tiene que irse a otros países en busca de votantes, y hacer una nacionalización en masa (es presidente, aunque nunca ha ganado ningunas elecciones, gracias al voto comprado con el dinero de todos de secesionistas y filoetarras), si ve que sirve a su obsesivo deseo de poder, lo hace.
Se ha sacado de la manga su penúltima trampa, que tiene a la oposición PP y VOX en pie de guerra y con ojo avizor.
No le ha venido bien a Sánchez que se filtre la letra pequeña que hay detrás de una de las cláusulas de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero.
Viene a decir que tienen derecho a la nacionalidad española los descendiente de españoles hasta los nietos, pero también deja la puerta abierta a otros descendientes mucho más lejanos.
Sánchez cree que, al ser él quien los nacionaliza, le recompensarán con su voto. Zapatero es el ideólogo. ‘Si aquí no ganas, sustituimos o los electores’. Y lo están haciendo.
Si la llamada Ley de Nietos, escondida dentro de la de Memoria Histórica de Zapatero, finalmente se ejecuta, en cuestión de año o año y medio se incorporará al censo electoral español, de sopetón, en cuestión de dos años, o menos, casi tres millones de nuevos votantes.
El Gobierno ha aireado su intención y, solo en Buenos Aires, desde el reciente anuncio de nacionalidad para los nietos, unas 650.000 personas de Buenos Aires han pedido ya ser nacionales españoles. Abre la puerta a Europa.
En su inmensa mayoría, son solicitudes que proceden de los países hispanos.
Y todo esto sin contar el casi un millón de personas, en este caso del norte de África, que Sánchez tiene previsto incorporar al censo antes de las próximas elecciones.
En resumen, como Sánchez sabe que que no cuenta con el respaldo mayoritario de los españoles y él quiere seguir gobernando a toda costa ha abierto de par en par la vía de las nacionalizaciones.
No importa si están colapsados los centros sanitarios incapaces ahora de absorber los 3 millones de extranjeros nacionalizados en los últimos tres años.
Sánchez quiere que se incorporen al censo antes de las próximas elecciones. Han externalizado la tramitación de las peticiones para más agilidad.
Argentina concentra cerca del 42% de las peticiones y encabeza el ranking mundial.
El Ejecutivo defiende la norma como reparación histórica y rechaza el relato del fraude.
Sánchez calificó las acusaciones de «terraplanismo electoral», y desde Moncloa se ha respondido a Feijóo sugiriendo que «parece oler una derrota electoral». El Gobierno, no obstante, ha sido reticente a desglosar al Congreso cifras detalladas por circunscripción del CERA, lo que el PP usa como argumento adicional de opacidad.
Los datos oficiales han ido cambiando de magnitud según el corte temporal y lo que se cuenta exactamente (interés manifestado, expediente presentado, aprobado o inscrito):
Última cifra global (Albares, datos a 31 de marzo de 2026): unos 2,4 millones de personas han iniciado trámites para la nacionalidad por esta vía, de los cuales 1,2 millones de expedientes han sido recibidos presencialmente en consulados, 545.000 ya aprobados y 306.500 inscripciones practicadas en el Registro Civil consular.
Países solicitantes
Argentina, líder absoluto: 366.579 solicitudes, el 42% del total mundial; más de 170.000 ya aprobadas y 61.499 inscritas. Según el cónsul en Buenos Aires, sumando los cinco consulados argentinos se acumula alrededor de un millón de solicitudes. Cuba: 107.338 solicitudes, el 12,24% del total.
El frente más activo es el del censo exterior. El Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) ha pasado de 2.333.056 inscritos en julio de 2023 a 2.708.083 en mayo de 2026, un crecimiento del 16,1%, achacado en gran parte a esta ley.
Feijóo acusa al Gobierno de aplicar la ley de forma «torticera» y de practicar «ingeniería electoral» para fabricar votantes porque, en sus palabras recientes, no le «salen las cuentas» con el electorado actual. En El Hormiguero llegó a hablar de nacionalización exprés de hasta 2,5 millones de extranjeros.
Isabel Díaz Ayuso ha llegado a decir que «el reparto de escaños» es ilegal y responde a la intención de Sánchez de cambiar el censo.
Abascal ha acusado a Sánchez de «maniobrar para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder».
Vox también ha cuestionado el contrato del Ministerio de Exteriores con Grupo Empresarial Palco, firma vinculada al Gobierno cubano, para reforzar el consulado de La Habana, lo que ha alimentado sospechas de la oposición sobre la implicación de una empresa controlada por «el régimen castrista» en la tramitación de nacionalidades.
La asociación Iustitia Europa denunció ante la Junta Electoral Central la adscripción provincial del nuevo electorado exterior, mientras Hazte Oír presentó más de 50.000 firmas ante la Unión Europea calificando la ley de «golpe de Estado».