«Me vas a comer la polla»: el Supremo archiva, con discrepancias entre los jueces, la denuncia entre dos generales de la Guardia Civil por el plantón a Ayuso

Clara Martínez, esposa de Cándido Conde-Pumpido, y el magistrado Ricardo Cuesta imponen el fallo absolutorio al presidente Jacobo Barja de Quiroga, partidario de al menos haber abierto una investigación sobre el rifirrafe.

Lea aquí el auto íntegro del Supremo

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo considera que los insultos cruzados entre el teniente general Luis del Castillo y el general Fernando Mora, a cuenta de la asistencia al acto institucional de la Comunidad de Madrid, no alcanzan «el mínimo de gravedad» exigido para constituir delito.

Por este motivo, el Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que el general de división de la Guardia Civil Fernando Javier Mora Moret presentó contra su entonces superior, el teniente general Luis del Castillo Ruano, actual jefe del Mando de Operaciones del Instituto Armado, por presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y amenazas. 

El Supremo también ha valorado que la denuncia se ha puesto un año después de ocurrido el diálogo y que ambos tenía estrecha amistad, de lo que se infieren el que el teniente general utilizase esos términos. Además, el denunciante era consciente de que estaba grabando, de ahí que su intervención fuese muy moderada, y no trasladó ese extremo a su entonces jefe e interlocutor.

En la Guardia Civil ha caído muy mal la grabación, es decir que un mando grabe a un superior en un diálogo que el teniente general encasilló dentro de la relación que tenían desde hacía muchos años.

El presidente del tribunal, Jacobo Barja, era partidario de al menos nombrar un instructor y abrir una investigación, pero había otros dos magistrados, mayoría 2 contra 1, Clara Martínez, esposa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y Ricardo Cuesta que no estaban de acuerdo.

Y entendían que había que archivar la denuncia porque el diálogo entre esos dos generales, aunque soez por parte del denunciado, Luis del Castillo, no era constitutivo de delito.

No cabe voto particular

Al tratarse de un auto ganan la mayoría, no cabe formular voto particular.

«Si un guardia le dice a su capitán las palabras que le dijo Del Castillo a Fernando Mora, ese guardia estaría en la cárcel», señalan fuentes jurídicas. O cuanto menos se le había activado un expediente disciplinario», añaden estos medios.

Agria conversación

El auto del Supremo que archiva este caso, fechado este 21 de julio de 2026, destapa una agria conversación telefónica entre ambos mandos con motivo de la asistencia de Mora al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, el 2 de mayo de 2025.

Todo arrancó unos días antes del acto, cuando Del Castillo escribió a Mora, entonces General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Madrid, para indicarle que no acudiera al citado acto, se supone que recibió órdenes en ese sentido de las alturas, esto es, del propio ministro Fernando Marlaska:

«Acto del dos de mayo. Representación Institucional, el jefe de la Comandancia y Comisario Provincial Jefe Superior y tú libráis», le escribió el teniente general a Fernando Mora.

Mora respondió que consideraba su asistencia una obligación institucional. 

Lo que siguió fue un cruce de mensajes cada vez más tenso, resuelto finalmente —tras una tormentosa llamada telefónica— con la autorización a las 14:42 horas: «Autorizada asistencia, Fernando».

La llamada grabada en el teléfono de la esposa

El episodio central de la denuncia es una llamada telefónica que Mora hizo a Del Castillo entre las 12:01 y las 12:23 de aquel 30 de abril, y que —según su propio relato— decidió grabar poniendo el móvil en manos libres y usando el teléfono de su esposa para registrar el audio.

En la conversación, Mora reprochó a su superior lo que interpretó como un gesto político de menosprecio hacia la Comunidad de Madrid, llegando a decir que con la decisión del ministerio, de Marlaska, «le están pegando una patada a la presidenta de la comunidad» y recordando el caso del general Pérez de los Cobos.

La respuesta de Del Castillo, recogida en el Auto del Supremo, incluye expresiones que la propia Sala califica de «groseras, chabacanas y soeces»: le espetó que no le «tocara los cojones», le llegó a decir en dos ocasiones «me vas a comer la polla, Fernando», así como «me cago en tu puta madre» y «vete a la puta mierda. No te meto dos hostias porque no te tengo aquí delante».

Mora, por su parte, reprochó a su superior estar «amarrado al cargo» y reivindicó que su asistencia al acto respondía a una cuestión de «obligación» y «educación militar», no de «devoción». Supuestamente, Marlaska ordenó que no fuera nadie de la policía ni de la Guardia Civil al acto de la presidenta de Madrid Isabel Díaz por la celebración del 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid

Por qué el Supremo archiva el caso

La Sala V, presidida por Jacobo Barja de Quiroga López y con Ricardo Cuesta del Castillo como ponente, descarta que hubiera abuso de autoridad: el mensaje inicial de Del Castillo se limitó a trasladar una orden recibida («Te traslado lo que me han dicho. Tú mismo»), sin imponerla de forma arbitraria. 

Sobre los insultos, el Tribunal aplica la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre trato degradante, que exige un «mínimo de gravedad» capaz de generar sentimientos de humillación o vejación.

Los magistrados concluyen que las expresiones, «aunque groseras», se produjeron en un contexto de «familiaridad» y «compañerismo» entre ambos generales que diluye la relación estrictamente jerárquica, y que la propia conducta de Mora al llamar y «menospreciar» veladamente la decisión ministerial resultó «inadecuada, impertinente e irrespetuosa».

El Auto subraya además, como elemento que resta credibilidad a la gravedad denunciada, que Mora no presentó la denuncia hasta el 22 de junio de 2026, es decir, más de un año después de los hechos —algo que, según la Sala, «llama la atención» si realmente hubiera sentido humillación o vejación.

Recurso pendiente

La resolución no es firme: contra ella cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, plazo que —según consta en la propia notificación — vence el próximo 24 de julio. Las costas se declaran de oficio, al ser gratuita la Justicia Militar.