La Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención sobre la situación del Estado de derecho en España al reclamar un mayor esfuerzo para combatir la corrupción y preservar la independencia judicial. En su último informe anual, Bruselas reconoce que se han producido avances en la investigación de los casos de corrupción de alto nivel, aunque considera que siguen siendo insuficientes y reclama acelerar las reformas pendientes para mejorar la eficacia de los procesos judiciales.
Entre sus principales recomendaciones, el Ejecutivo comunitario insta a modernizar el Código Procesal Penal con el objetivo de reducir la duración de las investigaciones y agilizar el enjuiciamiento de las causas más complejas. También pide reforzar las normas sobre conflictos de intereses y las obligaciones de transparencia patrimonial de los altos cargos, al entender que la aplicación de la legislación vigente todavía presenta importantes carencias.
El informe dedica además un apartado a la relación entre la política y la Justicia. Bruselas muestra su preocupación por las declaraciones de responsables políticos que cuestionan resoluciones judiciales o critican públicamente a jueces concretos, una práctica que, según recoge el documento, puede deteriorar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La Comisión recuerda que la crítica institucional es legítima en democracia, pero subraya que debe ejercerse con respeto a la independencia de los tribunales para garantizar el buen funcionamiento del Estado de derecho y la confianza en las instituciones.