Los europeos podrán llevar a partir de 2027 el DNI, el carné de conducir y los títulos universitarios en el móvil

La nueva Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet) permitirá gestionar trámites oficiales en toda la UE de forma ágil, segura y con plena validez legal

La Unión Europea prepara el despliegue de la EUDI Wallet, una cartera de identidad digital que permitirá a los ciudadanos centralizar y gestionar sus documentos oficiales de forma segura en sus teléfonos móviles. Aunque la implementación completa se proyecta para 2027, el sistema comenzará a operar a finales de este mismo año, garantizando la interoperabilidad entre todos los Estados miembros y agilizando gestiones en sectores clave como la banca, la sanidad y la administración pública.

Desde Funditec Research destacan que esta herramienta supone un avance decisivo en la soberanía digital, al permitir que cada usuario decida qué información comparte, a quién y en qué momento, reduciendo además el riesgo de que copias de documentos circulen sin control por múltiples servidores externos. El uso de esta cartera simplificará procesos que actualmente resultan tediosos, como la identificación remota en transacciones digitales, al compartir únicamente los datos estrictamente necesarios.

No obstante, la digitalización plantea desafíos importantes que los expertos no pasan por alto. Aunque el sistema será de carácter voluntario, existe la preocupación de que la facilidad técnica para verificar identidades fomente una solicitud masiva de datos en servicios que antes no los requerían. Asimismo, la falta de auditorías claras sobre el manejo de la información en los servidores estatales y la necesidad de elevar la cultura institucional digital son obstáculos que podrían frenar su adopción.

El ritmo de implementación será desigual en el continente: mientras países como Alemania o las naciones nórdicas lideran la infraestructura necesaria, otros como España, Italia o los países del Este avanzarán de forma más gradual. El éxito final de la ‘EUDI Wallet’ dependerá tanto de la capacidad administrativa de cada Estado para modernizar sus servicios como del nivel de confianza que la ciudadanía deposite en estas nuevas instituciones digitales.