Caso David Sánchez: de una plaza bajo sospecha en la Diputación de Badajoz a una condena de nueve años por prevaricación

La Audiencia Provincial de Badajoz descarta el delito de tráfico de influencias, pero considera que la creación y adaptación del puesto fueron arbitrarias

Lo que durante años fue un discreto nombramiento en la Diputación de Badajoz terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales con mayor impacto político de los últimos tiempos. El caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, comenzó con las sospechas sobre la creación de una plaza pública que presuntamente habría sido diseñada para favorecerle y ha concluido, por ahora, con una condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación, aunque la sentencia aún puede ser recurrida.

La jueza Beatriz Biedma asumió la instrucción y ordenó una amplia investigación con el apoyo de la Guardia Civil, que revisó expedientes, correos electrónicos y documentación interna. Aunque algunas líneas de investigación, como un presunto fraude fiscal, fueron archivadas, los investigadores hallaron mensajes internos que cuestionaban la necesidad del puesto y debatían cómo justificar sus funciones.

Durante la instrucción, David Sánchez declaró en varias ocasiones ante el juzgado y tuvo dificultades para explicar aspectos relacionados con su puesto de trabajo, como la ubicación de su oficina. La magistrada denunció además haber sufrido presiones por la relevancia política del procedimiento y decidió enviar a juicio a Sánchez y a varios responsables de la Diputación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Antes del inicio del juicio, el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, obtuvo un escaño en la Asamblea de Extremadura en un movimiento que las acusaciones interpretaron como un intento de lograr el aforamiento y cambiar el órgano encargado de juzgar el caso. Finalmente, el proceso se celebró en la Audiencia Provincial de Badajoz entre mayo y junio de 2026.

Más de 50 testigos

En el juicio declararon más de medio centenar de testigos con versiones enfrentadas. Mientras algunos defendieron que David Sánchez desempeñó una actividad cultural efectiva y que su puesto era necesario, otros sostuvieron que la plaza fue creada para beneficiarle. La Fiscalía pidió la absolución de todos los acusados por falta de pruebas, mientras las acusaciones populares elevaron su petición de pena hasta los seis años de prisión.

La Audiencia Provincial concluyó finalmente que no existían pruebas suficientes para condenar por tráfico de influencias, pero sí consideró acreditado que la creación y posterior adaptación de la plaza se realizó de forma arbitraria. Por ello, condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.