La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a través de dos informes que suman más de 1.000 páginas, la fiscala Elena Lorente y el juez José Luis Calama han expuesto en buen número de páginas la actividad y cruce de operaciones del empresario Julio Martínez Martínez (JMM), cuyo doble apellido se suele citar para diferenciar al empresario de su tocayo, el presidente de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra, Julio Martínez Sola. En ese despliegue de operaciones una cosa llama la atención: son completamente ajenas a José Luis Rodríguez Zapatero.
Y, sin embargo, te encuentras en la página 57 con esta afirmación:
«La red se encuentra estructurada, asumiendo distintas funciones cada uno de sus partícipes. Así, José Luis Rodríguez Zapatero ejerce funciones de dirección y control, seguido de Julio Martínez Martínez, quien actúa como lugarteniente principal y figura visible. Julio Martínez Martínez asume el contacto directo con los clientes, ejecuta las instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero y encabeza formalmente el entramado societario utilizado para canalizar los fondos, tanto en España como en territorios offshore”.
Los pagos de las empresas de Julito a Zapatero y a la sociedad que llevaban sus dos hijas entre 2020-2025, por informes, ‘webinars’ y conferencias, ascendieron a 1,9 millones de euros.
Resulta que el gran jefe de la organización criminal, que tenía lo que se llama en derecho penal “el dominio del hecho”, en este caso el control de toda una estructura societaria montada -según el juez- tributaba por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que, como todo el mundo sabe, le quitaba una parte significativa del total percibido.
Cuando se evoca que el Rey emérito o honorífico, Juan Carlos I, recibió 100 millones de dólares en agosto de 2008 (64,8 millones de euros) del rey de Arabia Saudí Abdullah y no los declaró a Hacienda siempre hay que preguntarse por qué. Como me ha dicho hace unos días Luis María Anson, exdirector del Abc, miembro de la Real Academia, cuyas simpatías por la monarquía española son públicas, Juan Carlos I no quería sufrir el mordisco que le daría la Agencia Tributaria española, lo cual, según me explicó, sentaría mal en la monarquía saudí.
Sea o no una disculpa elegante, el hecho es que el emérito no declaró esa donación o regalo y la interpretación -digamos favorable a reo del artículo 56.3 de la Constitución- lo blindó ante cualquier investigación.
Si uno se atiene a los argumentos de la UDEF, la fiscal Lorente y el juez Calama, ¿no hubiera sido más pertinente interrogar primero a Julio Martínez Martínez? Políticamente, la respuesta es evidente: no. ¿Diluir a Zapatero en su “lugarteniente”? De ninguna manera. Pero es que relacionan a Zapatero con la historia de Plus Ultra no por las gestiones realmente existentes – no se cita en el auto más que lo que se dice “de Zapatero”, y no lo que Zapatero ha hecho.
La Fiscalía Anticorrupción sigue en una expedición de pesca de pruebas y muestra a Julito Martínez Martínez el espejo en el que se ve la imagen de Víctor de Aldama y su “colaboración especial”.
De momento ha hecho declaraciones a Ok Diario, periódico digital con el que mantiene excelentes relaciones:
«Nunca me podría imaginar que un expresidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto”. Y ha añadido: “Quiero analizar la causa y leer el auto completo para poder hacer más declaraciones”.
¿Pero qué hizo Zapatero? ¿Con quién contactó, como promete describir el auto desde su página 7 y que no concreta a lo largo de sus 78 páginas siguientes? Según afirma el juez, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «nos encontramos ante un delito de mera actividad, de modo que basta con que el sujeto intente influir en un funcionario, sin ser necesario que la resolución buscada llegue a dictarse. El tipo básico ni requiere que la resolución pretendida sea injusta o arbitraria, ni exige que finalmente se emita. Lo relevante es que la influencia tenga la capacidad objetiva de orientar al funcionario hacia la decisión deseada. En consecuencia, la conducta debe dirigirse a lograr una resolución que pueda implicar algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto. Sin embargo, ni la existencia real de ese beneficio ni la emisión de la resolución son requisitos para que el delito se considere consumado».
Está muy bien. ¿Pero qué hizo Zapatero? «José Luis Rodríguez Zapatero habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
¿Cuáles son los contactos personales? ¿Cómo ha quedado acreditada, siquiera indiciariamente, su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración? ¿Es mucho pedir que estas afirmaciones que han llevado a la UDEF, a la fiscal Lorente y al juez Calama a concluir que Zapatero es el líder de esta banda de presuntos ladrones o delincuentes -de guante blanco, pero ladrones y delincuentes a fin de cuentas- sean puestas en conocimiento del imputado?
Porque, si somos serios, no están en la principal resolución. Y como esta es el resumen de dos informes de la UDEF que superan los 1.000 folios, cabe suponer que tampoco están allí.
Pues eso, Zapatero estás en manos de Julito Martínez Martínez y de su capacidad de resistir en la expedición de pesca de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso mascarillas o Jessica Rodríguez la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sostenía la importancia del “nexo corruptor” Aldama con la afirmación de que “el que paga manda”.
Aquí no. Aquí el que paga no manda. JMM es el “lugarteniente“ de Zapatero. Y no al revés.
Por cierto, Jessica también está enchufada en el caso Plus Ultra. Porque se le han pagado 2.000 euros, según el auto de Zapatero. Es decir: ¿Aldama también tenía a su presunta «agente» metida en esta trama habida cuenta de que estamos hablando de Venezuela?