Ha pasado un mes desde el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y la investigación continúa abierta, sin conclusiones definitivas. Aquel 18 de enero, a las 19:45 horas, dos trenes, un Iryo con destino Madrid y un Alvia que se dirigía a Huelva, colisionaron tras el descarrilamiento del primero. En cuestión de segundos, la normalidad de un trayecto rutinario se convirtió en una tragedia que aún hoy sigue dejando preguntas en el aire.
El foco principal de las pesquisas está puesto en las vías, concretamente en el punto kilométrico donde se produjo el descarrilamiento. Un fragmento del carril, desprendido en la zona del siniestro, será sometido a análisis en un laboratorio especializado en material metalúrgico. La hipótesis que se maneja es que el carril podría haber estado fracturado antes del paso del tren, lo que habría provocado la pérdida de estabilidad. No obstante, los expertos insisten en que se trata de conclusiones provisionales, pendientes de verificación.
Mientras tanto, en una finca cercana al lugar del accidente permanecen inmovilizados y precintados tres vagones del Iryo, custodiados por la Guardia Civil. Son piezas clave en una investigación que ha recopilado cerca de 2.500 fotografías y numerosos indicios técnicos. También se está a la espera de un paso determinante: la apertura de las cajas negras de ambos trenes, que se realizará en presencia judicial y podría arrojar luz definitiva sobre lo ocurrido.
La causa se instruye en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ya tramita 34 denuncias y ha abierto 148 diligencias previas a partir de los partes médicos recibidos. Cada persona afectada requiere una pieza separada, lo que convierte el procedimiento en un entramado jurídico de gran complejidad, según apunta Europa Press.
Además, se ha activado una pieza específica para la acción popular, con la personación de distintas asociaciones, sindicatos y formaciones políticas. Algunas de ellas han solicitado la designación de un perito judicial independiente experto en infraestructuras ferroviarias para evaluar el estado real de la vía y determinar si existían deficiencias previas que pudieran estar relacionadas con el siniestro.
La Fiscalía también ha pedido la práctica de informes periciales a cargo de ingenieros especializados, subrayando la necesidad de un análisis técnico riguroso. Paralelamente, la Guardia Civil ha recogido declaraciones de tripulantes, pasajeros y del maquinista del Iryo, además de solicitar grabaciones de cámaras tanto del apeadero como del interior de los convoyes.
Un mes después, el impacto emocional sigue muy presente entre los afectados. Más allá de las cifras y los informes técnicos, el caso de Adamuz representa la urgencia de esclarecer responsabilidades y garantizar que un suceso así no vuelva a repetirse. La sociedad espera respuestas claras, sustentadas en pruebas sólidas y en una investigación marcada por la transparencia, la rigurosidad técnica y el compromiso con la verdad.