Feijóo denuncia que el Gobierno «sabía y encubrió” la presunta agresión sexual del DAO de la Policía

El líder del PP eleva la presión sobre el Ejecutivo y exige responsabilidades tras la renuncia del alto mando policial investigado por agresión sexual

La política española vuelve a situarse en el centro de una fuerte polémica tras las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha acusado al Ejecutivo de haber “sabido y encubierto” la presunta agresión sexual atribuida al hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Sus palabras han elevado la tensión institucional y han colocado el foco tanto en la actuación del Gobierno como en la gestión interna del Ministerio del Interior.

El caso se encuentra en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha citado al comisario principal en calidad de investigado tras la querella presentada por una subordinada. En ella se recogen supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, con el agravante de abuso de superioridad. Horas después de conocerse la citación judicial, el Ministerio del Interior confirmó la renuncia del alto mando policial.

Feijóo ha sido contundente. En un mensaje público, aseguró que si el Gobierno mantenía en su puesto a un “presunto violador” desde hacía semanas y solo actuó tras hacerse pública la denuncia, la conclusión es clara: no se prescindió de él por los hechos, sino por la repercusión mediática. El líder de la oposición fue más allá al cuestionar la credibilidad de las instituciones: “¿En qué manos estamos?”, se preguntó, trazando un paralelismo con otros casos recientes que han afectado a altas responsabilidades del Estado.

Presión sobre Interior y exigencia de explicaciones

La controversia no se ha quedado en las palabras de Feijóo. Desde el Partido Popular se han multiplicado las exigencias de explicaciones dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La portavoz popular en el Congreso ha cuestionado si el Ejecutivo prorrogó al alto cargo pese a conocer la denuncia, mientras que el responsable de Igualdad del partido ha calificado los hechos de “imperdonables” e “inaceptables”, reclamando transparencia inmediata.

El debate trasciende el ámbito judicial y se adentra en el terreno político y ético. Para la oposición, el asunto no solo afecta a la responsabilidad individual del investigado, sino también a la posible responsabilidad política de quienes lo nombraron y mantuvieron en el cargo. Desde el Gobierno, por su parte, se ha subrayado que el procedimiento está en manos de la Justicia y que corresponde a los tribunales esclarecer los hechos, según Europa Press.

Mientras tanto, la denuncia ha generado un profundo malestar social. La idea de que un alto responsable policial —cuya función es proteger a la ciudadanía— pueda estar implicado en un delito de esta gravedad resulta especialmente perturbadora. En un contexto en el que la lucha contra la violencia machista ocupa un lugar central en el debate público, el caso añade presión a unas instituciones que deben demostrar, ahora más que nunca, transparencia, ejemplaridad y respeto absoluto por las víctimas.

La investigación judicial será determinante. Pero, en paralelo, la batalla política ya está en marcha.