Los dos fatales tiroteos de civiles por parte de agentes federales en Minneapolis evidenciaron cuán engañosas pueden ser las primeras reacciones basadas en interpretaciones subjetivas o parcialmente precisas.
Los juicios apresurados por parte de las autoridades quedaron de manifiesto luego de que Renee Good, de 37 años, fuera abatida a tiros mientras aparentemente intentaba huir de una protesta, y luego, Alex Pretti, también de 37 años quien fue asesinado tras ser inmovilizado en el suelo por un grupo de agentes federales, durante violentos enfrentamientos entre residentes de la ciudad y las autoridades de inmigración o ICE, por sus siglas en ingles.
En ambos casos, las dos víctimas fueron descritas de manera errónea en las declaraciones oficiales. Renee Good fue acusada de intentar atropellar a un agente de ICE y de Alex Pretti se dijo que había actuado como un terrorista.
El peligro de hacer tales afirmaciones, antes de que se investiguen todos los hechos, radica en que a medida que se recopilan los testimonios de los testigos, surge una realidad diferente en contraposición con la versión oficial.
Este fue el caso en ambos fatales incidentes que han conmovido a la población, no solo en Minneapolis sino en todo el país, y que han obligado a un cambio de estrategia con declaraciones más cautelosas de los representantes de la administración Trump.
Sin embargo, el daño ya está hecho.
La impresión que perdura de los dos tiroteos es que la operación de ICE para remover a los inmigrantes ilegales fue desproporcionada y aterradora, para los residentes de la ciudad. Hubo innumerables informes de cómo la gente tenía miedo de salir de sus casas.
Los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza tenían la tarea de identificar, buscar, detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos, pero la forma en que han ejecutado las órdenes ha dado lugar a numerosos reportes que dan cuenta de conducta cruel e inhumana, incluso criticada por republicanos en el Congreso.
El senador Bill Cassidy (R-La.) calificó los sucesos en Minneapolis de «increíblemente perturbadores» y exigió una «investigación conjunta completa a nivel federal y estatal» mientras la congresista, María Elvira Salazar, (R-Fla) señaló que “ICE debería centrarse en los delincuentes. Los delincuentes, eso es todo, no las señoras de la limpieza”.
Las imágenes y la indignación no han traído más que publicidad negativa para el Gobierno y no es difícil entender por qué.
Las primeras declaraciones oficiales, tras los tiroteos mortales de Good y Pretti, fueron ejemplos clásicos de cómo no reaccionar ante una situación ya de por sí cargada de emoción y sensibilidad.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló a Alex Pretti de cometer un acto de terrorismo doméstico y es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Pretti «se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm». Sin embargo, videos verificados por varios medios mostraron que Pretti tenía un teléfono en la mano derecha y nada en la mano izquierda antes de ser baleado.
La acusación se produjo tras la aparición de pruebas de que el enfermero de cuidados intensivos tenía una pistola con licencia en una funda.
El jueves, Noem declaró en Fox News que se había referido al terrorismo basándose en la información que los agentes de inmigración y fronteras le habían proporcionado en ese momento, admitiendo que, en medio de una situación «muy caótica», es posible que le hubieran compartido información errónea.
Pero esto casi siempre ocurre en situaciones inestables.
Una de las lecciones aprendidas de los tiroteos de Minneapolis, sobre todo considerando que todos los presentes en la zona de las protestas tenían teléfonos móviles con cámara, es que los representantes oficiales, ya sean policías, políticos estatales o miembros del gabinete enviados desde Washington, deben actuar con cautela mientras se investigan los hechos.
En cambio, el lenguaje incendiario utilizado para denunciar a Renee Good y Alex Pretti solo exacerbó una atmósfera ya tensa, creando un ambiente de desconfianza que mina el respeto que los ciudadanos deben tener hacia las instituciones federales.
*Por su interés reproducimos este artículo de Sonia Schott publicado en Diario Las Américas.