El conflicto en torno al parking del Santiago Bernabéu ha dado un nuevo giro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulas las obras de los dos aparcamientos que se estaban construyendo sobre suelo público, confirmando que ni parkings ni conciertos podrán realizarse en el estadio merengue.
Los dos parkings proyectados iban a contar con 1.846 plazas en total, repartidas entre el entorno del Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián. A cambio de la concesión, el Real Madrid, a través de su filial Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL, iba a abonar al Ayuntamiento un canon de unos 150.000 euros al año, una cifra que ha sido duramente criticada por su escasa proporción respecto a los beneficios previstos.
La sentencia no solo entierra los aparcamientos proyectados junto al Bernabéu. También abre un frente económico que puede acabar pasando factura a la ciudad. Con el proyecto anulado, el entorno del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estudia reclamar al Ayuntamiento la devolución de los cerca de 30 millones de euros ya invertidos en unas obras levantadas sobre suelo público.
La eventual indemnización no iría a título personal, sino a la sociedad creada específicamente para el negocio: Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL, una filial del club blanco constituida exclusivamente para explotar esta concesión municipal. Es decir, si prospera la reclamación, el dinero saldría de las arcas del Ayuntamiento. En otras palabras, del bolsillo de los madrileños.
El escenario no es automático, pero sí verosímil. Cuando una concesión pública se anula tras haberse ejecutado inversiones, el concesionario puede exigir compensaciones por los gastos realizados. Eso obligaría al Consistorio a negociar o, en el peor de los casos, a afrontar las indemnizaciones fijadas por los tribunales.
El procedimiento judicial se inició a raíz de las denuncias y recursos presentados por asociaciones vecinales del entorno del Bernabéu, que cuestionaron la legalidad de la concesión, la falta de interés público del proyecto y su impacto sobre la movilidad y el vecindario.
La polémica no se limita al impacto económico. La relación entre el Ayuntamiento y Florentino Pérez ha sido objeto de debate durante los últimos años.
Críticos del consistorio sugieren que el empeño del alcalde José Luis Martínez-Almeida en facilitar proyectos que benefician al club blanco refleja una “afinidad excesiva” con los intereses del presidente del Real Madrid, que parece haber encontrado en Almeida un interlocutor dispuesto a acelerar permisos y proyectos sobre terreno público.
El tribunal ha dejado claro que los dos parkings y los conciertos carecen de respaldo legal, poniendo freno a lo que algunos califican como una estrategia de presión urbanística del club blanco. Ahora, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento: decidir si acepta la negociación de un reembolso o lleva la disputa a nuevas instancias judiciales, con la vista puesta en proteger los recursos públicos.
Así, lo que se vendió como una mejora para el entorno del Bernabéu puede acabar golpeando las cuentas municipales. Porque los proyectos urbanísticos, incluso los más mediáticos, deben ajustarse a la legalidad y no comprometer el patrimonio público.
Y la pregunta planea sola: ¿por qué el empeño político en sacar adelante el proyecto… y quién asumirá ahora la factura?