La amenaza no acabó el 23F: las conspiraciones se sucedieron durante meses dentro de las filas militares

Documentos desclasificados describen constantes pmaquinaciones dentro del Ejército, campañas de apoyo a los militares condenados y advertencias sobre nuevos intentos golpistas

Un informe clasificado y documentos del servicio de inteligencia CESID describen cómo, tras el intento del Golpe de Estado del 23-F, surgieron y se mantuvieron grupos y redes militares con actividades conspirativas, apoyo económico y vínculos con pistoleros civiles.

Según los documentos consultados por este periódico, el riesgo de subversión no quedó sepultado el 24 de febrero de 1981.

El CESID, el antiguo CNI, constató la existencia de tres corrientes en contacto con, al menos, una reunión en Valladolid: una facción abiertamente favorable a la violencia (Los Inestrillos); otra de corte intelectual, que operaba con panfletos (Los Almendros); y una última corriente ideológica que operaba por redes institucionales (‘Corriente Opus Dei’). Estas facciones militares, apuntan los informes, se reunían en espacios como el Club La Hípica y en sedes clandestinas.

El material revela además las tácticas subversivas en diferentes fases: una inicial de propaganda y rumores; una fase de desafío público con pintadas y consignas; otra de intimidación, mediante ataques en la prensa y amenazas; y una fase activa, con reuniones tumultuosas y manifiestos firmados. El documento lo explica como una escalada previsible si no se frenaban los núcleos derechistas dentro de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, el CESID vinculó a José Antonio Assiego con una red de aproximadamente cuarenta pistoleros profesionales —descritos como “rompehuelgas”— y situó a Assiego en relación directa con el Coronel Garchitorena, entonces en el Gobierno Militar de Madrid.

El expediente señala que la noche del 23-F Assiego estuvo preparado para desplegar civiles armados por orden de Garchitorena; además, vincula a Garchitorena con el comandante Sáenz de Inestrillas y con células creadas para operaciones en el País Vasco.

Ayuda económica a los golpistas

Los documentos subrayan que la red no era únicamente interna del Ejército: existían pistoleros civiles, canales de financiación y conexiones con lo que el informe califica como terrorismo de Estado. Asimismo, registran esfuerzos organizados para sostener a los militares implicados y a sus familias.

El 18 de marzo de 1981, altos mandos articularon campañas económicas de apoyo a soldados y guardias civiles salpicados por las investigaciones; el 27 de marzo de 1981 la Asociación de Esposas de Militares y Policías recibió donaciones que fueron depositadas en una cuenta del Banco Central y que posteriormente fue congelada por orden ministerial.

En mayo de 1983 un fondo mensual promovido por empresarios y simpatizantes garantizó ayuda a las familias de los golpistas cuyos miembros perdieron la condición militar por las condenas del 23F.

El periodo también registró movilizaciones de apoyo tras la detención de uniformados: en 1983 cuatro capitanes de la Guardia Civil —Lázaro Corthay, Pérez de la Lastra, Acera Martín y Bobis González— fueron puestos en libertad desde el Castillo de La Palma y se celebró un banquete que unió a redes de simpatizantes con figuras vinculadas al comandante Sáenz de Inestrillas, según consta en la documentación.

Un informe clasificado con la mención RESERVADO-CONFIDENCIAL de noviembre de 1981 documenta, además, que los oficiales de la Policía Nacional que permanecieron leales al Rey durante el golpe fueron objeto de ostracismo y hostigamiento dentro del ámbito militar.

La prensa de ultraderecha —entre la que aparecen cabeceras como El Alcázar, Heraldo o Fuerza Nueva— alimentó campañas críticas contra los mandos afines al orden constitucional. En una anotación recogida en el informe, un oficial de la División Acorazada dijo a un policía: “No te preocupes, la próxima vez no te pasará nada”, indicativo de que los militares seguían contemplando la idea de una nueva intentona golpista.

Los documentos consultados ofrecen un mapa de redes, apoyos y operaciones que prolongaron la amenaza para la democracia española más allá del episodio del 23-F.