A Sebastián la policía lo hizo mártir

«Cuando se fuerza la cerradura de la ley con la llave de la invención, la justicia queda a la intemperie.» — Plauto

En el ámbito de la narrativa clásica, el concepto de deus ex machina define la irrupción de una solución mecánica para resolver un nudo que la lógica no permite desenredar. Se trata de ese as bajo la manga o del conejo sacado del sombrero al que el autor podría recurrir cuando parece haberse quedado sin salidas coherentes. No obstante, al trasladar este fenómeno al campo del derecho procesal universal, el artificio literario podría transformarse en una preocupante herramienta de distorsión jurídica por parte de ciertos órganos de investigación.

En diversas legislaciones del mundo, el concepto de flagrancia está estrictamente delimitado por el factor tiempo, fundamentándose en la inmediatez. Por ejemplo, en la legislación venezolana, el Artículo 112 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece un lapso de 24 horas para que la denuncia permita una aprehensión flagrante. Fuera de este límite, la realidad jurídica dictaría que no existe tal flagrancia.

El problema podría surgir cuando se realiza una aprehensión presuntamente fuera de estos lapsos legales y los funcionarios actuantes, en lugar de reconocer el error procedimental, recurrirían a su propio deus ex machina. Aquí, la «máquina» no sería la flagrancia en sí, sino un eventual montaje posterior: la posible invención y agregación de actas policiales o peritajes que buscarían justificar ante los tribunales una situación de flagrancia que podría ser del todo inexistente.

Se inventa una flagrancia y se crea a un mártir

En este contexto, para fines estrictamente didácticos e ilustrativos, permitámonos llamar a este ciudadano «Sebastián»; una alegoría de aquel mártir histórico que, en la quietud de su indefensión, fue convertido en blanco de saetas ajenas. En el escenario que nos ocupa, las flechas no son de madera, sino de papel: actas, testimonios y peritajes fabricados para atravesar la presunción de inocencia. Se trata de una estructura artificial —una mentira— construida para intentar suplantar la realidad jurídica.

Esta eventual «solución mecánica», que podría ser fabricada en instancias de instrucción, consistiría en armar un expediente que no respondería a la verdad. Podría darse el escenario en el que se intentaran «ajustar» las actas para simular que el procedimiento fue legal, forjando presuntas pruebas que ubiquen los hechos dentro de una ventana de tiempo aceptable. Lo que llegaría a los tribunales sería una narrativa construida para intentar evadir las responsabilidades derivadas de una detención ejecutada, presuntamente, al margen de la Constitución.

Ante el peso de una actuación irregular, los responsables de la investigación podrían verse atrapados en una encrucijada que evoca aquel suspiro desesperado en la obra de García Márquez:

«—¡Vaina! —suspiró—. ¡Cómo voy a salir de este laberinto!»

Sin embargo, en ciertos escenarios de desviación procesal, la salida de dicho laberinto no se buscaría en la rectitud, sino en el artificio como vía desesperada para salvaguardar la propia responsabilidad y exonerarse de las consecuencias de sus actos. Se corre el riesgo de que, para intentar salir incólumes y proteger su posición, se recurra a la creación de mártires procesales. En estas situaciones hipotéticas, parecería que no basta con la mancha individual producida por el desacierto inicial, sino que se intentaría transferir el perjuicio hacia un tercero inocente. En lugar de asumir la depuración de sus propios errores, los agentes podrían optar por instrumentalizar a un ciudadano, convirtiendo a nuestro Sebastián alegórico en el blanco de una responsabilidad fabricada para que sea él quien cargue con las consecuencias de un procedimiento viciado.

Lo que resultaría aún más grave es la colusión que este artificio podría generar. Para intentar «tapar el roto» de una aprehensión presuntamente ilegal y evitar el escrutinio sobre sus acciones, los funcionarios podrían solicitar el auxilio cómplice de otros actores, como peritos que se prestan para certificar experticias tal vez nunca realizadas. La sospecha de mentira se expandiría e involucraría a una multitud de personas que, por una mal entendida lealtad, se prestan para afirmar lo que no es cierto, multiplicando el daño social.

Desde la psicología, este fenómeno revelaría una posible patología en el ejercicio del poder y una resistencia a la aceptación del error técnico. En lugar de admitir la improcedencia de la captura, los agentes optarían por «mecanizar» la prueba para que encaje a la fuerza en el engranaje de la ley, buscando únicamente su propia impunidad. Sería pretender que el «dios de la máquina» rescate un procedimiento viciado de nulidad, sacrificando en el camino la integridad del sistema de justicia.

Confiar la libertad ciudadana a estos posibles «trucos de magia» procesales debilita las bases del Estado de Derecho. La ley no admite la creación de realidades artificiales ni la victimización de inocentes bajo el pretexto de una flagrancia inventada por quienes deberían ser, precisamente, los primeros en respetarla.

Nota editorial: El presente texto constituye una abstracción académica y un caso de estudio teórico enmarcado en el análisis de la fenomenología procesal. El uso de nombres alegóricos, así como la descripción de posibles escenarios de desviación jurídica, se presentan como una hipótesis de trabajo bajo el ejercicio de la libertad de cátedra, con fines estrictamente pedagógicos, didácticos y de análisis científico del derecho penal.

«La verdad es un espejo roto; cada quien recoge un pedazo y cree tenerla entera, pero hay quienes fabrican el vidrio para simular que el espejo nunca se quebró.» — Doctor Crisanto Gregorio León.