Puerto Rico reclama la nacionalidad española para «reparar la desnaturalización forzosa» sufrida en 1898 tras la guerra con EE UU

El 91,6% de los boricuas cuenta con ADN ibérico, la mayor tasa del mundo, más que en la propia España, 85,6%

RAFAEL MALDONADO

El pasado octubre, la Universidad de Puerto Rico celebró en Bayamón el I Congreso Internacional Puerto Rico y España: de la Ley de Sefardíes a la propuesta de nacionalidad reparativa.

El encuentro reunió a alrededor de 70 ponentes de diferentes países de América, Asia y Europa. Aunque las temáticas fueron muy variadas, el Congreso se vertebró en torno a la ciudadanía española reparativa para los descendientes de los puertorriqueños desnaturalizados tras la Guerra hispano-estadounidense de 1898, iniciativa que yo había presentado un año antes en otra reunión académica organizada en Madrid por las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos.

En términos resumidos, siguiendo la estela de la Ley de Sefardíes de 2015, se trata de ofrecer un acceso temporal para que los herederos de los boricuas despojados de su ciudadanía tras el Desastre finisecular puedan optar a la nacionalidad española sin tener que renunciar a la suya actual.

Para ello, se prevé que deban acreditar su filiación, estar libres de antecedentes penales y superar una prueba de conocimiento sobre la realidad de España, además de un examen de lengua castellana para aquellos que no vivan o se hayan criado en un territorio hispanohablante.

Vía menos exigente

A su vez, se propone una vía menos exigente para las personas con diversidad funcional y quienes se hayan distinguido en la defensa de las raíces hispánicas de Puerto Rico.

El Congreso de Bayamón convirtió el debate académico en reclamo colectivo.

Más de 500 personas acudieron a la conferencia que ofrecí sobre la nacionalidad reparativa, en un ambiente de “entusiasmo por el pasaporte español”, según tituló El Nuevo Día -principal diario de la isla-.

Poco después, el Círculo de Amistad Canaria de Puerto Rico, la comunidad hispanoboricua más numerosa y representativa, se adhirió a la propuesta y apeló a las autoridades y la sociedad civil canarias para que la promuevan ante las Cortes españolas.

Tras ello, el Ayuntamiento borincano de Aguadilla, que cuenta con unos 55.000 vecinos, por impulso del alcalde Julio Roldán y del legislador municipal Rafael Valle, formalizó su apoyo a la iniciativa, en memoria de los cuatro siglos en que Puerto Rico fue “parte integral de España”.

Estos hechos abren en canal una inmensa herida histórica que España ha inobservado durante más de un siglo: la desnaturalización forzosa de cerca de un millón de ciudadanos españoles de Puerto Rico, quienes jamás habían librado una guerra de independencia, a consecuencia de la invasión de los Estados Unidos en 1898.

Y, más sangrante aun, el indecoroso olvido bajo el que nuestro país sepultó durante generaciones a los hispanoamericanos con más lazos con España.

Fíjense que todavía hoy, según los datos de la popular plataforma genealógica MyHeritage, el 91,6% de los boricuas cuenta con ADN ibérico, la mayor tasa del mundo, más que en la propia España -85,6%-.

El Desastre del 98 supuso para Borinquen un traume múltiple. Las nuevas autoridades aprovecharon la desprotección de sus habitantes para estafarles en el canje de moneda y se generó de manera artificial un déficit público que se mantiene al presente -el Puerto Rico español cerró con superávit-.

La isla, hasta entonces tierra de fuerte inmigración, se convirtió en una patria de emigrantes. Miles de boricuas se trasladaron a Hawái bajo ofertas engañosas que conformaron un gigantesco caso de trata humana para fines de explotación laboral.

La retirada de la ciudadanía española supuso que los borinqueños quedaran como apátridas hasta que Washington les extendió el pasaporte en 1917, debido a su entrada en la Gran Guerra y la urgencia por contar con carne de cañón.

En un doloroso intento de transculturación, a Puerto Rico le fue negado hasta su propio nombre -pasó a ser Porto-Rico, de más sencilla pronunciación anglosajona-, se abolieron el escudo otorgado por Fernando el Católico en 1511 y la festividad de los Reyes Magos, y se intentó reemplazar gradualmente el idioma castellano por el inglés.

El mismo patrón que ya había diluido a Cervantes en Texas o California y que se iteraría en Filipinas.

Sin embargo, los puertorriqueños se mantuvieron firmes en la defensa de su lengua y raíces hispánicas, que sobrevivieron en las más difíciles circunstancias.

Y ello, a pesar de la desatención de la propia España, que no fue responsable de la imposición militar de 1898, pero sí de haber olvidado a los americanos más cercanos a la Madre Patria, la cual no volvió la vista atrás hasta que en 1991 concedió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras al pueblo de Puerto Rico por su preservación idiomática.

Sin embargo, un galardón simbólico no basta. Una vez reparados el destierro hebreo de 1492 y las desnaturalizaciones derivadas de la Guerra Civil y la dictadura, mediante las leyes de Sefardíes y de Memoria Democrática (2015 y 2022), ha llegado la hora de Puerto Rico, 128 años después.

Rafael Maldonado de Guevara Delgado. Abogado y profesor del Máster en Archivística de la Universidad Carlos III