El juez Piña reactiva la pieza del ‘caso Tándem’ que apunta a la actual cúpula del BBVA, tras el fiasco de la OPA sobre el Sabadell

La Audiencia Nacional analiza si la entidad contrató a espías para destruir al autor del recurso que tumbó en Europa las cláusulas suelo, que le costó varios miles de millones

El calendario judicial del BBVA se complica. Apenas unas semanas después del fracaso de su OPA hostil sobre Banco Sabadell, la Audiencia Nacional ha reactivado la pieza del caso Tándem, en la que se investigan dos décadas de presuntas actividades ilegales impulsadas desde la alta dirección del banco.

El movimiento no es menor. El Juzgado Central de Instrucción número 6 estrena titular: el magistrado Antonio Piña, que toma el relevo del veterano Manuel García-Castellón, jubilado el pasado verano.

Según fuentes jurídicas, Piña ha aprovechado la pausa impuesta por la OPA para revisar a fondo el sumario y retomar con energía una causa que lleva años dormida entre macrooperaciones corporativas y relevos en la cúpula del BBVA.

La Fiscalía pide sentar en el banquillo al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a miembros de su actual equipo directivo como Joaquín Gortari, Pablo Garcia Tobin, y Eduardo Ortega, así como a miembro de su antigua cúpula, como el expresidente Francisco González, su exconsejero delegado Ángel Cano, además de miembros de los Cuerpos de Seguridad del estado

El procedimiento, identificado como 9/2017, se encuentra en una fase clave. La Fiscalía Anticorrupción presentó el 15 de mayo de 2024 su escrito solicitando que se dictase auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura del juicio oral. En junio, el juzgado dio traslado a las partes para que presentasen sus conclusiones provisionales.

Los delitos imputados son de cohecho continuado, descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, falsedad documental y administración desleal.

En palabras de la Fiscalía, se trata de “una trama de extraordinaria gravedad”, por su extensión temporal y por implicar a una de las mayores entidades financieras del país, con una capitalización cercana a los 100.000 millones de euros.

“Una brecha entre la ética declarada y la ética aplicada”

El escrito del Ministerio Público va más allá de la mera descripción penal. Señala directamente a la cultura corporativa del banco como el caldo de cultivo que permitió durante años prácticas contrarias a la ley.

En un párrafo especialmente duro, Anticorrupción advierte de una “brecha entre la ética declarada y la ética aplicada” en el BBVA, que habría convertido en rutina comportamientos incompatibles con los principios de transparencia y objetividad.

De confirmarse los hechos, las consecuencias serían profundas: responsabilidad penal y societaria para los directivos implicados, debilitamiento del sistema de compliance y posible responsabilidad penal de la entidad, conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

El código ético del BBVA

El código de conducta del BBVA establece, al menos sobre el papel, un principio claro: la objetividad en el desempeño de las funciones, sin influencias personales, sin recomendaciones particulares y, sobre todo, sin favoritismos.

Pero lo que en teoría debía servir como columna vertebral del comportamiento corporativo se habría convertido, según los fiscales del caso, en una fachada de cumplimiento más formal que real.

El propio texto interno del banco subraya que la objetividad debe preservarse tanto entre empleados del mismo rango como, especialmente, entre miembros de la Alta Dirección y trabajadores de niveles inferiores, un principio esencial en estructuras jerárquicas tan rígidas como las del sector financiero.

Sin embargo, los investigadores sostienen que precisamente en ese nivel —el de la cúpula ejecutiva— es donde más se habría erosionado la cultura ética del grupo.

La Fiscalía advierte que el verdadero sentido de un código ético no está en su redacción, sino en su aplicación práctica por quienes lo encabezan.

“Cuando la Alta Dirección no predica con el ejemplo, lo que se transmite al resto de la estructura no es una cultura de ética, sino una cultura del silencio”, recoge uno de los pasajes más duros del escrito.

Según el Ministerio Público, el BBVA habría implantado una cultura de obediencia directa a los dictados de su cúpula, incluso cuando tales directrices resultaban abiertamente contrarias a las normas internas o, como mínimo, éticamente cuestionables.

El ascenso de Torres Vila, bajo la lupa

Entre los elementos más sensibles del escrito fiscal figura el ascenso interno de Carlos Torres Vila, actual presidente del BBVA.

Según la investigación, Torres fue reclutado en 2008 por Francisco González para dirigir la Estrategia Corporativa, cargo desde el cual pasó a la Banca Digital y, finalmente, fue nombrado  Consejero Delegado en 2015, antes de suceder a su mentor en la Presidencia.

Procedente de McKinsey y Endesa, Torres Vila había trabajado bajo la tutela de Manuel Pizarro, amigo personal de González, en lo que la Fiscalía interpreta como un entorno de confianza cerrado y jerarquizado que habría facilitado la continuidad de las prácticas investigadas. Por tanto, no había cumplido el requisito necesario establecido por el código de buena conducta

Cesiones de datos bancarios a la policía sin cobertura legal

El punto más inquietante del escrito es, sin embargo, otro: el BBVA habría facilitado información bancaria a agentes policiales durante años sin autorización judicial ni fiscal.

Los correos electrónicos revisados por los investigadores muestran peticiones de datos de titularidad y movimientos de cuentas atendidas por un departamento interno del banco, al margen de cualquier procedimiento formal.

Fuentes próximas a la causa confirman a El Confidencial que se trataba de una práctica “sistemática y conocida” en los niveles medios del banco. En su declaración de diciembre de 2022, el propio Francisco González reconoció que esa operativa “no encajaba dentro del código de conducta” de la entidad.

Juristas consultados advierten de que este tipo de actuaciones podría suponer una vulneración del secreto bancario y de la normativa de protección de datos, así como un fallo estructural del sistema de control interno.

Una causa que vuelve a poner a prueba al BBVA

La reactivación del procedimiento coincide con un momento especialmente delicado para el banco, que trata de recomponer su imagen tras el revés de la OPA sobre el Sabadell y en un contexto de creciente escrutinio sobre la ética corporativa en el sector financiero.

Para los expertos en derecho penal económico, el caso Villarejo representa una prueba de fuego para el modelo de cumplimiento del BBVA y, en general, para el sistema español de responsabilidad penal de las empresas.

Mientras tanto, el juez Antonio Piña prepara las siguientes diligencias con un mensaje claro: el caso no está cerrado, y el tiempo de las dilaciones podría haberse agotado