El Congreso da forma a la ley que proteja a los menores de la violencia sexual en Internet y facilite controles eficaces y gratuitos a los padres

La norma eleva a 16 años la edad mínima con la que un menor puede ceder información personal en redes sociales

La política española vive un momento clave en torno a un tema que preocupa a familias, educadores y sanitarios: la protección de los menores en el mundo digital. Ya ha llegado al Congreso el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una norma que no solo busca reforzar la seguridad en internet, sino que también plantea reformas del Código Penal frente a nuevas amenazas como el grooming o los contenidos sexuales creados con inteligencia artificial. Sin embargo, el debate no será pacífico: Vox ha presentado una enmienda de totalidad reclamando su retirada al considerar que el texto responde más a un “control político de Internet” que a la verdadera tutela de los menores.

Entre sus medidas más visibles, la norma prevé la incorporación obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales, desde móviles hasta televisores inteligentes. También contempla órdenes de alejamiento digital para impedir que un agresor pueda contactar con sus víctimas en redes o plataformas, así como pruebas pediátricas para detectar un uso problemático de pantallas. Para el Gobierno, se trata de una ley “pionera en Europa”. En palabras del portavoz del PSOE, Patxi López, es un texto que garantizará que “los menores tienen derecho a ser eficazmente protegidos” y que busca salvaguardar “su intimidad, honor y propia imagen” frente a los riesgos del entorno online.

El ministro Félix Bolaños, encargado de defender el proyecto, recordó que la edad media en España para tener móvil es de 11 años y que “el 99% de los menores con dispositivo están en redes sociales”. Ante este escenario, la ley introduce un cambio cultural: los fabricantes estarán obligados a incluir de serie controles parentales, accesibles y fáciles de configurar, lo que según el Ejecutivo reducirá la exposición temprana a contenidos dañinos. Además, la futura norma se apoya en una estrategia de salud pública, ya que en atención primaria se incorporarán test para identificar cambios de conducta o problemas derivados del abuso de pantallas.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal es otro de los pilares. El texto crea las llamadas órdenes de alejamiento digital e incorpora como delito el suministro indiscriminado de pornografía a menores. También se castigarán las deepfakes sexuales cuando tengan como fin vejar a una persona concreta: “Serán delito cuando por su grado de realismo pretendan vejar a una persona en concreto”, aclaró Bolaños. Por último, la ley endurece el castigo al grooming, es decir, el engaño de adultos que se hacen pasar por menores para obtener fotos o vídeos de carácter sexual, tipificándolo como agravante en delitos contra la libertad sexual.

La dimensión educativa es otro eje del proyecto. El texto impulsa programas de alfabetización digital en todas las etapas educativas, fomenta la lucha contra los bulos y deja en manos de cada centro la regulación del uso de dispositivos, en coordinación con las administraciones. Además, modifica la Ley de Protección de Datos para elevar a 16 años la edad mínima con la que un menor puede ceder información personal en redes sociales, reforzando así la protección frente a la explotación comercial de sus datos.

Grandes plataformas

La norma también apunta hacia las grandes plataformas. Se modificará la Ley General de Comunicación Audiovisual para obligar a operadores e influencers con muchos seguidores a disponer de canales de denuncia contra contenidos inadecuados. Junto con ello, se creará una Estrategia Nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, con medidas como el etiquetado accesible de contenidos y la prohibición de las llamadas loot boxes en videojuegos, consideradas un acceso temprano a prácticas cercanas al juego de azar.

Finalmente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió la ley como un escudo frente a los intereses económicos que rodean a internet y el ocio digital. “Se trata de evitar que multinacionales hagan caja mediante la explotación de niños, niñas y adolescentes”, aseguró. La iniciativa llega al Congreso con un fuerte respaldo gubernamental, pero con el desafío de convencer a la oposición y de traducirse en medidas eficaces frente a un problema que crece a la misma velocidad que las nuevas tecnologías.