Las máximas de la experiencia y el desafío de la verdad en los casos de violencia de género en España

«El proceso es el drama de la verdad». Francesco Carnelutti

Capítulo I: El desafío de la justicia de género en España

La administración de justicia en España, en particular en los casos de violencia de género, se enfrenta a un desafío complejo: armonizar la protección integral de las víctimas con la garantía de un debido proceso para todas las partes. En este contexto, la aplicación de las máximas de experiencia y la evaluación de conductas reiteradas adquieren un papel crucial, especialmente al abordar la excepcionalidad de las denuncias que plantean dudas sobre su veracidad. Este desafío se ve acentuado por la naturaleza intrínseca de la violencia machista, que a menudo se manifiesta en la intimidad de las relaciones personales o en entornos marcados por el desequilibrio de poder.

La dificultad principal radica en discernir la verdad en un escenario donde las pruebas directas pueden ser escasas y las emociones, intensas. La sociedad española exige una respuesta contundente y eficaz contra la violencia de género, un compromiso reflejado en leyes como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Simultáneamente, el sistema judicial debe salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, asegurando que nadie sea condenado injustamente y que la presunción de inocencia sea siempre respetada.

Capítulo II: La cautela en el uso de las máximas de experiencia

Las máximas de experiencia, entendidas como juicios de valor basados en la observación y el conocimiento común, son herramientas útiles para los jueces en la valoración de la prueba. Sin embargo, su aplicación en el ámbito de los delitos de violencia de género requiere una cautela extrema. Generalizar sobre el comportamiento de las mujeres, o sobre las dinámicas de estas relaciones, puede conducir a la consolidación de estereotipos perjudiciales, a la revictimización o, en casos excepcionales, a valoraciones sesgadas.

El riesgo de la generalización es inherente: asumir que todas las mujeres son inherentemente veraces o que siempre actuarán de determinada manera ignora la diversidad de experiencias y motivaciones humanas. La prudencia judicial implica evitar prejuicios y considerar siempre el contexto específico de cada caso. La importancia de la individualización es, por tanto, capital: cada denuncia debe ser evaluada de forma individualizada, analizando las pruebas y testimonios con la máxima objetividad. Las máximas de experiencia pueden complementar la valoración probatoria, pero nunca sustituir el análisis riguroso y exhaustivo de las pruebas presentadas en el procedimiento.

Capítulo III: El patrón de las conductas que exigen un análisis exhaustivo

En el ámbito de las denuncias por delitos de violencia de género, si bien la inmensa mayoría de las denuncias son veraces, en ciertos casos se han observado patrones de conductas que, de manera excepcional, pueden requerir un análisis judicial más profundo sobre la veracidad de las acusaciones. Entre estas, podría destacarse la repetición de denuncias con acusaciones similares contra diferentes personas, lo cual, sin prejuzgar, exige un cuidado análisis del historial de la denunciante. Asimismo, las inconsistencias o contradicciones significativas entre las declaraciones iniciales y posteriores constituyen señales de alerta que los investigadores deben evaluar minuciosamente, sin que ello implique una presunción de falsedad.

No obstante, las motivaciones ulteriores son quizás el factor más complejo, ya que, en una minoría ínfima de casos, las denuncias pueden estar influidas por una variedad de razones ajenas a la violencia de género, como la venganza, los celos, el interés económico o el deseo de obtener ventajas en otros procesos legales (por ejemplo, en disputas por la custodia de menores). En todos estos supuestos, es fundamental que los investigadores y el órgano judicial realicen un análisis exhaustivo de todas las pruebas y testimonios, evitando prejuicios y estereotipos, para garantizar la justicia para todas las partes involucradas y, fundamentalmente, proteger a las víctimas reales.

Capítulo IV: La dificultad de probar la excepcional falsedad

Demostrar la excepcional falsedad de una denuncia por delito de violencia de género puede ser extremadamente difícil. La ausencia de testigos presenciales en muchos actos de violencia y la naturaleza íntima de las agresiones dificultan la obtención de pruebas objetivas más allá del testimonio. Esta dificultad se agrava por el hecho de que, en ocasiones, los actos de violencia ocurren en la privacidad del hogar, sin dejar rastros físicos evidentes. Además, el testimonio de la víctima, aunque crucial y digno de credibilidad, puede verse influenciado por factores como el trauma psicológico, el miedo o la dependencia emocional, lo que no afecta a su veracidad, pero sí puede incidir en la precisión de los detalles.

Por lo tanto, los jueces deben recurrir a una amplia gama de pruebas, incluyendo testimonios de terceros, peritajes psicológicos, pruebas documentales y cualquier otro elemento que pueda arrojar luz sobre la veracidad del relato. Sin embargo, incluso con estas herramientas, la tarea de discernir la verdad sigue siendo un desafío complejo y delicado, que exige la máxima prudencia y rigor judicial.

Capítulo V: La búsqueda de la justicia equilibrada

La lucha contra la violencia de género es un pilar fundamental de nuestra sociedad, un imperativo ético y social que exige una respuesta contundente y efectiva del Estado. Sin embargo, esta lucha no puede ni debe realizarse a costa de la justicia en su sentido más amplio, un principio universal que garantiza la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Es crucial, por tanto, garantizar que todas las denuncias sean investigadas de forma exhaustiva, con la debida diligencia y rigor, y que se respeten escrupulosamente los derechos de todas las partes involucradas, tanto de las víctimas como de los acusados.

En este contexto, las máximas de experiencia y la evaluación de conductas requieren un papel relevante, pero deben utilizarse con extrema cautela, evitando generalizaciones y prejuicios que puedan sesgar la valoración de las pruebas y conducir a errores judiciales. Es fundamental recordar que cada caso es único y que las circunstancias individuales de las víctimas y los acusados deben ser consideradas en su totalidad, siempre bajo el amparo de la presunción de inocencia. Solo así se podrá lograr una justicia verdaderamente equitativa, que proteja a las víctimas reales de la violencia de género, sin generar nuevas situaciones de injusticia para personas inocentes.

La sociedad española exige respuestas efectivas contra la violencia de género, pero también exige que el sistema judicial funcione con integridad y transparencia, garantizando la justicia para todos. La búsqueda de la justicia equilibrada es, por tanto, un desafío complejo y delicado, que exige un compromiso firme con los principios del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

«La justicia no es un juego, es una cosa seria». Francesco Carnelutti

Dr. Crisanto Gregorio León